?Vivienda o vivienda p¨²blica?

Seg¨²n el ¨²ltimo bar¨®metro trimestral del Ayuntamiento de Barcelona, la vivienda se ha colocado, por primera vez, entre los tres problemas m¨¢s importantes de la ciudadan¨ªa. Esta constataci¨®n no es una sorpresa. El precio de los pisos ha crecido de forma desmesurada, con incrementos superiores a cuatro o seis veces el IPC. Mientras que los inversores particulares y las instituciones financieras se abalanzan sobre la vivienda para obtener beneficios, la mayor¨ªa de la poblaci¨®n tiene cada vez m¨¢s dificultades para acceder a una asequible. Esta realidad, junto con el espejismo del bajo coste de las hipotecas, ha comportado que el esfuerzo econ¨®mico familiar para adquirir una vivienda, es decir, para pagar la hipoteca, se haya incrementado de forma alarmante, con un aumento en el ¨²ltimo a?o de 10 puntos, y se haya situado en Catalu?a en el 61,7% de los ingresos familiares. Es decir, casi el doble del l¨ªmite de la tolerancia o valor ¨®ptimo para asegurar el pago del cr¨¦dito hipotecario, que se sit¨²a en el 33%.

Desde el a?o 1996, mientras que el total de viviendas construidas y su precio han aumentado exponencialmente, el n¨²mero de viviendas de promoci¨®n p¨²blica y protegidas ha ca¨ªdo en proporci¨®n inversa. Lo cierto es que, tanto para el Gobierno del Estado como para el aut¨®nomo, la pol¨ªtica de vivienda no ha sido nunca una prioridad. Como dicen ?lvarez- Cascos y Aznar, si los precios suben es porque alguien los puede pagar, o como dice Pujol, la gente joven no tiene problemas para tener piso. Una muestra de este desinter¨¦s son los reiterados incumplimientos de los planes de vivienda del Gobierno central y de la Generalitat, en los cuales apenas se invierte la mitad del dinero presupuestado para construir viviendas protegidas.

La Ley de Urbanismo de Catalunya para generar reserva de suelo para vivienda p¨²blica pod¨ªa haber introducido un porcentaje del 50% sobre el techo de nueva implantaci¨®n, porcentaje que se aplica en ciudades de gran transformaci¨®n urbana, como Barakaldo. En cambio, los votos de CiU y ERC limitaron este porcentaje al 20%.

El fracaso de la Ley del Suelo del Gobierno del PP es evidente. El resultado ha sido el acaparamiento de suelo por parte de promotores y entidades financieras, que har¨¢n un uso dosificado asegur¨¢ndose as¨ª una repercusi¨®n mucho m¨¢s elevada sobre el valor de aqu¨ª a unos a?os. Como muestra, bas¨¢ndose en esta ley, el Ayuntamiento de Madrid ha calificado m¨¢s de 80 millones de metros cuadrados para nueva vivienda, m¨¢s de la mitad de los cuales est¨¢n controlados por ocho grandes empresas. Desde 1998 el precio de la vivienda ha aumentado m¨¢s del 70%. Paralelamente, los hogares de la Comunidad de Madrid ocupan el segundo lugar del esfuerzo familiar para la compra de un piso (69% de los ingresos familiares). En definitiva, despu¨¦s de haberse calificado ya como suelo urbanizable una cantidad suficiente como para hacer cinco millones de viviendas en todo el Estado, el precio del suelo y de la vivienda se ha disparado desde 1998, por lo tanto no es la falta de suelo la principal causa del encarecimiento de la vivienda, sino su uso especulativo.

La cuesti¨®n central, por tanto, no est¨¢ simplemente en hacer m¨¢s pisos, sean 65.000 o 100.000 como propone el alcalde Clos, y que despu¨¦s acaben como destino del ahorro de familias de rentas altas, sino en cu¨¢ntas viviendas p¨²blicas y de alquiler necesitamos. Las propuestas del alcalde no parecen encaminadas a resolver este problema.

La modificaci¨®n de las normas urban¨ªsticas para poder hacer viviendas m¨¢s reducidas es una acci¨®n que considerar, pero si no va acompa?ada de la obligatoriedad de que una parte sustancial sean viviendas sociales y de alquiler, en realidad puede fomentar el aumento del coste por metro cuadrado de la vivienda, incrementando las plusval¨ªas de los promotores privados, sin repercusi¨®n en beneficio de la ciudadan¨ªa.

Por otra parte, la construcci¨®n de vivienda en suelo industrial s¨®lo es admisible si se conserva el techo industrial existente. La diferencia entre el techo existente y la edificabilidad m¨¢xima prevista por la normativa urban¨ªstica deber¨ªa servir ¨ªntegramente para construir un parque de viviendas sociales y de alquiler.

Una pol¨ªtica municipal contundente en vivienda comporta tambi¨¦n una acci¨®n decidida en la obtenci¨®n y gesti¨®n del suelo p¨²blico. Es b¨¢sica en este sentido la constituci¨®n del patrimonio de suelo municipal.

Pero para resolver el problema del acceso a la vivienda es imprescindible un giro radical en las actuaciones de las administraciones responsables, Estado y Generalitat, que suponga: 1. Aumentar la inversi¨®n en vivienda p¨²blica hasta alcanzar la misma proporci¨®n del PIB de otros pa¨ªses europeos, es decir, pasar del 0,5% al 2%, y cumplir los objetivos de los planes de vivienda que se hayan pactado con los ayuntamientos. 2. Controlar y limitar por ley el precio del suelo, para evitar que se utilice como un valor especulativo, consider¨¢ndolo como bien de uso social. 3. Legislar la obligatoriedad de la cuota de protecci¨®n en todas las promociones de vivienda y su control p¨²blico en la adjudicaci¨®n, de tal manera que al menos el 20% de cada promoci¨®n privada se dedique a vivienda de protecci¨®n oficial. 4. Aplicaci¨®n del derecho de tanteo y retracto en todas las transmisiones de vivienda protegida. 5. Desgravaci¨®n fiscal del alquiler superior al nivel de la compra. 6. Impulsar la cooperaci¨®n con operadores sin af¨¢n de lucro. 7. Establecer ayudas al alquiler para las personas que tienen m¨¢s dificultades de renta. 8. Creaci¨®n de una agencia catalana de la vivienda para gestionar un parque p¨²blico de alquiler a precio asequible. Promover¨ªa mediante convenios con particulares, cooperativas y fundaciones, la disposici¨®n, gesti¨®n y administraci¨®n de pisos desocupados.

En conclusi¨®n, lo m¨¢s importante, m¨¢s que dar grandes cifras de construcci¨®n total de viviendas, es dar respuesta al amplio sector de personas con dificultades para acceder a ellas. Este objetivo requiere para los pr¨®ximos cuatro a?os hacer en Barcelona 12.000 viviendas sociales, la mitad de las cuales tendr¨ªan que ser en r¨¦gimen de alquiler.

Imma Mayol es cuarta teniente de alcalde y presidenta del grupo municipal de ICV.