Dos desalojos y un rosario judicial

El Laboratorio ha cumplido s¨®lo cinco a?os de vida, pero en su corta historia tiene ya a sus espaldas dos desalojos y un rosario de fallos judiciales. Su sede actual, en Amparo, 103, en lo que fue la antigua imprenta Samar¨¢n, es la tercera de su existencia. Pero no se sabe por cu¨¢nto tiempo ya que los due?os del edificio han pedido varias veces a los jueces la expulsi¨®n de estos okupas. La pelota est¨¢ ahora en el tejado de la Audiencia Provincial.

En junio, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 11 orden¨® el desalojo "para ejecutar unas obras obligadas por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad del edificio". Pero los okupas recurrieron y la juez decidi¨® "no echarlos por el momento". Tom¨® esta decisi¨®n tras comprobar que el Consistorio hab¨ªa reparado ya el edificio, "por lo que no parec¨ªa existir ning¨²n peligro de ruina inminente" y, lo que es m¨¢s curioso, tambi¨¦n tuvo en cuenta las numerosas actividades sociales y culturales que se organizan en el inmueble. Los due?os pidieron de nuevo la expulsi¨®n y el juzgado volvi¨® a denegarla por lo que ¨¦stos han acudido ahora a la Audiencia.

No es la primera vez que El Laboratorio se enfrenta a una mudanza forzosa. Su primera sede estuvo en Embajadores, 68, en un edificio utilizado cuatro a?os antes por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA). All¨ª entraron en abril de 1997 y fueron desalojados el 22 de diciembre de 1998. Les echaron pero el Tribunal Superior de Justicia decidi¨® archivar la causa penal abierta contra las 604 personas -entre ellos diputados de IU, artistas e intelectuales- que se autoinculparon diciendo que ellos tambi¨¦n okupaban el edificio. El alto tribunal concluy¨® que no comet¨ªan delito porque su finalidad era "pol¨ªtica" -pretend¨ªan denunciar la existencia de inmuebles vac¨ªos durante d¨¦cadas en un Madrid encarecido- y porque no entraron al inmueble "con vocaci¨®n de permanencia".

A nadie se le aplic¨® el art¨ªculo 245 del C¨®digo Penal que castiga la okupaci¨®n, tipificada como usurpaci¨®n, con multas de tres a seis meses reemplazables en caso de impago por arrestos de fin de semana.

De Embajadores se trasladaron, el 6 de enero de 1999, a un bloque de pisos que llevaba dos d¨¦cadas vac¨ªo a la plaza de Cabestreros. El due?o denunci¨® y el Juzgado de Instrucci¨®n 43 archiv¨® la causa penal contra los okupas por considerar que no comet¨ªan delito alguno al usar un inmueble abandonado durante tanto tiempo.

Esta decisi¨®n judicial provoc¨® un recurso de los propietarios que llev¨® a la Audiencia Provincial a reiniciar el proceso. No obstante, la propia Audiencia reconoci¨® "tener reservas frente a la opci¨®n legislativa de criminalizar estos actos". Tras alguna vuelta judicial m¨¢s, el desalojo se ejecut¨® el 28 de agosto de 2001 y todav¨ªa queda por resolver la causa penal contra 300 autoinculpados.