Cajasur reclama a la Junta el archivo de la investigaci¨®n abierta por la p¨®liza de Castillejo

Cajasur ha pedido a la Consejer¨ªa de Econom¨ªa que archive las "actuaciones" que ha iniciado por la p¨®liza de 2,9 millones de euros que la entidad cordobesa ha suscrito en favor de su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, y que permitir¨¢ a ¨¦ste percibir de por vida su sueldo ¨ªntegro (213.000 euros) cuando deje la caja. Frente al dictamen de los servicios jur¨ªdicos de la Junta, que ven ilegal la p¨®liza, Cajasur sostiene que el seguro es una retribuci¨®n diferida y que el Gobierno andaluz no puede suspender un acuerdo del Consejo de Administraci¨®n ni aplicar la Ley de Cajas en este caso.

Cajasur present¨® ayer las alegaciones a las actuaciones que inici¨® la Consejer¨ªa de Econom¨ªa una vez que los servicios jur¨ªdicos de la Junta dictaminaron que la p¨®liza de Castillejo no es m¨¢s que una indemnizaci¨®n, prohibida por la Ley de Cajas auton¨®mica en el art¨ªculo 50.2.

El documento de las alegaciones, firmado por el director general adjunto a la presidencia de la caja y jefe de los servicios jur¨ªdicos, Diego Jordano, arremete los argumentos de los juristas del Gobierno auton¨®mico, cuyas tesis reciben calificativos como "err¨®neos", "artificiosos", "simplistas" o "sesgados".

A lo largo de 24 p¨¢ginas, Jordano expone los argumentos que le llevan a mantener que la "resoluci¨®n administrativa notificada" por la Junta es "nula de pleno derecho". El jefe de los servicios jur¨ªdicos de Cajasur, al final de su escrito, pide a la Consejer¨ªa de Econom¨ªa que "acuerde el sobreseimiento y archivo de las actuaciones iniciadas".

Las alegaciones comienzan con una salvaguarda: Jordano informa de que el Ministerio de Econom¨ªa ya dio, el pasado d¨ªa 2, por "acreditada la fundaci¨®n directa de Cajasur por una entidad de derecho p¨²blico de la Iglesia". Es decir, a partir de ese d¨ªa estar¨ªa bajo la tutela del Ministerio, por lo que Cajasur pone en duda la "competencia" de la Junta para seguir con la investigaci¨®n, a¨²n cuando los hechos analizados son anteriores.

La Consejer¨ªa de Econom¨ªa abri¨® el expediente a Cajasur para "adoptar las medidas necesarias para restaurar la legalidad vigente", una vez que los servicios jur¨ªdicos de la Junta consideraron que la p¨®liza millonaria en favor de Castillejo, suscrita en septiembre de 2001, era ilegal.

En sus alegaciones, Cajasur interpreta que la "¨²nica finalidad" del expediente de la Junta es "declarar la nulidad" de los acuerdos de los ¨®rganos de gobierno en los que, supuestamente, se aprob¨® la p¨®liza en favor del presidente. "La vigilancia del cumplimiento por las cajas de las normas de disciplina y ordenaci¨®n no conlleva la capacidad de la Administraci¨®n auton¨®mica para la anulaci¨®n de los acuerdos de sus ¨®rganos de gobierno en el ¨¢mbito administrativo", oponen los servicios jur¨ªdicos de la caja, que sostiene que "esa competencia es de los jueces y tribunales del orden civil".

Adem¨¢s de mantener que la Junta no puede anular un acuerdo de una caja, Cajasur retoma otros argumentos ya expuesto en las ¨²ltimas semanas. Seg¨²n sus servicios jur¨ªdicos la p¨®liza, suscrita en septiembre de 2001, es s¨®lo un contrato que refleja varios acuerdos previos del Consejo de Administraci¨®n, el primero de ellos en 1986, en los que se habr¨ªa aprobado que la caja se hiciera cargo de completar la pensi¨®n p¨²blica de Castillejo para que mantuviese su salario ¨ªntegro. De ah¨ª deduce Cajasur que no le ser¨ªa aplicable la Ley andaluza de Cajas, que entr¨® en vigor en diciembre de 1999.

En sus alegaciones, Cajasur insiste en que las condiciones y cuant¨ªa de la p¨®liza se aprobaron en el Consejo de Administraci¨®n de 4 de junio de 2001, a¨²n cuando varios consejeros han negado que ese punto se tratara en aquella reuni¨®n, de la que no tienen acta pese a haberla solicitado reiteradamente a la direcci¨®n de la caja cordobesa.

En su escrito, Jordano sostiene que, en cualquier caso, la Ley andaluza de Cajas no ser¨ªa aplicable a Cajasur ya que el Tribunal Constitucional suspendi¨® dos disposiciones que afectaban a la composici¨®n y funcionamiento de la entidad controlada por la Iglesia. A esto, los servicios jur¨ªdicos de la Junta ya replicaron que, a su juicio, la suspensi¨®n se debi¨® expresamente al litigio sobre la singular composici¨®n de los ¨®rganos de gobierno de Cajasur (con predominio de la Iglesia) y no afectar¨ªa al r¨¦gimen retributivo de sus ¨®rganos de gobierno.

A pesar de rechazar que se le aplique la Ley andaluza de Cajas, Cajasur defiende que no la vulnerar¨ªa y reitera que la p¨®liza no corresponde a una indemnizaci¨®n, sino a un complemento de pensi¨®n, de la misma naturaleza que el de los trabajadores de la caja, aunque Castillejo, por su puesto, no tiene relaci¨®n laboral con la entidad. En las alegaciones agregan que "el Banco de Espa?a no formul¨® reparo alguno" sobre la p¨®liza -la Junta ha reiterado en los ¨²ltimos d¨ªas que la competencia sobre la legalidad de la p¨®liza es suya.

Para defender que se trata de un complemento de pensi¨®n, Jordano a?ade que Castillejo estuvo jubilado durante dos meses en 1994 (luego volvi¨® a la presidencia), cuando cumpli¨® 65 a?os, y entonces la caja complet¨® su pensi¨®n con las dotaciones a un fondo a favor de Castillejo que contaba por esas fechas ya con 1,6 millones de euros.