El 'caso Gescartera' obliga al Gobierno a aumentar la protecci¨®n a los inversores

Una de las enmiendas m¨¢s relevantes de las 170 que el Partido Popular ha introducido a ¨²ltima hora en la Ley de Acompa?amiento y la de los Presupuestos incrementa la protecci¨®n de los inversores. La enmienda propone que se a?ada una disposici¨®n adicional que establece que "las sociedades gestoras de cartera deber¨¢n adherirse al Fondo de Garant¨ªa de Inversiones" si bien establece que no tendr¨¢n que contratar un seguro de responsabilidad civil, como estaba establecido hasta ahora.

Estas sociedades gestoras de cartera son empresas de servicios de inversi¨®n que "exclusivamente" pueden trasmitir ¨®rdenes por cuenta de terceros; negociar por cuenta propia; realizar la gesti¨®n de carteras de inversores; mediar en la colocaci¨®n de emisiones y ofertas p¨²blicas de ventas, as¨ª como asegurar estas emisiones, seg¨²n la Ley del Mercado de Valores. Con este movimiento, el partido del Gobierno pretende acabar con la laguna legal que dejaba fuera del Fondo de Garant¨ªa de Inversores a estas sociedades que, como Gescartera, captan dinero de los inversores, pero no respond¨ªan ante ellos en caso de desfalco. La Ley exige que la adhesi¨®n de estas sociedades se produzca "antes del 1 de febrero de 2003".

Adem¨¢s de las sociedades gestoras de cartera, la sociedades y agencias de valores tambi¨¦n quedan incluidas en el Fondo de Garant¨ªa de Inversores. Este Fondo comenz¨® su andadura a finales del a?o pasado y ha fijado que su indemnizaci¨®n m¨¢xima sea de 19.833 euros por inversor.

Aportaciones relevantes

Pero la enmienda del PP va m¨¢s all¨¢. Entre otras cosas, establece que los miembros del Fondo aportar¨¢n anualmente 20.000 euros cuando ingresen comisiones inferiores a los cinco millones de euros; 30.000 euros si se encuentran entre cinco y 20 millones de ingresos y 40.000 euros cuando superen los 20 millones.

Adem¨¢s aportar¨¢n el dos por mil sobre el patrimonio gestionado, m¨¢s el 0,05 por mil del valor efectivo de las acciones o instrumentos financieros depositados o gestionados, correspondientes a clientes cubiertos por la garant¨ªa. Por ¨²ltimo har¨¢n otra aportaci¨®n que ser¨¢ el resultado de multiplicar el n¨²mero de clientes cubiertos por la garant¨ªa por el 0,15 por mil sobre un importe m¨ªnimo. Este sistema de aportaci¨®n sustituye al actual, considera confuso y desequilibrado por los miembros del mercado.

El Ministerio de Econom¨ªa, a propuesta de la CNMV, podr¨¢ reducir o suspender las aportaciones. El Fondo se constituir¨¢ "como patrimonio separado, sin personalidad jur¨ªdica", cuya representaci¨®n se encomendar¨¢ a una gestora que ser¨¢ una socieadad an¨®nima. El capital estar¨¢ repartido en funci¨®n de las aportaciones de cada miembro.

Por otro lado, el Gobierno tendr¨¢ listo en el primer trimestre del a?o que viene un proyecto de ley de instituciones de inversi¨®n colectiva que potenciar¨¢ y racionalizar¨¢ la protecci¨®n de los inversores, seg¨²n el secretario de Estado de Econom¨ªa, Luis de Guindos. De Guindos, que particip¨® en una jornada sobre fiscalidad de fondos de inversi¨®n organizada por El Nuevo Lunes, asegur¨® que el proyecto de ley introducir¨¢ mayor claridad en los folletos para que el inversor conozca perfectamente los riesgos que asumen.

Justicia no gratuita

Otra de las enmiendas introducidas por el PP crea una nueva tasa para las demandas judiciales que tendr¨¢n que pagar todas las empresas que facturen m¨¢s de cinco millones de euros al a?o. La tasa ser¨¢ entre 90 y 600 euros, m¨¢s un porcentaje en funci¨®n de la cuant¨ªa de la demanda y se impondr¨¢ en los recursos presentados en la v¨ªa de lo contencioso-administrativo, es decir, contra actos de los organismos p¨²blicos, y en la v¨ªa civil. Por ejemplo, deber¨¢n pagar la tasa las medianas y grandes empresas que recurran contra una deuda tributaria que les exige Hacienda, o los bancos cuando procedan contra un particular por impago de una hipoteca.

Adem¨¢s de los ingresos que proporcionar¨¢ esa tasa para el Ministerio de Justicia, el objetivo de la medida es disminuir la litigiosidad. Hasta ahora, la presentaci¨®n de esos recursos no conllevaba el pago de tasas. Para las personas f¨ªsicas, para las demandas por cuestiones de herencias, los litigios de familia o los divorcios, la justicia seguir¨¢ siendo gratuita en este aspecto.

Las modificaciones planteadas por el PP, tanto a la Ley de Prsupuestos como a la de Acompa?amiento, afectan a otras cuestiones como el sector audiovisual o las tarifas el¨¦ctricas. Se establecen tambi¨¦n bonificaciones del 65% en las cuotas a la Seguridad Social para mujeres maltratadas y j¨®venes entre 16 y 18 a?os que est¨¦n en centros de rehabilitaci¨®n, as¨ª como para la contrataci¨®n de nuevos socios en cooperativas o sociedades laborales. Igualmente, se da una nueva regulaci¨®n a la publicidad de los precios de las gasolinas en autopistas, se flexibilizan las condiciones para acceder al Plan Prever para la renovaci¨®n del parque automovil¨ªstico y se establecen nuevas normas de control de organismos p¨²blicos.