El Gobierno considera secretos los informes jur¨ªdicos en que bas¨® su apoyo a la guerra

El Gobierno se ha negado a remitir al Congreso los informes jur¨ªdicos en que bas¨® su apoyo a la guerra de Irak alegando, entre otras razones, su car¨¢cter "clasificado"; es decir, secreto. Ante tan sorprendente respuesta, el diputado socialista Rafael Estrella, que reclam¨® los informes, ha pedido a la Mesa del Congreso que declare la "inadmisibilidad" de la respuesta del Ejecutivo y le inste a remitir "con car¨¢cter urgente" la documentaci¨®n solicitada. Estrella recuerda que la Ley de Secretos Oficiales s¨®lo permite clasificar informaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y defensa de Espa?a.

?Puede un informe jur¨ªdico, que no es sino la enumeraci¨®n de las normas de derecho interno e internacional, por su propia naturaleza de car¨¢cter p¨²blico, que avalan una decisi¨®n pol¨ªtica ser clasificado como secreto?

El diputado socialista Rafael Estrella lo considera un desprop¨®sito, pero el Gobierno lo ha hecho. As¨ª, al menos, se deduce de las tres respuestas que ha recibido a la petici¨®n que present¨® para que se le remitieran los informes jur¨ªdicos en que se bas¨® el Ejecutivo para apoyar la intervenci¨®n militar contra Irak.

Con ligeras variaciones, las tres respuestas utilizan id¨¦ntico argumento: "El Ministerio de Defensa no considera posible hacer llegar a su Se?or¨ªa copias de los informes o dict¨¢menes jur¨ªdicos que se han ido elaborando sobre los distintos aspectos de la crisis de Irak, por ser variados, de diversa procedencia, parciales, globales, clasificados, etc.".

A continuaci¨®n, el Gobierno se remite a las comparecencias parlamentarias de sus ministros, en las que "ha tenido ocasi¨®n de exponer en detalle su punto de vista sobre la crisis de Irak".

Lo primero que ha llamado la atenci¨®n del diputado es que le conteste el Ministerio de Defensa, cuando su solicitud se refer¨ªa a los "informes o dict¨¢menes jur¨ªdicos obrantes en la Administraci¨®n General del Estado".

El Ejecutivo sugiere que todo el armaz¨®n jur¨ªdico de su pol¨ªtica ha reca¨ªdo en los servicios del Ministerio de Defensa, prescindiendo del Ministerio de Asuntos Exteriores, pese a que fue la jefa de la diplomacia espa?ola, Ana Palacio, quien fij¨® en el Consejo de Seguridad de la ONU la posici¨®n espa?ola sobre Irak.

Riesgo para la seguridad

Estrella considera que el hecho de que los informes sean "variados, de diversa procedencia, parciales o globales" no supone raz¨®n suficiente para negarlos al Parlamento pues, aunque se tratara de una documentaci¨®n voluminosa, lo que el Gobierno no dice, hay procedimientos para que los diputados puedan acceder a la misma, como se ha hecho en ocasiones precedentes.

Pero lo m¨¢s llamativo es que el Gobierno apele al car¨¢cter "clasificado" de algunos informes, sin especificar cu¨¢les son, ni qu¨¦ autoridad, de las legalmente capacitadas para ello, ha decidido declararlos secretos. En el escrito que ha presentado a la Mesa del Congreso, el diputado socialista recuerda que la ley de Secretos Oficiales, tras subrayar que "los ¨®rganos del Estado est¨¢n sometidos en su actividad al principio de publicidad, establece que podr¨¢n ser declaradas materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda da?ar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado".

"Teniendo en cuenta", alega Estrella, "que de ning¨²n modo puede poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado el conocimiento de informes o dict¨¢menes de contenido estrictamente jur¨ªdico sobre actuaciones p¨²blicas, su clasificaci¨®n s¨®lo ser¨ªa la evidencia de que dichos informes desmentir¨ªan la posici¨®n del Gobierno sobre la legalidad de su actuaci¨®n, lo que supondr¨ªa una arbitrariedad inadmisible".

Pero incluso si los informes estuviesen legalmente clasificados, el Gobierno tendr¨ªa que permitir el acceso del Congreso a su contenido a trav¨¦s de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales.

En su escrito a la Mesa del Congreso, el diputado recuerda que el art¨ªculo 7 del Reglamento de la C¨¢mara obliga al Gobierno a entregar la documentaci¨®n solicitada, salvo que existan "razones fundadas en Derecho que lo impidan", mientras que en este caso el Ejecutivo se ha negado a hacerlo sin alegar norma alguna y remiti¨¦ndose a comparecencias parlamentarias que tienen valor pol¨ªtico, pero no jur¨ªdico.

Obstaculizar arbitrariamente el trabajo de los parlamentarios, neg¨¢ndoles informaci¨®n necesaria para ejercer su tarea de control sobre el Gobierno, supone una vulneraci¨®n del derecho fundamental de participaci¨®n pol¨ªtica establecido en el art¨ªculo 23.2 de la Constituci¨®n, agrega.

Por todo ello, el diputado socialista pide que la Mesa del Congreso "declare la inadmisibilidad de las contestaciones del Gobierno", le inste a "la remisi¨®n con car¨¢cter urgente de la documentaci¨®n citada" e informe de las gestiones que realice con este fin.