Albertos

La condena por el Supremo de Alberto Cortina y Alberto Alcocer a tres a?os y cuatro meses de prisi¨®n, por delitos de estafa y falsedad en relaci¨®n al caso Urbanor, ha provocado la inmediata dimisi¨®n de ambos de la presidencia del Banco Zaragozano, entidad en la que controlan el el 39,31% de su capital. La sentencia anula otra de la Audiencia de Madrid que absolvi¨® a ambos por considerar prescritos los delitos que, sin embargo, declaraba probados. Esa divergencia es consecuencia de la distinta interpretaci¨®n de los plazos de prescripci¨®n.

Mientras el Supremo considera irrelevante a este efecto la fecha de ratificaci¨®n de una querella, siempre que ¨¦sta haya sido presentada dentro de plazo, la Audiencia de Madrid opin¨® lo contrario. Se trata de una cuesti¨®n procesal sobre la que el Supremo marca la l¨ªnea jurisprudencial a seguir, aunque a veces contraviene anteriores decisiones suyas, como ocurre en el caso de la prescripci¨®n.

Pero la sentencia del Supremo, como es l¨®gico, no a?ade nada a unos hechos delictivos que previamente se declararon probados. La Audiencia de Madrid ya estableci¨® hace dos a?os que los acusados ocultaron a sus socios minoritarios el precio real -388.000 pesetas el metro cuadrado en lugar de 150.000- que hab¨ªan pactado por la venta al consorcio KIO de unos terrenos en la madrile?a plaza de Castilla, caus¨¢ndoles un perjuicio de m¨¢s de 4.000 millones de pesetas. La dimisi¨®n de hoy debi¨® producirse entonces, pues salvarse de una condena legal por una cuesti¨®n de prescripci¨®n, cuando los hechos que se consideran probados constituyen infracciones penales, no restituye la confianza exigible muy especialmente a quienes gestionan dineros ajenos al frente de una entidad bancaria.