Catalu?a no va mejor, va peor
Una de las percepciones más generalizadas en este país, reproducida acríticamente por grandes sectores mediáticos próximos a los gobiernos conservadores de Catalu?a y de Espa?a, es que "Espa?a va bien y Catalu?a incluso va mejor". En un par de artículos sobre la educación en el resto de Espa?a (9 de octubre de 2002) y en Catalu?a (31 de octubre de 2002) cuestionaba este optimismo documentando que la educación en Espa?a no va bien y en Catalu?a va incluso peor, y ello como resultado de los escasos recursos públicos que tanto el Gobierno central como el catalán asignan a la educación; en este caso, la aportación pública catalana es incluso menor que la espa?ola. Como era predecible, el Gobierno de la Generalitat, a través del secretario general de su Departamento de Educación, Ramon Farré, se apresuró a responder (18 de noviembre de 2002) para reasegurar al lector que, en contra de lo que mostraban mis datos, la educación en Espa?a va muy bien y en Catalu?a va incluso mucho mejor; negaba que las estadísticas que utilicé sean las más adecuadas para mostrar la situación en Catalu?a, y las sustituyó por otras que Farré cree que cuestionan mis conclusiones. De ahí que titule su artículo Educación y estadísticas. Veamos.
En respuesta a los datos que proveí documentando que Catalu?a es una de las comunidades espa?olas que gasta menos en educación pública (medida, entre otros indicadores que también presenté, por el gasto público educativo como porcentaje del PIB catalán), Farré indica que tal indicador no es correcto para medir el compromiso político de la Generalitat (la autoridad máxima en educación en Catalu?a) con la educación pública puesto que tal indicador "penaliza a Catalu?a por ser una comunidad más rica". Encuentro esta explicación sorprendente, pues parece asumir que la educación catalana está financiada por el Gobierno central, que da la misma cantidad de dinero a todas las comunidades autónomas, con lo cual tal cantidad, para las comunidades más ricas como Catalu?a, representaría un porcentaje menor de su PIB. Pero Farré sabe que esto no es así. En realidad, desde mediados de la década de 1980 la Generalitat tiene plena potestad sobre la financiación y el gasto público educativo, y por tanto el porcentaje del PIB catalán que se gaste en educación depende primordialmente de la voluntad política de la Generalitat. El hecho de que sea una comunidad más rica debería determinar precisamente un mayor porcentaje del PIB en educación puesto que en la UE los países más ricos gastan, en general, un porcentaje mayor de su PIB en esta materia. La Generalitat, sin embargo, gasta menos que otras comunidades espa?olas y países europeos de igual o incluso menor desarrollo económico. Además de un gasto público menor, el Gobierno conservador catalán da prioridad claramente a las escuelas privadas (pagando los subsidios más altos de Espa?a) a costa de la escuela pública (que tiene los gastos más bajos de Espa?a), con lo cual se está da?ando la calidad educativa de la mayoría de la ciudadanía que pertenece a las clases populares y acude a las escuelas públicas.
Una consecuencia es que (tal como documenté en mi artículo) el conocimiento académico de los estudiantes en primaria y secundaria en Catalu?a y el resto de Espa?a es menor que el promedio en la UE y en la OCDE, y que el conocimiento de los catalanes es menor que la media espa?ola. Farré reconoce esta realidad como cierta, excepto en lo que respecta a la inferioridad catalana frente al promedio espa?ol, con lo cual él está en desacuerdo, y cita el informe PISA como prueba de que los conocimientos de los estudiantes en Catalu?a es superior al promedio espa?ol. Farré parece desconocer, sin embargo, que el informe PISA, que compara el nivel de conocimiento académico de los países de la OCDE y que muestra que el promedio espa?ol está por debajo de la media de aquellos países, no hace ninguna referencia a Catalu?a porque ésta no está incluida en el estudio. Por tanto, de tal estudio no puede derivarse tal conclusión de superioridad de la educación catalana.
El estudio que sí ha comparado el conocimiento académico de los estudiantes de distintas comunidades autónomas es uno realizado en Espa?a en 1997 (que Farré ignora), que muestra que en Catalu?a estamos por detrás, y no por delante, del promedio espa?ol. En realidad, tal estudio no se ha efectuado de nuevo, como resultado de las presiones políticas de la Generalitat y su influencia sobre el Gobierno conservador espa?ol.
Por último, Farré, en su intento de mostrar que Espa?a invierte también por encima de la media europea, se?ala que Espa?a ofrece más horas lectivas por a?o que Alemania, Francia, Bélgica y Dinamarca. Farré hace caso omiso no sólo de los datos que presenté en mis artículos, sino de otros datos más recientes que los que él aporta. La última información sobre tiempo lectivo por a?o para los países de la OCDE, Education at Glance 2002, muestra (pág. 350) que en el a?o 2000 el número de horas lectivas por a?o en Espa?a (564 horas en secundaria, por ejemplo) es mucho menor que en Alemania (733), Bélgica (858), Francia (639) y Dinamarca (644). Esta pobreza de recursos aparece también en la infraestructura, y Espa?a es uno de los países de la OCDE con menos ordenadores por estudiante (pág. 302), y más estudiantes por clase de secundaria en las escuelas públicas (pág. 292).
Farré termina se?alando como prueba de éxito el que la gran mayoría de la ciudadanía muestra satisfacción con los profesores y centros educativos en Catalu?a. Es natural que la gran mayoría de la ciudadanía esté satisfecha con el profesorado -que hace una labor inmensa a pesar de la escasez de recursos-, pero esta misma mayoría se?ala que Catalu?a debería invertir más en educación. Esta percepción sería incluso mayor si la Generalitat tuviera mayor transparencia en su contabilidad y permitiera mayor debate y crítica en los medios de persuasión (televisión y radios públicas) en Catalu?a sobre los que ejerce un control férreo intentando mostrar que Espa?a va bien y Catalu?a va mejor. En educación los datos muestran lo contrario.
Vicen? Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra.
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