La Abogac¨ªa y la Fiscal¨ªa recurrir¨¢n ante el Supremo 225 listas de Euskadi y Navarra

La semana que hoy empieza es decisiva para llevar adelante la ilegalizaci¨®n de 225 listas electorales presentadas en Euskadi y Navarra que el Gobierno central sospecha que son "Batasuna con un sombrero nuevo". Las Juntas Electorales proclamar¨¢n hoy oficialmente las listas. El equipo de trabajo que se constituy¨® el 5 de agosto en el Ministerio de Justicia para impulsar la ilegalizaci¨®n de Batasuna prepara una catarata de demandas para anular 225 candidaturas. Todos los recursos contra las listas ser¨¢n presentados por la Abogac¨ªa del Estado y la Fiscal¨ªa General y la hip¨®tesis m¨¢s probable es que todos ellos desglosen en una demanda general los criterios esgrimidos en su d¨ªa para ilegalizar a Batasuna.

El Gobierno quiere desenmascarar aquellas candidaturas que son "un disfraz de ETA"

Los ministerios de Interior y de Justicia trabajan conjuntamente, seg¨²n fuentes del Gobierno consultadas ayer por este peri¨®dico, para "impedir que ETA siga aliment¨¢ndose de las instituciones democr¨¢ticas y dejar al terrorismo fuera de las instituciones". La sinton¨ªa de los titulares de ambos departamentos, ?ngel Acebes y Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, facilita tambi¨¦n este trabajo conjunto.

Este fin de semana, el equipo que, desde Justicia, dirigen ?lvaro Garc¨ªa Tiz¨®n, abogado general del Estado, y la subsecretaria del ministerio, Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa Beato, ha ultimado los detalles jur¨ªdicos del procedimiento contra "unas 225 listas electorales" que el Ejecutivo considera "el disfraz pol¨ªtico de ETA". En estas candidaturas se presentan m¨¢s de 700 personas que en las pasadas listas municipales integraron listas de Euskal Herritarrok, luego Batasuna.

El trabajo, por parte de la Fiscal¨ªa General del Estado est¨¢ coordinado por el fiscal jefe de lo Contencioso y por los fiscales jefes del Pa¨ªs Vasco, Navarra y las tres provincias vascas.

En el Ministerio del Interior, la tarea que se ultimaba este fin de semana, "de forma minuciosa

y con la colaboraci¨®n de las Delegaciones del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco", consiste en "cruzar los nombres de todas y cada una de las candidaturas para ver similitudes" con el partido independentista vasco ahora ilegalizado por el Supremo tras las demandas presentadas por el Gobierno central y la Fiscal¨ªa General del Estado.

El jueves, los recursos

Los planes de la Abogac¨ªa del Estado y de la Fiscal¨ªa General consisten en

agotar el plazo y el jueves, ¨²ltimo d¨ªa para presentar los recursos, presentar¨¢n sus demandas por supuesta vulneraci¨®n de la Ley de Partidos Pol¨ªticos ante la Sala Especial del Tribunal Supremo.

Se tratar¨ªa, seg¨²n fuentes que trabajan en las demandas contra las 225 listas en las que han visto elementos comunes con la formaci¨®n ilegalizada, de "trasladar lo evidente a las pruebas jur¨ªdicas".

Un miembro del Gobierno recordaba ayer que cuando el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, declar¨® en la Audiencia Nacional contra HB dijo que "hasta los ni?os de teta saben que ETA y Batasuna son lo mismo". Ahora, a?aden estas fuentes, "se trata de trasladar lo evidente a las pruebas jur¨ªdicas". Mantienen que esto t¨¦cnicamente significa "aplicar una previsi¨®n jur¨ªdica que existe desde el 26 de julio del a?o pasado", es decir, aplicar la Ley de Partidos y, en concreto, su art¨ªculo 12, que define los efectos de la disoluci¨®n judicial de un partido pol¨ªtico. Ese art¨ªculo 12 explica que el PP haya optado por dejar todo el peso de la presentaci¨®n de las demandas ante el Tribunal Supremo a la Abogac¨ªa y a la Fiscal¨ªa del Estado, en lugar de sumar, como una v¨ªa paralela, los recursos de los propios partidos ante las Juntas Electorales.

Esta decisi¨®n del PP, anunciada el viernes por Jaime Mayor Oreja, se apoya en que el art¨ªculo 12.2 de la Ley de Partidos, que fija que debe ser la "sala sentenciadora", es decir, la Sala Especial del Tribunal Supremo en este caso, quien se ocupe de que "que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disoluci¨®n de un partido pol¨ªtico".

La argumentaci¨®n jur¨ªdica b¨¢sica para demostrar que tanto la plataforma AuB, que presenta candidaturas a las tres diputaciones forales vascas y a la comunidad de Navarra, como las agrupaciones independientes de electores que se presentan al menos en 194 municipios vascos, son "una nueva marca con la que ETA intenta aprovecharse de las instituciones democr¨¢ticas", seg¨²n la calificaci¨®n del Ejecutivo, se apoyar¨¢ en la disposici¨®n adicional segunda de la Ley de Partidos.

Esa disposici¨®n dice textualmete: "No podr¨¢n presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido pol¨ªtico declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido". Las "similitudes" que analizan en el Ministerio del Interior para contrastar si se est¨¢ produciendo, en la pr¨¢ctica, esa "sucesi¨®n" es que "o las personas, o los medios, o las sedes, o las v¨ªas de financiaci¨®n, o incluso el proyecto muestren coincidencias".

Fuentes del Ejecutivo conf¨ªan en que el "porcentaje de ilegalizaci¨®n" que se logre con la "catarata de demandas que la Abogac¨ªa del Estado y la Fiscal¨ªa General" presentar¨¢n el jueves ante el Supremo sea "muy alto, pues son muy descarados".

En concreto, destacan, "AuB ha hecho una confesi¨®n de parte de que es el sucesor natural de Batasuna y en las candidaturas de supuestos independientes estamos encontrando un elevad¨ªsimo porcentaje de personas que ya participaron en las listas del partido abertzale ilegalizado". En todo caso, estas fuentes admiten que "la prueba es m¨¢s f¨¢cil con AuB que con las agrupaciones de electores".

En opini¨®n del l¨ªder de los populares vascos, Jaime Mayor, "es m¨¢s importante que la ilegalizaci¨®n afecte a la marca de ETA en los pueblos peque?os que en las ciudades. El motivo, a su juicio, es que "el nacionalismo se ha repartido los ¨¢mbitos de influencia y ha dejado al PNV las ciudades y a ETA los pueblos".

La anulaci¨®n de las candidaturas por parte de la Sala Especial del Tribunal Supremo puede ser recurrida por los afectados ante el Tribunal Constitucional, que deber¨¢ resolver estos recursos antes del comienzo de la campa?a electoral, el pr¨®ximo viernes 9 de mayo.