Familiar violencia

El informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre el funcionamiento de la justicia en los casos de violencia dom¨¦stica tramitados durante los a?os 2001 y 2002 pone de manifiesto el desamparo en que se encuentran las v¨ªcitimas y la urgencia de que se apliquen cuanto antes las medidas legislativas en curso. El informe pone de manifiesto que una de cada cuatro v¨ªctimas hab¨ªa denunciado antes los malos tratos y que, en todos estos casos, la denuncia no hab¨ªa servido para protegerla frente al agresor. El porcentaje de casos en que se hab¨ªan denunciado malos tratos antes del crimen (25% en 2002) no se corresponde con la percepci¨®n social que hab¨ªa en relaci¨®n a esta cuesti¨®n e indica que los malos tratos en el ¨¢mbito dom¨¦stico constituyen un delito mucho m¨¢s sumergido incluso de lo que aparentaba.

No debe sorprender que sea as¨ª. Como han puesto en evidencia los trabajos de la subcomisi¨®n parlamentaria encargada de abordar las medidas legislativas para luchar contra al violencia de g¨¦nero, es l¨®gico que si el sistema judicial no dispone de un sistema r¨¢pido y eficaz de protecci¨®n a las v¨ªctimas, ¨¦stas no recurran a la justicia. ?Para qu¨¦ van a hacerlo si no es capaz de darles amparo? Las mujeres que son maltratadas saben que la denuncia representa siempre un punto definitivo de ruptura con el agresor que puede empeorar su situaci¨®n y precipitar incluso un desenlace dram¨¢tico. En los casos analizados en el informe se observa con claridad que las medidas cautelares adoptadas son m¨ªnimas y escandalosamente insuficientes. En parte, por falta de una sensibilidad adecuada de los estamentos judiciales, pero sobre todo porque la legislaci¨®n vigente, que califica los malos tratos como faltas, no permite actuaciones m¨¢s dr¨¢sticas. Y tambi¨¦n observa el informe la dram¨¢tica soledad de la v¨ªctima, pues cuando acude ante las instancias judiciales, lo hace en la mayor¨ªa de los casos sin letrado y sin ayuda social o psicol¨®gica.

Las reformas del C¨®digo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobadas por el Gobierno en enero pasado, que tipifican ya la primera agresi¨®n como delito susceptible de ser castigado con pena de prisi¨®n y permiten al juez decretar la prisi¨®n preventiva para los agresores, entre otras medidas, son fundamentales, como lo es la orden de protecci¨®n inmediata aprobada ayer por la Comisi¨®n de Pol¨ªtica Social del Congreso, que prev¨¦ medidas cautelares, tanto penales como civiles, destinadas a garantizar una protecci¨®n efectiva de las v¨ªctimas. Pese a que existe un ampl¨ªsimo consenso parlamentario sobre las medidas necesarias para tratar de atajar esta gangrena social, la respuesta del Gobierno est¨¢ siendo excesivamente fragmentaria y desordenada. Las diferentes reformas en fase de tramitaci¨®n recogen bastantes de las medidas propuestas, pero carecen del enfoque globalizador que hubiera aportado una ley integral, como propon¨ªa la izquierda y que se abort¨® por decisi¨®n personal del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, que por hurtar a la oposici¨®n una victoria parlamentaria, prefiri¨® una dispersa reforma legislativa.