?Qu¨¦ es lo que no se entiende?

El mi¨¦rcoles pasado, en la cadena SER, la juez de vigilancia penitenciaria Ruth Alonso explic¨® de manera pormenorizada por qu¨¦ hab¨ªa concedido el tercer grado y la libertad condicional a los etarras condenados Luis Mar¨ªa Azkargorta y Mar¨ªa ?ngeles P¨¦rez del R¨ªo. Ayer, en EL PA?S, a la pregunta de si se hab¨ªa cumplido escrupulosamente la legalidad en esos dos casos, respond¨ªa: "S¨ª. Estamos ante dos internos que han observado buen comportamiento y tienen las tres cuartas partes de la condena cumplidas. Se ha elaborado un pron¨®stico individual de reinserci¨®n favorable en ambos casos porque se considera que est¨¢n desmarcados de ETA. Se consideraba que pod¨ªan pasar al tercer grado y, con base en el art¨ªculo 90 del C¨®digo Penal, se les ha concedido la libertad condicional. Esto supone que los cuatro a?os que les quedan los cumplir¨¢n en la calle de acuerdo a las condiciones impuestas y con control mensual. ?Por qu¨¦ debemos esperar m¨¢s tiempo si se ha cumplido el fin constitucional de la reinsercion?".

En la misma p¨¢gina de EL PA?S en la que aparec¨ªa la entrevista con Ruth Alonso, se reproduc¨ªan unas declaraciones de Javier Arenas en las que, refiri¨¦ndose a las decisiones de concesi¨®n de tercer grado y de libertad condicional adoptadas por la juez, dec¨ªa que "no es positiva una decisi¨®n judicial que no entienda la sociedad". Lo que la sociedad quiere, seg¨²n el ministro de Administraciones P¨²blicas, es "ver a los terroristas en la c¨¢rcel", coincidiendo en ello "con las v¨ªctimas del terrorismo y sus familias". Y por eso no puede entender decisiones como las adoptadas por Ruth Alonso.

?De verdad no se entiende la decisi¨®n de la juez explicada en los t¨¦rminos en que ella lo ha hecho? ?No puede entender la mayor¨ªa de la sociedad espa?ola que la decisi¨®n ha sido tomada de conformidad con lo previsto en la Constituci¨®n y en la ley y explicada en t¨¦rminos objetivos y razonables?

A m¨ª esto s¨ª que no me entra en la cabeza. No creo que exista un grado de ofuscaci¨®n tan grande en la sociedad espa?ola y una sed de venganza tan intensa como para que no se entiendan decisiones judiciales que encajan perfectamente en el objetivo de reinserci¨®n, que tiene su fundamento en el art¨ªculo 25 de la Constituci¨®n. No me puedo creer que los ciudadanos espa?oles no entiendan y sean insensibles a explicaciones como las proporcionadas por la juez o al dato suministrado por la propia Ruth Alonso de que no ha habido ni un solo caso entre los 350 de condenados etarras reinsertados que haya reincidido.

Esto no puede ser. Y, si as¨ª fuera, ser¨ªa mucho peor, porque la sociedad debe saber que hay unos seiscientos etarras condenados a los que es de aplicaci¨®n el C¨®digo Penal de 1973 o el de 1995 y que, en consecuencia, decisiones como las adoptadas por la juez Ruth Alonso se van a seguir produciendo en los pr¨®ximos veinte a?os como m¨ªnimo. Que no hay cambio normativo que pueda evitarlo.

En este terreno, como en tantos otros, el Gobierno no est¨¢ diciendo la verdad o, por lo menos, la est¨¢ ocultando. Est¨¢ ocult¨¢ndole a la sociedad espa?ola que la reforma normativa que propone no va a surtir efectos antes de veinticinco o treinta a?os y que no es posible, en consecuencia, poner fin por muchos a?os a los terceros grados y a las libertades condicionales.

Esto es lo que el Gobierno tendr¨ªa que explicarles a los ciudadanos, en lugar de dedicarse a linchar a una juez que est¨¢ cumpliendo con su obligaci¨®n de manera m¨¢s que razonablemente satisfactoria y que est¨¢ siendo capaz de justificar ante la sociedad espa?ola lo que est¨¢ haciendo en unos t¨¦rminos en que el Gobierno no est¨¢ siendo capaz de hacerlo.