La cuesti¨®n tecnol¨®gica

Hace escasos d¨ªas apareci¨® una noticia de singular relevancia: Espa?a tiene la novena econom¨ªa mundial, pero s¨®lo ocupa el vig¨¦simo lugar en la sociedad de la informaci¨®n (El PA?S, Negocios, 20 de abril de 2003). Este es un desfase estridente que viene de lejos y parece indicar la despreocupaci¨®n que los poderes p¨²blicos han tenido (y suma y sigue) ante la cuesti¨®n tecnol¨®gica. Si nos instalamos en esta distracci¨®n, los avances de nuestra relativa modernizaci¨®n quedar¨¢n est¨²pidamente desfasados porque quien ha seguido adelante no se parar¨¢ y los que a¨²n est¨¢n rezagados procurar¨¢n tomar carrerilla. De manera que, sin m¨¢s pre¨¢mbulo, expongo la siguiente idea: necesitamos un Pacto Social por la Innovaci¨®n Tecnol¨®gica, porque si tama?a noticia tiene la suficiente enjundia, m¨¢s todav¨ªa lo es la exigencia de la fase actual que un servidor califica de innovaci¨®n-reestructuraci¨®n de los aparatos industriales y de servicios. Me excuso por el siguiente exabrupto: para m¨ª tiene m¨¢s importancia la necesidad de intervenir en el hecho tecnol¨®gico que cualquier reforma institucional (cosa que no desde?o), por importante que aparezca.

A mi juicio, los sujetos constructores del pacto deber¨ªan ser los agentes sociales, los operadores econ¨®micos y la Administraci¨®n. Esto es, lo que se llama acuerdo tripartito. Me interesa aclarar que siendo importante su momento inicial, de arranque, lo m¨¢s llamativo del acuerdo ser¨ªa que tuviera un car¨¢cter itinerante, es decir, un proceso sostenido en el tiempo, en plena concordancia con la innovaci¨®n-reestructuraci¨®n que, en mi opini¨®n, requiere lo que se definir¨ªa como welfare tecnol¨®gico. Desde luego, con independencia de los estrictos contenidos que deber¨ªan fijar los sujetos constructores del pacto social, tengo para m¨ª que son imprescindibles dos grandes cuestiones: 1) la puesta en marcha de una potente industria y un mercado del saber, y 2) la elaboraci¨®n de un Estatuto del saber. Cosas ambas que la pol¨ªtica ha descuidado considerablemente, cosas ambas que precisa nuestro pa¨ªs si quiere recuperar el mucho tiempo perdido, cosas ambas que podr¨ªan provocar una extraordinaria tensi¨®n creativa entre los llamados sujetos constructores del pacto de largo recorrido, aunque m¨¢s bien es una nueva cultura contractual. Entiendo por industria del saber las imprescindibles infraestructuras (en el centro de trabajo, la ense?anza y la sanidad) capaces de impulsar la indispensable modernizaci¨®n de los aparatos productivos y de servicios, incluidos los de car¨¢cter p¨²blico. El Estatuto del saber ser¨ªa el universo de los derechos, propios de esta fase posfordista, orientados a lo que podr¨ªamos insinuar as¨ª: "M¨¢s saberes para todos". En resumidas cuentas, es un proyecto propulsivo y reformador, inagotable porque el saber es un bien que, al contrario de los dem¨¢s, cuanto m¨¢s se usa no se consume, sino que se multiplica: el capital cognitivo tiene esta caracter¨ªstica. Las consecuencias del Estatuto del saber ser¨ªan, entre otras, un sistema de formaci¨®n radicalmente distinto del actual, al go as¨ª como una preparaci¨®n permanente durante el arco de toda la vida laboral como elemento de control de los cambios fren¨¦ticos y desarrollo de la autonom¨ªa gratificante de cada cual. Pero tambi¨¦n esta acumulaci¨®n de saberes es un capital necesario para abordar la (veloz) polivalencia de las nuevas tecnolog¨ªas y transformar la flexibilidad, entendida como patolog¨ªa social, en nuevas oportunidades de autorrealizaci¨®n personal.

Lo que trato de decir es: como el saber ser¨¢ siempre el motor determinante del desarrollo, debe estar en el centro de los derechos y ser la expresi¨®n de una renovada idea de justicia social. Del mismo modo que no se explicar¨ªa el avance de civilizaci¨®n que supuso la relaci¨®n de anta?o entre cultura y democracia, hoy (y a partir de hoy) no tendr¨ªa sentido no abordar de lleno la ense?anza digital gratuita y obligatoria, tambi¨¦n como bander¨ªn del pacto social por la innovaci¨®n tecnol¨®gica.

Jos¨¦ Luis L¨®pez Bulla es diputado en el Parlament por ICV.