Rebeli¨®n de usuarios en Argentina
Los operadores contraatacan con anuncios sobre la bondad de las privatizaciones y de su gesti¨®n
Las operadoras de servicios p¨²blicos, la mayor¨ªa de ellas con capital espa?ol, est¨¢n respondiendo al creciente rechazo de la poblaci¨®n con una fuerte campa?a de relaciones p¨²blicas y publicidad en las que explican las bondades de las privatizaciones iniciadas en 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem.
En esta campa?a mencionan las mejoras de calidad que se han registrado en las prestaciones; recuerdan que las empresas estatales demoraban a?os la instalaci¨®n de tel¨¦fonos, que adem¨¢s eran costosos, a los usuarios, o sufr¨ªan cortes frecuentes de suministros de electricidad. Se refieren tambi¨¦n a la magnitud de las inversiones realizadas. Las empresas espa?olas, por ejemplo, han desembolsado 20.000 millones de d¨®lares desde los a?os noventa hasta la actualidad.
Las compa?¨ªas y el FMI reclaman un incremento importante de las tarifas de los servicios p¨²blicos, que est¨¢n congeladas desde enero
Aguas Argentinas (participada por Aguas de Barcelona) y la distribuidora el¨¦ctrica Edesur (participada por Endesa) han recurrido, dentro de esta campa?a de relaciones p¨²blicas, a insertar anuncios en medios masivos de comunicaci¨®n. Las empresas de gas, entre ellas Gas Natural BAN y Metrogas (participada por Repsol YPF), han optado por publicar documentos en distintos peri¨®dicos. Telef¨®nica, sin embargo, ha sostenido un perfil bajo en la exposici¨®n de sus bondades.
'Las empresas que hacen campa?a, m¨¢s que por la defensa de las privatizaciones, lo hacen para justificar ante la sociedad el incremento de precios', explica un director de la filial de una empresa espa?ola. 'El Gobierno les pide que defiendan p¨²blicamente el ajuste', a?ade.
La diferencia entre las empresas y el Ejecutivo radica en que aquellas pretenden alzas en sus tarifas del 20% al 30% para pagar sus deudas en d¨®lares, contra¨ªdas para invertir en infraestructura. Los cr¨ªticos de las privatizaciones a?aden que estas subidas tambi¨¦s se solicitan para contribuir a pagar las mismas firmas. El ministro de Econom¨ªa, Roberto Lavagna, por su parte, s¨®lo admite una subida del 10% en las tarifas porque considera que con esa suma les alcanza a las compa?¨ªas para saldar sus deudas, mantener la calidad en el servicio que prestan a sus clientes y recuperar algo de la rentabilidad perdida a lo largo de este a?o.
El descr¨¦dito de las privatizadas var¨ªa seg¨²n las encuestas. Un sondeo nacional muestra que el 45% de los argentinos pide que los servicios p¨²blicos vuelvan al Estado, frente al 30% que lo suger¨ªa durante el primer gobierno de Menem (1989-1995). No obstante, la mitad todav¨ªa se pronuncia a favor de las privatizaciones. En cambio, otra encuesta evidencia que dos de cada tres habitantes de la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios piden la reestatizaci¨®n.
Divisi¨®n de opiniones
No obstante, m¨¢s de la mitad de los argentinos apoya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicar¨ªa un compromiso del Gobierno de elevar las tarifas de los servicios.
Otro dato que suma confusi¨®n sobre el pensamiento de los argentinos radica en que el 80% considera que el Estado, que se encuentra en suspensi¨®n de pagos, carece de condiciones y recursos para hacerse de nuevo cargo de las compa?¨ªas de servicios, al tiempo que la misma cantidad se muestra satisfecha por la calidad de las actuales prestaciones, seg¨²n n¨²meros que manejan las empresas privatizadas.
Una alternativa de mayor d¨¦ficit
'Las privatizadas lograron m¨¢s de lo que se le reconoce', se queja el director ejecutivo de Gas Natural BAN y presidente de la Asociaci¨®n de Distribuidoras de Gas (Adigas), Antoni Peris. 'Hay quienes piensan que unas empresas en manos del Estado orientar¨ªan los precios, pero esto se pagar¨ªa con m¨¢s d¨¦ficit p¨²blico', agrega. El presidente de Adigas reconoce que la mala fama de las compa?¨ªa privatizadas se explica por la 'indebida' percepci¨®n de que han actuado sin regulaci¨®n del Estado, porque fueron emblem¨¢ticas del modelo econ¨®mico de los a?os noventa y porque algunas ventas se produjeron mediante concesiones directas y con subvenciones p¨²blicas para el comprador. 'No es el caso del gas', aclara Peris.
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