?R¨¦quiem por un pacto de Estado?

La Administraci¨®n de Justicia es un servicio p¨²blico b¨¢sico en una sociedad democr¨¢tica y eso hace inexcusable que sus dirigentes pol¨ªticos y sociales busquen una justicia de calidad, ¨¢gil, transparente y eficaz para los ciudadanos. Nadie a estas alturas puede negar con fundamento que los tribunales, como los dem¨¢s poderes p¨²blicos, trabajan para la gente sin m¨¢s y no son una mera instancia de autoridad.

En Espa?a, un pa¨ªs que ha forjado la democracia m¨¢s s¨®lida de su historia en estos ¨²ltimos 25 a?os, el inter¨¦s por el funcionamiento de la Justicia ha ido en aumento en las ¨²ltimas d¨¦cadas, justo en la misma proporci¨®n en que ha crecido la insatisfacci¨®n de sus usuarios. Ambas manifestaciones son fiel reflejo de sensibilidad democr¨¢tica.

Hay una percepci¨®n general de que la justicia funciona mal en nuestro pa¨ªs

El Gobierno no ha cumplido con el deber de impulso pol¨ªtico que contrajo con la sociedad

Hay una percepci¨®n general de que la Justicia funciona mal en nuestro pa¨ªs, percepci¨®n que comparten ciudadanos y expertos. Seg¨²n los resultados que desprenden los distintos bar¨®metros de opini¨®n realizados por el Consejo General del Poder Judicial bajo la direcci¨®n del soci¨®logo Jos¨¦ Juan Toharia, para los ciudadanos "la Justicia es la ¨²nica instituci¨®n del Estado que registra permanentes descensos en su puntuaci¨®n media a lo largo de los ¨²ltimos a?os... y la que aparece en los niveles m¨¢s bajos de valoraci¨®n entre una amplia selecci¨®n de instituciones y grupos sociales", hasta el punto de que actualmente el 47% de los espa?oles opina que "funciona mal o muy mal" y s¨®lo un 18% opina que "lo hace bien o muy bien".

Y no se puede decir que sea recelo infundado a la instituci¨®n misma porque resulta que, seg¨²n ese mismo estudio, el 62% de los ciudadanos entiende que "con todos sus defectos e imperfecciones, la Administraci¨®n de Justicia constituye la garant¨ªa ¨²ltima de la democracia y las libertades", de manera que la insatisfacci¨®n y desconfianza mostrada est¨¢ directamente relacionada con el servicio mismo, al que se le ve altamente ineficaz. Algo mejor parado, aunque no mucho m¨¢s, sale el sistema judicial espa?ol cuando es valorado por los propios trabajadores de la justicia, quienes imputan directamente los males del mismo al Ministerio de Justicia -se entiende, como gestor de medios humanos y materiales- y a los jueces. En una escala de 0 (m¨ªnima) a 10 (m¨¢xima), los abogados encuestados atribuyen una responsabilidad del mal estado de la justicia de 7 al ministerio y de 6,5 a los jueces (o 6,1 a los jueces del Tribunal Supremo).

Por otro lado, y como pone de relieve un estudio del economista Santos Pastor, resulta que los costes de la justicia en Espa?a son caros porque se gestionan mal los medios, de manera que es posible "producir m¨¢s y mejor" en los tribunales de justicia, evitar el despilfarro y conseguir evitar, as¨ª, que su mal funcionamiento reduzca la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto del pa¨ªs.

En el ¨¢mbito de la Justicia, esta situaci¨®n tan lamentable para la convivencia democr¨¢tica ha sido motivo de preocupaci¨®n y reflexi¨®n colectiva permanente, en la sensaci¨®n generalizada que se ha tenido de que nuestra Administraci¨®n de Justicia no ha asumido su vocaci¨®n constitucional de servicio a prestar en el marco de un Estado social y democr¨¢tico que se inspira en el principio organizativo clave de autonom¨ªa territorial.

De esta reflexi¨®n surge en la d¨¦cada de los noventa la idea, que es necesidad, de una profunda reforma de la Administraci¨®n de Justicia para modernizarla y hacerla eficaz adem¨¢s de transparente, siempre arraigada en la independencia de los jueces y que acoja la participaci¨®n gestora de las comunidades aut¨®nomas -algo que es propio de Estados altamente descentralizados como el nuestro-. Una idea de cambio de las bases de la Justicia que tendr¨ªa que cobijarse necesariamente en un acuerdo consensuado por todos y que, pensando exclusivamente en el ciudadano al que servir, dejara a un lado la lucha de partidos y los intereses particulares de corporaciones y colectivos implicados en la tarea de administrar justicia.

As¨ª es como, en febrero de 2001, Gobierno, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Espa?ol (PSOE) suscriben un acuerdo hist¨®rico, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, a trav¨¦s del que se sentaban las bases de la futura Administraci¨®n de Justicia en Espa?a. En palabras del ministro de Justicia -?ngel Acebes-, era "... una oportunidad hist¨®rica para mejorar la justicia a trav¨¦s del consenso..., una oportunidad que debemos aprovechar... desde el convencimiento de que es una labor a la que todos estamos llamados, a la que deben contribuir todas las fuerzas parlamentarias y todos los protagonistas que componen la justicia en Espa?a..., con el objetivo ¨²ltimo de que los ciudadanos sean los beneficiarios de algo que les afecta muy singularmente y del que son, sin duda, sus m¨¢ximos acreedores", y se trataba de "... un proyecto global y con vocaci¨®n de estabilidad y permanencia...", un "modelo" que trascienda intereses coyunturales y excluyentes, construido sobre soluciones integrales y perdurables, y con el norte puesto en las necesidades de los ciudadanos, una apuesta de futuro que sirva para ganar la modernidad y afrontar los nov¨ªsimos desaf¨ªos de nuestras complejas sociedades modernas en el mundo de la Administraci¨®n de Justicia y del aparato jur¨ªdico del Estado...".

Pronto "los protagonistas de la justicia en Espa?a" se adhieren al Pacto suscrito por las fuerzas parlamentarias mayoritarias, en la confianza de estar en presencia del ¨²nico camino pol¨ªtico posible para sacar a la justicia del dif¨ªcil atolladero en que se encuentra en nuestro pa¨ªs, la v¨ªa del consenso y de la reforma integral, meditada y sistem¨¢tica de sus instituciones.

Dos a?os despu¨¦s, el bagaje del Pacto no puede ser m¨¢s desmoralizador, distando mucho de aquellos buenos prop¨®sitos que todos abrazamos con entusiasmo: se ha conseguido no m¨¢s que un r¨¦gimen de elecci¨®n de vocales del Consejo General del Poder Judicial no exento de pol¨¦mica, una Carta de Derechos del ciudadano ante la Justicia -hoy por hoy mera declaraci¨®n de intenciones que todav¨ªa no ha calado en la legalidad ordinaria-, y los estatutos de dos corporaciones, la de los abogados y la de los procuradores.

Al contrario, no ha habido ni dise?o ni m¨¦todo serio y riguroso de ejecuci¨®n, habi¨¦ndose dado hasta ahora m¨¢s bien impulsos reformadores an¨¢rquicos y descompasados, parece que movidos por concretos intereses del partido gobernante.

As¨ª, determinadas reformas penales que "venden" seguridad ciudadana llegan, y de manera precipitada y poco reflexiva, en horas bajas del Gobierno, entre otras muchas causas porque la criminalidad ha crecido paulatinamente, hasta dispararse, durante sus dos mandatos. No ha habido tampoco un verdadero espacio de di¨¢logo que haga posible el consenso mayoritario, qued¨¢ndose al margen de la negociaci¨®n en numerosas ocasiones alg¨²n grupo parlamentario -por ejemplo, Izquierda Unida- o determinados colectivos corporativos -es el caso de determinadas asociaciones de jueces y fiscales-, y obvi¨¢ndose ese esp¨ªritu de consenso para reformas legislativas de gran calado -as¨ª pasa con las modificaciones de la Ley del Poder Judicial, el Estatuto del Ministerio Fiscal o la de prisi¨®n preventiva, de "juicios r¨¢pidos" o del C¨®digo Penal-.

Con todo lo anterior, sin duda el mayor de los desatinos del desarrollo del Pacto ha sido la exigua implicaci¨®n econ¨®mica para hacerlo viable demostrada por el Gobierno, que ha gastado casi un tercio de lo inicialmente presupuestado y prometido por ¨¦l mismo para los dos a?os de vigencia, con lo que, o bien no se ha avanzado en materias b¨¢sicas del acuerdo como son el plan estrat¨¦gico de infraestructuras y la agilizaci¨®n funcional de la Administraci¨®n de Justicia, o bien, incluso, se ha retrocedido en planta judicial, al crearse menos plazas de jueces en estos a?os que en tiempos pol¨ªticos anteriores al Pacto.

As¨ª pues, el Gobierno, como el grupo parlamentario que lo sostiene, no ha cumplido con el deber de impulso pol¨ªtico que contrajo con la sociedad para mejorar el estado de la Justicia, al apartarse del esp¨ªritu y metodolog¨ªa del Pacto que firm¨®, y lo ha hecho de manera ventajista tratando de legitimar su particular pol¨ªtica judicial al socaire de un pacto que es de todos. Por su parte, el PSOE no ha sabido exigir al Gobierno el desarrollo adecuado del acuerdo, y eso significa tambi¨¦n incumplimiento -por omisi¨®n- de sus deberes pol¨ªticos.

En este estado de cosas, si no se recuperan de nuevo, y pronto, las se?as de identidad del Pacto de Estado por la Justicia, ¨¦ste quedar¨¢ en papel mojado, y, a?adidamente, en sue?o de una noche de verano esa Justicia eficaz, moderna y transparente que promet¨ªa el mismo y merece la sociedad espa?ola, con las frustraciones de todo orden que acarrear¨¢ para todos, particularmente para los ¨²nicos responsables del fracaso, quienes, present¨¢ndose como protagonistas, se arrogaron el papel de impulsores del Pacto, alentaron a los dem¨¢s colectivos implicados a hacerlo suyo y, finalmente, ofrecieron en vano a la ciudadan¨ªa una justicia propia de una sociedad democr¨¢tica avanzada.

En cualquier caso, a tanta frustraci¨®n le queda la esperanza, tambi¨¦n democr¨¢tica, de que quienes as¨ª act¨²en paguen el precio de su deslealtad social all¨¢ donde los ciudadanos se lo exijan.

Juan Luis Rasc¨®n Ortega es magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia.