Maldici¨®n

Hay algo que pesa sobre nuestro futuro como si fuera una maldici¨®n gitana: tener que encarar el siglo XXI con unos mapas provinciales y locales concebidos en el siglo XIX. En Andaluc¨ªa, adem¨¢s, sucede que existen unas diputaciones provinciales que han seguido creciendo presupuestariamente, a pesar de que sus funciones mermaban y eran apartadas de lo que el Estatuto preve¨ªa para ellas: convertirse en la administraci¨®n perif¨¦rica de la Junta.

Las diputaciones andaluzas destinan la mayor parte de su presupuesto a mantener su burocracia. Su presencia ha ido aumentando en las capitales de provincia, que es donde est¨¢ el escaparate pol¨ªtico, mientras la asistencia a los peque?os municipios -que ser¨ªa su funci¨®n principal- se hace con las sobras presupuestarias.

Adem¨¢s, como los diputados no son elegidos directamente por los ciudadanos, sino por los partidos pol¨ªticos, las diputaciones se convierten en influyentes viveros de clientelismo, en los que encuentran refugio -en un curioso sistema de selecci¨®n negativa- los alcaldes y concejales que han ido perdiendo las elecciones en sus pueblos.

El borrador de los expertos de la segunda modernizaci¨®n prev¨¦ limitar la labor de las diputaciones y, hace una semana, el consejero de Gobernaci¨®n, Alfonso Perales, dec¨ªa en estas p¨¢ginas que "su papel primordial debe dirigirse a atender los municipios de menos de 20.000 habitantes" y que "es evidente que la ley va a obligar a un reequilibrio de responsabilidades".

La ley a la que se refiere Perales es la ley de Cooperaci¨®n Territorial, que, con la parsimonia que es habitual en los gobiernos de Chaves, sali¨® del Consejo de Gobierno hace diez meses y a¨²n no ha llegado al Parlamento. La ley es t¨ªmida y no traza un mapa comarcal de la regi¨®n, sino que propone tres grados de compromiso entre los que, si lo desean, pueden elegir los ayuntamientos: ¨¢reas metropolitanas, comarcas y entidades sectoriales. En ninguna de las tres opciones los responsables saldr¨ªan de las urnas, por lo que su peso pol¨ªtico ser¨ªa m¨ªnimo y se reproducir¨ªa el sistema clientelar de las diputaciones.

La Junta no se atreve a elaborar un mapa comarcal, y no ser¨¢ por falta de mapas: muchas empresas -desde el SAS hasta los distribuidores de bebidas- han organizado sus tareas seg¨²n su buen entender, improvisando mapas comarcales que rara vez coinciden entre una empresa y otra.

Una ley de este tipo merece ser aprobada por consenso de todos los partidos pol¨ªticos. Pero el PP propone justo lo contrario: aumentar el papel de las diputaciones y traspasar a los ayuntamientos algunas de las responsabilidades de la Junta. La propuesta del PP parece m¨¢s bien fruto de la coyuntura pol¨ªtica que de la reflexi¨®n y, adem¨¢s, cae en grandes contradicciones. Por ejemplo, hacer depender de los ayuntamientos las pol¨ªticas activas de empleo, lo que va en contra de la movilidad laboral pregonada por el Gobierno del PP, ya que los que buscan empleo tendr¨ªan que recurrir a sus ayuntamientos y dif¨ªcilmente podr¨ªan obtenerlo fuera de los l¨ªmites de su municipio. La propuesta del PP va a contramano: si algo nos sobra en Andaluc¨ªa son precisamente los localismos.