Acoso legal al 'frente carcelario' de ETA

Los 500 presos de ETA en c¨¢rceles espa?olas tienen la libertad m¨¢s lejos. El Gobierno ha impulsado tres grandes reformas legales que complican a los terroristas la salida de la c¨¢rcel antes de cumplir ¨ªntegras sus condenas.

Con las nuevas leyes que se han empezado a tramitar en el Congreso, habr¨¢ un juzgado central de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional que decidir¨¢ que etarras salen a la calle; los recursos del fiscal suspender¨¢n autom¨¢ticamente cualquier decisi¨®n judicial relativa a la excarcelaci¨®n del preso, y los que soliciten beneficios penitenciarios deber¨¢n escribir una carta de arrepentimiento y otra de perd¨®n a los familiares de las v¨ªctimas de sus atentados.

El objetivo pol¨ªtico de estas medidas lo define Javier Zarzalejos, secretario general de Presidencia: "Se trata de acabar con el frente carcelario de ETA que es un frente muy importante de la banda terrorista". Zarzalejos estima que en la lucha que el Gobierno sostiene contra ETA en todos los terrenos, como la lucha contra su financiaci¨®n o contra su brazo pol¨ªtico, no puede dejar de lado un aspecto tan importante para la direcci¨®n de la banda como son las c¨¢rceles, que "siempre han sido un destino m¨¢s en la carrera de los miembros de ETA".

El secretario general de la Presidencia e interlocutor del Gobierno en el Pacto Antiterrorista estima que la reforma est¨¢ basada en un doble principio: que sea legalmente exigente y socialmente cre¨ªble.

Se trata de mandar un mensaje a ETA muy claro, explica Zarzalejos: "Tiene que saber que sus presos van a cumplir ¨ªntegras sus penas y que se acab¨® aquella perspectiva de que el Gobierno estaba dispuesto a negociar con la banda en cualquier momento utilizando los presos como moneda de cambio".

El Gobierno cree que, de este modo, se adapta la pol¨ªtica penal y penitenciaria a una nueva situaci¨®n en la que ETA ha demostrado que no est¨¢ dispuesta a ceder en sus objetivos terroristas, como mostr¨® en las conversaciones con el Ejecutivo en mayo de 1999, y en la que cuenta la opini¨®n de las v¨ªctimas del terrorismo, que exigen que se les escuche.

El dirigente socialista vasco y vicelehendakari del Gobierno vasco entre 1987 y 1991, Ram¨®n J¨¢uregui, admite que con estas reformas se abre una tercera etapa en el frente carcelario de la banda. Hubo una primera etapa, a comienzos de los a?os ochenta, caracterizada por las conversaciones del Gobierno con ETA pol¨ªtico militar que concluyeron con el abandono de m¨¢s de 200 miembros de la banda. "Hubo numerosos indultos y aquel proceso pol¨ªtico no s¨®lo afect¨® a la pol¨ªtica penitenciaria sino a la penal", recuerda J¨¢uregui.

Alentados por este ejemplo existen intentos posteriores de reinserci¨®n, como los protagonizados por el entonces dirigente del PNV, Joseba Azkarraga, que afectan a sectores disidentes de ETA pol¨ªtico militar e incluso de ETA militar. Esta etapa culmina con el asesinato de la ex dirigente etarra Dolores Gonz¨¢lez Catarain, Yoyes, por parte de ETA en septiembre de 1986. El "aviso" de la direcci¨®n etarra estrangula cualquier tentaci¨®n disidente en las c¨¢rceles y fuera de ellas.

A comienzos de los a?os noventa, el Gobierno socialista abre una segunda etapa, protagonizada por el entonces ministro de Justicia, Enrique M¨²gica: la dispersi¨®n de presos etarras con la pretensi¨®n de separar a los "reinsertables de los no reinsertables". Con ello, el Gobierno, que cuenta con la complicidad del Ejecutivo vasco, trata de lograr que la presi¨®n de los presos reinsertables obligue a la direcci¨®n de la banda a terminar con el terrorismo y a negociar con el Gobierno una salida para ellos.

Ante ese desaf¨ªo, ETA responde con la creaci¨®n del "frente de makos" y el relanzamiento de las Gestoras pro Amnist¨ªa. Finalmente, ETA neutraliza la operaci¨®n y la pol¨ªtica de dispersi¨®n desaparece definitivamente con el final de la colaboraci¨®n de nacionalistas y socialistas en el Gobierno vasco a mediados de los noventa.

A esta tercera etapa que se abre, la del mensaje a ETA de que se acab¨® la etapa negociadora, J¨¢uregui le ve algunas ventajas y es esc¨¦ptico con otras. Tras admitir que se ha agotado la fase por la que ETA pod¨ªa escuchar a sus presos, cree que es acertado que la banda perciba que se acab¨® la etapa de la negociaci¨®n abierta de forma permanente por el Gobierno. "Es bueno que ETA sepa que sus presos van a cumplir sus penas y acabar con aquella sensaci¨®n de que pod¨ªan fijar la agenda con sus ofertas de negociaci¨®n". Ja¨²regui cree que esta decisi¨®n est¨¢ avalada por el fracaso de las dos conversaciones con ETA: la de Argel, en 1988, con el Gobierno del PSOE y la de Suiza, en mayo de 1999, con el Ejecutivo del PP. "Era claro que ETA no quer¨ªa negociar sino imponer su programa".

Las sombras que ve a la propuesta de endurecimiento proceden, seg¨²n J¨¢uregui, de que no son disuasorias para ETA. "Nadie puede creer que un miembro de la kale borroka abandone la tentaci¨®n de entrar en ETA por pasar el cumplimiento m¨¢ximo de penas de 30 a 40 a?os".

El portavoz de Izquierda Unida (IU), Felipe Alcaraz, rechaza frontalmente la reforma por estimar que "no es constitucional" al "negar la reinserci¨®n" de los presos terroristas. Y duda de su eficacia en la lucha contra ETA porque "las excepcionalidades" da?an a la banda. Manel Silva, portavoz adjunto de CiU, tambi¨¦n rechaza la reforma por sus trabas hacia la pol¨ªtica de reinserci¨®n de los presos.

Jos¨¦ Antonio Alonso, vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta del PSOE, valora que, con esta reforma, el Ejecutivo "se ata las manos" porque "reduce su margen de actuaci¨®n en pol¨ªtica penitenciaria". Alonso defiende que "la reinserci¨®n de los terroristas hace mucho da?o a ETA". Con la reforma del C¨®digo Penal de 1995 ya se endurec¨ªan las penas, se?ala Alonso, que atribuye esta nueva reforma a "un intento del Gobierno de tapar el complicado momento que est¨¢ viviendo".