El juez admite la querella de IU contra Fomento en el 'caso Prestige'

Los altos cargos de Fomento que decidieron alejar el Prestige de las costas espa?olas tras sufrir una aver¨ªa el 13 de noviembre de 2002 han vuelto a ser objeto de una querella criminal ante el juez que investiga esta tragedia. Primero fue la plataforma Nunca M¨¢is, ahora Izquierda Unida. Esta formaci¨®n se convertir¨¢ en acusaci¨®n popular tras ser admitida su denuncia por el juez de Corcubi¨®n, Javier Collazo.

El Gobierno debe afrontar, a su vez, una batalla judicial en Francia por los mismos hechos. Los sindicatos de ostricultores le han demandado ante el tribunal de Rochefort por v¨ªa civil como representante de la gesti¨®n del Estado espa?ol frente al Prestige, a la que imputan la marea negra sufrida en sus playas y por la que piden una indemnizaci¨®n de 10 millones de euros.

La querella de IU atribuye el "agravamiento" de la aver¨ªa inicial del petrolero a la respuesta de tres cargos p¨²blicos: el capit¨¢n mar¨ªtimo de A Coru?a, ?ngel del Real; el director general de Marina Mercante, Jos¨¦ Luis L¨®pez-Sors, y el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fern¨¢ndez de Mesa. Todos ellos se hallaban ya imputados en esta causa.

IU les achaca en su querella haber denegado el acceso a un puerto o zona de abrigo al petrolero siniestrado "desoyendo las razones de ¨ªndole exclusivamente t¨¦cnica que deber¨ªan haber guiado tal decisi¨®n". "De esta manera prolongaron los vertidos a lo largo de una amplia franja del litoral gallego, sometieron al buque a la navegaci¨®n en medio de un temporal adverso (con el consiguiente sobreesfuerzo para la estructura de por s¨ª da?ada) y, finalmente, lo condujeron al punto donde se produjo su hundimiento, directamente al ¨¢rea barrida por la denominada corriente de Navidad, corriente marina que discurre en direcci¨®n norte y que traslad¨® inmediatamente despu¨¦s del hundimiento los vertidos hacia la costa de Galicia, Asturias, Cantabria, Pa¨ªs Vasco y Francia", concluye la denuncia.

El auto de admisi¨®n destaca "que los hechos que se detallan en la querella coinciden sustancialmente con los que se vienen investigando en el curso de las presentes diligencias". El auto proclama que no se advierten hasta la fecha indicios de responsabilidad criminal en la actuaci¨®n de la Administraci¨®n General del Estado en tanto que persona jur¨ªdica, pero deja abierta una puerta a las consecuencias jur¨ªdicas de la actuaci¨®n estatal por culpa de las actuaciones de sus gestores: "Sin perjuicio de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido tales entidades [el Estado espa?ol, entre otras] como consecuencia de alguno de los hechos cometidos por personas de quienes vinieran obligadas a responder y que son objeto de estas diligencias".

El juez admite tambi¨¦n la querella de IU contra otros actores de la tragedia ecol¨®gica, como el capit¨¢n del Prestige, Ap¨®stolos Mangouras; el naviero del petrolero, Mare Shipping, y su armador, Universe Maritime.

Por contra, aunque no descarta un giro incriminador si la instrucci¨®n as¨ª lo aconseja, rechaza la querella de IU contra Remolcanosa, propietaria del remolcador R¨ªa de Vigo enviado en socorro del petrolero por la Administraci¨®n, ya que su "actuaci¨®n el 13 de noviembre de 2002, en las horas previas al inicio de los intentos de remolcaje fallido del buque siniestrado, se produjo en ejecuci¨®n del contrato por dicha entidad con la empresa p¨²blica Sasemar y, por consiguiente, bajo la ¨²nica direcci¨®n de la sociedad estatal de salvamento".