La ONU rechaza una queja contra Espa?a por no recurrir la libertad de Pinochet
El Comit¨¦ de la ONU contra la Tortura ha rechazado la queja del espa?ol Marcos Roitman Rosenmann, torturado durante la dictadura chilena, que denunci¨® a Espa?a por no recurrir contra la decisi¨®n del Reino Unido de no extraditar y dejar en libertad al ex dictador Augusto Pinochet. La Audiencia Nacional hab¨ªa solicitado el recurso. El Comit¨¦, por siete votos a uno, dictamina que el Gobierno espa?ol no estaba obligado a recurrir.
Roitman, asesorado por el abogado Joan Garc¨¦s, denunci¨® en octubre de 2000 ente el Comit¨¦ contra la Tortura que el ministro de Asuntos Exteriores no transmiti¨® al Servicio Procesal de la Corona Brit¨¢nica la orden de la Audiencia Nacional para que se recurriera la decisi¨®n del Reino Unido de liberar a Pinochet. Al no haber recurso, el secretario de Interior brit¨¢nico autoriz¨® el regreso a Chile del ex dictador.
El denunciante aleg¨® que con la decisi¨®n el Estado espa?ol incumpl¨ªa las obligaciones que le impone el Convenio contra la Tortura. Argumentaba que, "al no seguir las instrucciones de las autoridades judiciales y no transmitir prontamente los documentos pertinentes a su hom¨®logo brit¨¢nico, el ministro de Exteriores de Espa?a obstruy¨® el procedimiento de extradici¨®n y no actu¨® de modo imparcial".
En nombre del Gobierno, el abogado del Estado Javier Borrego -candidato espa?ol a juez del Tribunal de Estrasburgo- contest¨® que "Espa?a actu¨® correctamente al solicitar al Reino Unido la extradici¨®n, que no se concedi¨® porque el Reino Unido ejerci¨® sus facultades pol¨ªticas".
El dictamen del Comit¨¦ de la ONU razona que el Convenio no impone "una obligaci¨®n de solicitar la extradici¨®n ni de insistir si la extradici¨®n no ha sido concedida". El Comit¨¦ estima que existe "una facultad discrecional y no una obligaci¨®n de solicitar la extradici¨®n y de insistir en ella".
Voto particular
El voto particular del jurista Guibril C¨¢mara estima que el Gobierno debi¨® hacer caso al juez Baltasar Garz¨®n. El jurista se?ala que, cuando el poder judicial espa?ol, representado por Garz¨®n, "determin¨® que hab¨ªa motivos conforme a la ley para recurrir la decisi¨®n del secretario de Interior [brit¨¢nico] de dar por terminado el procedimiento de extradici¨®n", un ¨®rgano del Gobierno espa?ol "dio al traste con la decisi¨®n judicial de recurrir la decisi¨®n del secretario del Interior brit¨¢nico, al no transmitirla a las autoridades del Reino Unido".
El autor del voto particular afirma: "Es m¨¢s que cuestionable si ese uso de facultades discrecionales a cargo del poder ejecutivo se ajusta a los principios fundamentales del Convenio y a la voluntad expresa de la comunidad internacional de poner coto a la impunidad de los autores de cr¨ªmenes de lesa humanidad", como la tortura.
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