El PSC lleva al Parlament la reprobaci¨®n de Felip Puig

El PSC present¨® ayer en el Parlament una moci¨®n en la que se propone la reprobaci¨®n del consejero de Pol¨ªtica Territorial, Felip Puig, por no haber presentado en el plazo acordado el proyecto de ley de la vivienda. En el pleno de ayer se rechaz¨®, con los votos de CiU y el PP, recurrir ante el Constitucional contra la ley financiera, en concreto los art¨ªculos referidos a las cajas de ahorro.

La moci¨®n contra Felip Puig, que se ver¨¢ en el pr¨®ximo pleno, recuerda que la Ley de Urbanismo obligaba al Gobierno catal¨¢n a presentar una ley de vivienda antes del 31 de diciembre pasado.

El Parlament ya vot¨® una reprobaci¨®n de Felip Puig en mayo de 2001. Entonces era consejero de Medio Ambiente y el motivo fue el retraso en la presentaci¨®n del Plan Director de Campos de Golf. En noviembre de 2002, Puig evit¨® ser reprobado de nuevo gracias al apoyo parlamentario del PP. Ese mismo a?o, en julio, los populares hab¨ªan amenazado al Gobierno catal¨¢n con varias reprobaciones, entre ellas la de Puig, pero la propuesta qued¨® en nada.

En esta ocasi¨®n, los socialistas reprochan al consejero el incumplimiento de diversas normas aprobadas por el Parlament que le obligaban a presentar una ley de la vivienda; pero tambi¨¦n el haber facilitado datos falsos sobre las viviendas de alquiler para j¨®venes. Estos datos omit¨ªan las construcciones de algunos ayuntamientos gobernados por la izquierda, en especial el de Barcelona.

Los datos figuraban en una respuesta al diputado del PP Daniel Sirera, quien esta misma semana ha recibido una carta en la que le indican que la respuesta anterior era incompleta. No obstante, la nueva tampoco coincide con los datos que obran en poder de los municipios porque tambi¨¦n figuran a la baja.

Primera recusaci¨®n

El pleno de ayer aprob¨®, por primera vez, recusar al presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jim¨¦nez de Parga, en un litigio por invasi¨®n de competencias, despu¨¦s de sus pol¨¦micas declaraciones negando la realidad de las comunidades aut¨®nomas hist¨®ricas y a favor de la reforma del art¨ªculo octavo de la Constituci¨®n. El Parlament dio luz verde, con los votos en contra del Partido Popular, al recurso contra la ley estatal de Testamento Vital tras el preceptivo informe del Consejo Consultivo.

Los grupos favorables al recurso (CiU, PSC, ICV y ERC) lamentaron que el Partido Popular aprovechara la Ley de Testamento Vital catalana, previa a la estatal, para elaborar la suya y otorgarle adem¨¢s car¨¢cter de norma b¨¢sica. Seg¨²n el recurso, existe una clara invasi¨®n de competencias de la Generalitat. El PP se agarr¨® a los votos particulares de algunos miembros del Consejo Consultivo para rechazar el recurso.

El convergente Jaume Camps calific¨® la ley estatal de "claro ejemplo de regresi¨®n auton¨®mica" y el socialista Ramon Espasa acus¨® al PP de haber "vampirizado" la norma catalana. Pero fue la propuesta de recusaci¨®n de Jim¨¦nez de Parga la que centr¨® la mayor parte del debate. Todos los grupos censuraron las palabras del presidente del Tribunal Constitucional, pero mientras que el bloque de izquierdas y CiU consideraron que estas manifestaciones inhabilitan a Jim¨¦nez de Parga para desempe?ar su cargo, la popular Dolors Nadal acus¨® al resto de los partidos de magnificarlas y defendi¨® su trayector¨ªa al frente del alto tribunal.

Menos suerte tuvo la propuesta del bloque de izquierdas para recurrir ante el Constitucional contra la Ley Financiera, en concreto los art¨ªculos referidos a los ¨®rganos de gobierno de las cajas de ahorro. CiU y el PP rechazaron la presentaci¨®n del recurso pese a que el Consejo Consultivo apreci¨® una posible inconstitucionalidad en un total de cinco art¨ªculos.

Mari¨¤ Curto, de CiU, consider¨® que ninguno de los art¨ªculos referidos afecta a las competencios de la Generalitat, sobre todo tras la aprobaci¨®n de la ley de cajas auton¨®micas. Pero el socialista Mart¨ª Carnicer acus¨® a los nacionalistas de anteponer los intereses de la federaci¨®n a los del propio Gobierno catal¨¢n ya que, pese al informe del Consejo Constultivo, optaron por no recurrir contra la ley.