Detenidos cuatro empresarios por explotar a inmigrantes en el campo
La Guardia Civil localiz¨® a 58 extranjeros en situaci¨®n irregular
Cuatro empresarios han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil acusados de explotar a inmigrantes en campos de Vilamarxant, Pedralba y Gestalgar. En la operaci¨®n, fueron localizados 58 extranjeros, seis de ellos "sin papeles" que han sido detenidos y el resto redirigido a la Oficina de Extranjer¨ªa. Los inmigrantes trabajaban sin contrato, sin condiciones de seguridad y a cambio de salarios ¨ªnfimos.
Un capataz, un corredor, un jefe de personal y el administrador de una empresa temporal han pasado a disposici¨®n judicial despu¨¦s de que agentes de la Guardia Civil les detuvieran en una operaci¨®n contra la explotaci¨®n de inmigrantes en el campo. Adem¨¢s de los cuatro empresarios, la polic¨ªa localiz¨® en las explotaciones de Vilamarxant, Gestalgar y Pedralba a 58 inmigrantes: seis de ellos indocumentados que tambi¨¦n fueron detenidos y 52 a los que se les notific¨® la obligatoriedad de personarse en la Oficina de Extranjer¨ªa.
La Guardia Civil, seg¨²n fuentes del instituto armado, investigaba desde finales de noviembre irregularidades en determinadas explotaciones de la comarca. Con la colaboraci¨®n de la Inspecci¨®n de Trabajo de la Seguridad Social, los agentes procedieron al seguimiento y posterior actuaci¨®n. En los campos de Geltalgar, Pedralba y Vilamarxant, los agentes constataron que la mayor¨ªa de los trabajadores carec¨ªan de documentaci¨®n y se encontraban en Espa?a de forma de irregular; que los empleados cerraban el trato con los jefes de cuadrilla de forma verbal; que cobraban un salario ¨ªnfimo y realizaban sus tareas dedicando un horario dilatado, muy por encima de lo que establece la ley; que en su trabajo no contaban con medida alguna de seguridad. Al parecer, algunos de los inmigrantes localizados por la Guardia Civil llevaban varios meses trabajando para los ahora detenidos. Los cuatro empresarios, uno de ellos de origen armenio, utilizaban incluso una empresa de contrataci¨®n temporal con sede en Valencia para captar inmigrantes y derivarlos despu¨¦s a tareas del campo con la promesa de que en breve ser¨ªan contratados. La investigaci¨®n permanece a¨²n abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones, ya que todo indica que podr¨ªan estar relacionados con otras cuadrillas similares que operan en la zona tambi¨¦n con ciudadanos sin papeles. Se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Falso abogado
La denuncia de dos extranjeros sirvi¨® para poner hace tres meses a la Guardia Civil sobre la pista de un hombre que se hac¨ªa pasar por abogado de Cruz Roja Internacional y promet¨ªa contratos y documentaci¨®n a inmigrantes que localizaba en locutorios de Cullera.
T.P.I., de 49 a?os, fue detenido el lunes despu¨¦s de ser identificado por quienes le denunciaron, uno de los cuales lleg¨® a pagar 200 euros por un contrato. Seg¨²n fuentes del instituto armado, el detenido, que pas¨® ayer a disposici¨®n del juzgado de guardia de Sueca, falsificaba impresos de altas en la Seguridad Social y precontratos -que el inmigrante recib¨ªa con un supuesto sello oficial que tambi¨¦n hab¨ªa sido manipulado- y emit¨ªa facturas de lo que los extranjeros sin papeles o en busca de un empleo le entregaban a cuenta. Las mismas fuentes aseguraron que no se puede precisar a¨²n el n¨²mero de timados.
Manifestaci¨®n prohibida
Luis Garrido, subdelegado del gobierno en Alicante, ha prohibido las dos manifestaciones convocadas por el grupo de ultraderecha Democracia Nacional (DN)para el pr¨®ximo s¨¢bado en Crevillente y San Fulgencio, cuyo lema era "contra la inmigraci¨®n ilegal". La negativa a las concentraciones se sustenta en el elevado riesgo de conflicto social que entra?an.La decisi¨®n de Garrido tiene precedentes. El pasado mes de diciembre obr¨® de la misma forma, pero despu¨¦s el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) enmend¨® su decisi¨®n al entender que con la prohibici¨®n se vulner¨® el derecho de reuni¨®n sin que estuviera suficientemente argumentando y apelando a que la seguridad para que dicho derecho se pueda ejercer depende de la subdelegaci¨®n. DN puede ahora recurrir al TSJ.
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