El Gobierno central aprueba la renta agraria sin aceptar las alegaciones sindicales y de la Junta

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer la norma que regula la renta agraria, la nueva prestaci¨®n para los jornaleros andaluces y extreme?os con cuyo anuncio se cerr¨® en enero el ¨²ltimo asunto pendiente del pulso que mantuvieron el a?o pasado el Gobierno y los sindicatos a ra¨ªz de la publicaci¨®n del decretazo. CC OO y UGT decidieron entonces abandonar las movilizaciones, aunque plantearon modificaciones contundentes al proyecto, exigencias que tambi¨¦n fueron suscritas y enviadas por la Junta de Andaluc¨ªa. El Ministerio de Trabajo ha mantenido su propuesta original sin aceptar las alegaciones.

El decretazo, que supon¨ªa una profunda reforma del sistema de protecci¨®n por desempleo, tambi¨¦n afect¨® al subsidio agrario, la prestaci¨®n que, con peque?os cambios, cobran desde 1985 los jornaleros andaluces y extreme?os (unos 365.000 de media). El decretazo cerraba este sistema a los jornaleros que lo hubiesen percibido en alguno de los tres ¨²ltimos a?os. Para los que se quedaran fuera, el Gobierno central plante¨® un sistema de protecci¨®n, similar al del r¨¦gimen general (un m¨ªnimo de tres meses de prestaci¨®n si se acumulan 360 d¨ªas cotizados), que los sindicatos rechazaron por inaplicable, dadas las limitadas posibilidades de empleo en el campo andaluz y extreme?o.

La presi¨®n sindical llev¨® al Gobierno a atender varias de las exigencias sindicales sobre el decretazo en noviembre pasado, pero no la que hac¨ªa referencia al subsdio agrario. Tras nuevas manifestaciones en Andaluc¨ªa y Extremadura y la amenaza de una huelga en el medio rural, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, present¨® la renta agraria, una nueva prestaci¨®n dise?ada para los jornaleros que se quedaron sin acceso al subsidio tras el decretazo. CC OO y UGT aceptaron, aunque con serios reparos: tanto los sindicatos como los Ejecutivos andaluz y extreme?o plantearon cambios, v¨ªa alegaciones al proyecto de decreto, a los que Zaplana augur¨® pocas posibilidades. Ahora, el ministro ha hecho buenos sus propios augurios.

La renta agraria garantiza la misma prestaci¨®n (el 75% del salario m¨ªnimo durante seis meses) por las mismas condiciones (35 peonadas) que el subsidio. E incluso permite elevar (hasta el 100% del salario m¨ªnimo si se presentaban m¨¢s peonadas (180). Tambi¨¦n asegura su car¨¢cter contributivo (genera derecho de pensi¨®n), como exig¨ªan los sindicatos, y prev¨¦ el dise?o de planes personalizados que dan prioridad a los jornaleros en cursos de formaci¨®n y talleres de empleo.

Pero, adem¨¢s, el decreto aprobado ayer endurece el acceso a la prestaci¨®n, al exigir diez a?os de empadronamiento en Andaluc¨ªa o Extremadura a los jornaleros, lo que, seg¨²n los sindicatos, es inconstitucional y conculca la Ley de Extranjer¨ªa al suponer una "discriminaci¨®n indirecta" para el colectivo de inmigrantes que trabajan en el campo. UGT y CC OO tambi¨¦n pidieron que el decreto no limitara a seis ocasiones el cobro del subsidio o que se incluyeran los jornales del Plan de Empleo Rural (obras p¨²blicas en las que los municipios contratan a jornaleros) para el recuento de peonadas, cuestiones todas ellas que el Ministerio no ha admitido. En sus alegaciones, la Junta recogi¨® estos asuntos e hizo hincapi¨¦ en otros, como la posible "discriminaci¨®n de g¨¦nero" por pedir un m¨ªnimo de cotizaci¨®n previa en el r¨¦gimen especial agrario (entre cinco y ventie a?os) a los mayores de 45 a?os, un requisito imposible de cumplir para muchas jornaleras.

Inconstitucionalidad

El Ejecutivo andaluz tambi¨¦n reflejaba una posible vulneraci¨®n de la "distribuci¨®n competencial" al no atribuir la gesti¨®n de los planes de empleo previstos para los perceptores de la renta agraria al Ejecutivo andaluz. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, indic¨® en febrero que la Administraci¨®n auton¨®mica estudiar¨ªa plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional si las alegaciones no eran aceptadas. Ayer, el portavoz de IU en el Parlamento andaluz, Antonio Romero, anunci¨® que su grupo va a solicitar la celebraci¨®n de un Pleno extraordinario para debatir la posibilidad de que la C¨¢mara recurra y de instar a la Junta a que siga la misma l¨ªnea.

Las direcciones regionales de CC OO y UGT esperar¨¢n a conocer el contenido ¨ªntegro del decreto para solicitar la misma medida al Parlamento y la Junta de Andaluc¨ªa.