Condenados los due?os del barco y un concejal por el naufragio de Banyoles

Las responsabilidades por el naufragio del catamar¨¢n tur¨ªstico L'Oca, que el 8 de octubre de 1998 caus¨® la muerte a 21 jubilados franceses en el lago de Banyoles (Girona), han alcanzado por igual a los propietarios del barco, Bartomeu Gayol¨¤ y Simon Rodr¨ªguez, y al ex concejal de Urbanismo de la ciudad, Josep Alsina. La sentencia les condena a dos a?os y seis meses de c¨¢rcel y a responder solidariamente -hasta donde no lleguen las aseguradoras y el consistorio- a indemnizaciones en torno a los tres millones de euros para 115 personas, entre v¨ªctimas, perjudicados y familiares..

Los tres condenados recurrir¨¢n la sentencia del Juzgado de lo Penal n¨²mero 2 de Girona -que implica la entrada en presidio-, aunque no se aplicar¨¢ hasta que la Audiencia de Girona reciba los recursos y emita su veredicto. El fallo definitivo podr¨ªa tardar unos dos meses. La sentencia les considera responsables de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, 22 delitos de lesiones por imprudencia grave y nueve faltas de lesiones por imprudencia grave. Los dos a?os y medio de c¨¢rcel suponen el grado m¨ªnimo de condena por estos delitos. El fiscal pidi¨® cuatro a?os de prisi¨®n.

La sentencia rechaza que exista conflicto de competencias con la Marina Mercante: " es la ¨²nica administraci¨®n competente para autorizar la navegaci¨®n en estas aguas continentales excluidas, por su naturaleza jur¨ªdica, del dominio p¨²blico hidr¨¢ulico". El Reglamento de Actividades del Estany (RAE), confeccionado por el ayuntamiento, "es el ordenamiento que rige todas las actividades que se realizan en el lago y su entorno", seg¨²n la sentencia.

La juez mantiene que el edil Josep Alsina omiti¨® "la comprobaci¨®n y control de los extremos exigidos en el RAE" e infringi¨® "los m¨¢s elementales deberes de cuidado". La sentencia acusa al edil de no comprobar si Simon Rodr¨ªguez ten¨ªa el t¨ªtulo adecuado para navegar y no condicionar la sustituci¨®n de la barca antigua por la que acab¨® naufragando a tres circunstancias: a la aportaci¨®n de la documentaci¨®n de la Marina Mercante, a la comprobaci¨®n de que el barco proyectado coincid¨ªa con el que se construy¨® y a la presentaci¨®n de una p¨®liza de seguros.

Bas¨¢ndose en el informe de los peritos navales, la sentencia mantiene que el naufragio se produjo por la "simult¨¢nea coincidencia" de la apertura de rejillas de ventilaci¨®n en la popa -cerca de la l¨ªnea de flotaci¨®n-, el exceso de calado originado por el sobrepeso del motor y las bater¨ªas, y la comunicaci¨®n entre los compartimentos estancos del interior del casco.

La juez establece que la ventilaci¨®n convencional se rechaz¨® "por motivos est¨¦ticos" y porque "cada uno de los cuatro manguerotes laterales le restar¨ªa espacio para una silla". Los propietarios ordenaron los fatales agujeros de popa a un operario para facilitar la ventilaci¨®n de las bater¨ªas, que duplicaban el peso previsto originariamente. Cuando se dieron cuenta de que estas aperturas de ventilaci¨®n supon¨ªan -a causa del mayor calado del barco- "una peligrosa y evidente v¨ªa de agua", optaron por lastrar con agua los compartimentos situados en la parte delantera del buque. La sentencia mantiene que, a tal fin "fueron eliminados casi en su totalidad los mamparos" que deben ser estancos por "expresa disposici¨®n legal".

A los propietarios les achaca que, en lugar de encargar a un astillero la construcci¨®n de la totalidad de la embarcaci¨®n, contrataran por su cuenta a diferentes profesionales. Seg¨²n el texto judicial, los propietarios "decidieron construirse una nueva embarcaci¨®n" pese a carecer de "capacitaci¨®n profesional, t¨¦cnica y legal" para el transporte de viajeros.

La juez mantiene que la ma?ana del naufragio el piloto de la embarcaci¨®n, Bartomeu Gayol¨¤, debi¨® hacer una maniobra brusca de desatranque porque la sobrecarga de pasaje, 141 viajeros en lugar de los 80 permitidos, provoc¨® "un cierto varamiento de la nave" en el fondo. El piloto, seg¨²n la sentencia, "hizo caso omiso de esta se?al de alerta prescindiendo de la elemental precauci¨®n de recorrer unos metros hasta la popa y echar un vistazo al nivel de agua...". La sentencia alude a la falta de anclaje de las sillas, que aprision¨® a los pasajeros, y a la falta de salvavidas.

Los dos propietarios no podr¨¢n ejercer la navegaci¨®n por el lago durante la condena y el edil no podr¨¢ ostentar cargo p¨²blico. La juez ordena que la embarcaci¨®n L'Oca sea vendida en subasta p¨²blica y el precio obtenido se use para indemnizar a las v¨ªctimas.