Las autonom¨ªas acusan al Gobierno de relegar a decretos aspectos b¨¢sicos de la educaci¨®n

La Ley Org¨¢nica de Calidad de la Educaci¨®n (LOCE) incluye medidas que, a juicio de los responsables de las siete comunidades que la recurrir¨¢n al Tribunal Constitucional, adem¨¢s de "invadir" sus competencia respecto a "la organizaci¨®n de las ense?anzas y el desarrollo de su contenido", "merman el derecho a una educaci¨®n de calidad para todos". ?stos son sus argumentos, comunes en la mayor¨ªa de los casos:

- Ense?anzas comunes. Los art¨ªculos de cuya constitucionalidad m¨¢s duda el Ejecutivo catal¨¢n son los que atribuyen al Gobierno central la potestad de dictar las ense?anzas comunes que deber¨¢n ser aplicados por las comunidades aut¨®nomas, seg¨²n la Generalitat. Tambi¨¦n lo considera as¨ª Baleares, cuyo consejero de Educaci¨®n, Dami¨¤ Pons Pons, afirma que la LOCE impide la adaptaci¨®n de la ense?anza a la realidad de las "caracter¨ªsticas culturales, ling¨¹¨ªsticas, geogr¨¢ficas, demogr¨¢ficas y sociales de cada comunidad".

"Si ma?ana el Gobierno desea poner cinco itinerarios, puede. Si quiere doce, tambi¨¦n"

"La lengua catalana recibe un trato discriminatorio, de asignatura del mont¨®n"

El viceconsejero de Educaci¨®n de Asturias, Jos¨¦ Luis Iglesias Ripedre sostiene que la ley "invade competencias" que el Estatuto de Autonom¨ªa atribuye al Gobierno asturiano y que "quiere desarrollar por v¨ªa reglamentaria lo que se ten¨ªa que haber definido en la ley". Esta comunidad considera que "se sustraen adem¨¢s las competencias, o quedan relegadas a meras consultas, en aspectos como las titulaciones, las modalidades de bachillerato y la promoci¨®n de curso".

El consejero de Educaci¨®n y Cultura de Castilla-La Mancha, Jos¨¦ Valverde, afirma "se est¨¢ limitando el desarrollo del curr¨ªculo en su adaptaci¨®n a la realidad y al contexto regional". Tambi¨¦n se invaden competencias en lo relativo a la educaci¨®n de alumnos con necesidades educativas especiales, la ejecuci¨®n de la ense?anza no universitaria y la organizaci¨®n de los estudios, a?ade el consejero.

- Lenguas propias. El consejero de Educaci¨®n de Baleares explica que con la nueva norma "queda en precario" la ense?anza de la lengua propia de esta comunidad, "que deja de ser b¨¢sica y pasa a ser s¨®lo en asignatura potestativa". Critica que los programas espec¨ªficos de lengua y cultura para a ni?os extranjeros s¨®lo incluyen al espa?ol .

"Habr¨¢ grandes problemas para poder garantizar una ense?anza equilibrada biling¨¹e", insiste Dami¨¤ Pons, que extiende su alarma a los seis primeros decretos que desarrollan la Ley de Calidad, presentados por el ministerio: "Dificultan la equiparaci¨®n horaria entre la ense?anza de la lengua catalana y la castellana". Las horas dedicadas a las clases de espa?ol "se convierten en intocables y se fuerza a ampliar el horario total lectivo o utilizar otras clases con las que se podr¨ªan mantener la proporcionalidad o, en todo caso, a incrementar la carga de horario semanal", a?ade este consejero.

La lengua catalana, en el desarrollo de la LOCE, "recibe un trato discriminatorio absoluto, de asignatura del mont¨®n, porque no es equiparada ni es considerada materia curricular b¨¢sica, mientras que se establece que el castellano y las matem¨¢ticas son dos asignaturas que con suspenso impiden superar el curso", resalta Pons.

El Gobierno catal¨¢n no ha hecho declaraciones sobre este tema.

- Educaci¨®n preescolar. El Gobierno de Castilla-la Mancha considera que la invasi¨®n de competencias "se evidencia en materia de asistencia social, al crear una etapa preescolar dotada de car¨¢cter asistencial, como dice la propia ley".

El Ejecutivo socialista de Asturias rechaza que en educaci¨®n preescolar haya "una ausencia total de regulaci¨®n b¨¢sica en la Ley de Calidad sobre los contenidos de esta etapa, carencia que contraviene", asegura el Gobierno de esta comunidad, "la jurisprudencia constitucional porque emplaza al Estado a concretarlo mediante el desarrollo de reglamentos". Tambi¨¦n Catalu?a discute la constitucionalidad de las disposiciones de la LOCE que otorgan al Estado la libre iniciativa para regular la educaci¨®n preescolar.

- Formaci¨®n del profesorado. El Gobierno catal¨¢n ha manifestado que recurrir¨¢ los art¨ªculos de la Ley de Calidad que atribuyen a ¨¦sta la regulaci¨®n de la formaci¨®n inicial y permanente del profesorado, cuesti¨®n en la que, seg¨²n la Generalitat, el Ministerio de Educaci¨®n se reserva la posibilidad de desarrollar directamente programas formativos.

- Itinerarios en la ESO. "Entre el conjunto de temas que ten¨ªan que estar desarrollados en la ley y que, sin embargo, se dejan al desarrollo del reglamento posterior del Ejecutivo, est¨¢n los itinerarios de la ESO y la modificaci¨®n de las modalidades de bachillerato", se?ala la consejera de Educaci¨®n de Andaluc¨ªa, C¨¢ndida Mart¨ªnez. "Este asunto ha sido el principal caballo de batalla y, pese a ello, la ley permite al Gobierno central modificar y transformar los itinerarios, es decir, que un elemento clave como es la organizaci¨®n de la educaci¨®n secundaria no se fija en la ley. ?sta no recoge qu¨¦ se considera b¨¢sico, es decir, obligatorio para este nivel".

Mart¨ªnez a?ade que esto implica lo siguiente: "Si ma?ana el Gobierno quiere poner cinco itinerarios en vez de tres o cuatro, puede hacerlo. Si quiere poner doce, tambi¨¦n. Lo mismo ocurre con el bachillerato: las modalidades tambi¨¦n las fija el Gobierno. Todo esto genera incertidumbre y da inestabilidad al sistema educativo".

El Ejecutivo extreme?o se muestra preocupada por los itinerarios. Sus razones son similares: "Nunca los hemos aceptado pero menos ahora que el ministerio puede modificar los que ya est¨¢n establecidos e incluso a?adir otros nuevos", resalta el secretario general de Educaci¨®n, ?ngel Benito Pardo, quien lanza una frase al ministerio: "Haced la ley y dejadme que yo haga el reglamento".

El Principado de Asturias considera que en la creaci¨®n de itinerarios "se vulneran las competencias auton¨®micas, que quedan relegadas a la emisi¨®n de un mero informe, mientras el Estado copa todas las atribuciones". Castilla-La Mancha hace referencia a la aplicaci¨®n de los itinerarios: "Tendremos dificultades para poder llevarlos a la pr¨¢ctica porque tenemos muchos centros de secundaria de s¨®lo dos l¨ªneas y, si en ellos se tienen que implantar cuatro itinerarios, tendr¨ªamos que autorizar itinerarios con cinco o seis alumnos como mucho. Es inviable, porque econ¨®micamente no se sostiene", afirma el consejero.

Lo mismo le sucede a Arag¨®n. Su consejera de Educaci¨®n, Eva Almunia, explica: "Dejar cuestiones como los itinerarios a futuros reglamentos genera un incertidumbre inmensa, sobre todo a la hora de planificar el sistema educativo en la comunidad. Tenemos institutos de dimensiones muy peque?as, que son secciones de otros m¨¢s grandes, con lo que fomentamos que se pueda estudiar la ESO y alg¨²n ciclo de la FP en comarcas medianas. Pero si tenemos que aplicar los itinerarios, no va a ser viable en muchos casos que esos centros que continu¨¦n".

- Repeticiones de curso. "Se produce invasi¨®n competencial en la regulaci¨®n de la promoci¨®n de los alumnos de secundaria, ya que el Gobierno central va a fijar a su antojo los requisitos", afirma la consejera andaluza. "No permite que las comunidades intervengan en un asunto de tanto calado para el funcionamiento del sistema educativo como es la promoci¨®n de curso". "Otra cuesti¨®n que ten¨ªan que se deja al desarrollo del reglamento de la ley es lo relativo a la obtenci¨®n del t¨ªtulo de Graduado en Educaci¨®n Secundaria Obligatoria", a?ade C¨¢ndida Mart¨ªnez.

- Iniciaci¨®n profesional. El Gobierno asturiano sostiene que la LOCE tampoco prev¨¦ "ninguna participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en los Programas de Iniciaci¨®n Profesional (PIP)", que sustituir¨¢n a la actual Garant¨ªa Social. Se destinar¨¢ a ellos a los alumnos que vayan peor, a partir de los 15 a?os. Si superan los dos a?os de estos estudios, podr¨¢n obtener el t¨ªtulo de la ESO, por lo que la oposici¨®n socialista los considera "un cuarto itinerario oculto".

"No es algo que sea tan coyuntural y tan t¨¦cnico para que no se plasme en la ley, al menos los principios o directrices fundamentales. Y sin embargo es otra cuesti¨®n que se deja al desarrollo posterior", a?ade sobre estor programas la consejera andaluza.

- Regulaci¨®n de la lectura. Las comunidades se quejan del exceso de "reglamentismo" del Gobierno del PP. Pons pone el ejemplo de la lectura: "Establece por ley los m¨¦todos pedag¨®gicos y la promoci¨®n de las actividades que estimulen el h¨¢bito de la lectura y la capacidad de los alumnos para expresarse en p¨²blico, lo que es evidente que no responde, en absoluto, a la regulaci¨®n b¨¢sica". Otras posibles medidas inconstitucionales, seg¨²n estas comunidades, son que el Gobierno "marque la uniformad de salarios del personal y uniformice la inspecci¨®n educativa".

Esta doble p¨¢gina ha sido elaborada por Sergio Mellado (Andaluc¨ªa), Concha Monserrat (Arag¨®n), Javier Cuartas (Asturias), Andreu Manresa (Baleares), Isabel Salvador (Castilla-La Mancha), Mar Padilla (Catalu?a) y Jerem¨ªas Clemente (Extremadura).