Clos multa al Ministerio de Defensa y le exige desalojar los cuarteles de Sant Andreu
Unos 300 inmigrantes y 'okupas' viven en las instalaciones militares, cada vez m¨¢s degradadas
Nadie sabe cu¨¢ntos inmigrantes sobreviven en penosas condiciones en los cuarteles de Sant Andreu. Se calcula que m¨¢s de 300. Pero lo que s¨ª est¨¢ claro es que sus d¨ªas all¨ª est¨¢n contados. Ayer el Ayuntamiento de Barcelona exigi¨® al Ministerio de Defensa, en su calidad de propietario de las instalaciones, que las desaloje y le mult¨® por segunda vez por "incumplimiento reiterado de los requerimientos de limpieza". El portavoz del consistorio, Ernest Maragall, acus¨® al Gobierno del PP de ejercer "una pol¨ªtica activa contra Barcelona". La Delegaci¨®n del Gobierno respondi¨® que el desalojo est¨¢ en manos de la Justicia.
El alcalde de Barcelona, Joan Clos, exigi¨® ayer por carta a la delegada del Gobierno en Catalu?a, Julia Garc¨ªa Valdecasas, el desalojo inmediato de los cuarteles de Sant Andreu, al tiempo que el portavoz del gobierno local y concejal de Presidencia y Hacienda, Ernest Maragall, denunci¨® la "agresi¨®n institucional" del Gobierno central hacia Barcelona por su desinter¨¦s sobre la sensaci¨®n de alarma e inseguridad que se vive en el barrio de Sant Andreu. M¨¢s de 300 personas entre inmigrantes y okupas malviven en los cuarteles rodeadas de basura y en condiciones de absoluta insalubridad, de modo que esta ocupaci¨®n masiva est¨¢ causando cada vez m¨¢s tensi¨®n en el barrio, hasta el punto de que el pasado s¨¢bado un grupo de vecinos boicote¨® un acto electoral del alcalde y candidato, Joan Clos.
El Ayuntamiento ha sancionado por segunda vez al ministerio como propietario de las instalaciones, por el "incumplimiento reiterado de los requerimientos de limpieza" de los dos cuarteles, el de la Artiller¨ªa y el de la Maestranza, situados en el paseo de Torres i Bages, de unos 100.000 metros cuadrados. El problema reside en que hay un convenio de intenciones de compra por parte del Ayuntamiento de uno de los cuarteles para destinarlo a equipamientos, pero con la condici¨®n de que est¨¦ libre de ocupantes. El otro cuartel, en cambio, est¨¢ vinculado a la reforma de la zona por la llegada del AVE a la Sagrera.
Ayer, la Delegaci¨®n del Gobierno desminti¨® las acusaciones del Ayuntamiento y record¨® que Defensa ha acudido varias veces a los tribunales para pedir el desalojo de los cuarteles por la v¨ªa penal, pero ¨¦stos lo desestimaron. La ¨²ltima iniciativa de Defensa, presentada la semana pasada, ha sido instar el desahucio de los ocupantes por la v¨ªa civil.T¨¦cnicos de la Cruz Roja iniciaron ayer las entrevistas con los inmigrantes sin papeles
que viven en los antiguos cuarteles de Sant Andreu, como primer paso del operativo para realojar a quienes est¨¦n en situaci¨®n de mayor vulnerabilidad. La tarea principal de esta organizaci¨®n es informar, orientar y derivar hacia los servicios sociales a los m¨¢s necesitados, un proceso que puede durar semanas porque es lento y muy detallado.
En los cuarteles, la noticia sobre el requerimiento para ser desalojados no sorprendi¨® ayer a nadie. La raz¨®n es que vivir en condiciones tercermundistas en una ciudad como Barcelona sumerge a cualquiera en el des¨¢nimo.
La situaci¨®n de insalubridad, agravada por las temperaturas de los ¨²ltimos d¨ªas, es apabullante. A la entrada de uno de los cuarteles, un profundo hedor a basura y heces golpea la cara del visitante, que queda pasmado en la entrada de acceso del inmenso patio militar ante los cientos de bolsas de basura tiradas por el suelo y colgadas de los ¨¢rboles. S¨®lo al cruzar la puerta del paseo de Torras i Bages, una nube de moscas recibe a los habitantes de las instalaciones. "Pues si aqu¨ª no, a otro sitio iremos", chapurrea en un escaso castellano Taye Byahiaoui, un argelino de 35 a?os que malvive en los cuarteles desde hace ocho meses. "Trabajo, poco", prosigue Byahiaoui, quien se gana unos euros vendiendo en el mercado de los Encantes
cosas que se encuentra en la basura.
Sin agua, con la luz puenteada y dos macetas algo resecas que intentan alegrar la ventana, Rachid Bradi, de 26 a?os y tambi¨¦n argelino, no se sorprende al ser informado de que se ha pedido su desalojo. Bradi se expresa en italiano, que aprendi¨® cuando viv¨ªa en Tur¨ªn antes de decidir acudir a Barcelona "para intentar conseguir documentaci¨®n y trabajar". Cuenta que antes se buscaba la vida arreglando televisores, pero que hoy no tiene trabajo con el que sobrevivir. "Me ir¨¦ con mis otros dos amigos, y ya encontraremos otro sitio", explica fr¨ªamente y encogi¨¦ndose de hombros. Bradi no ha hablado con la Cruz Roja y no sabe si lo har¨¢. El Gobierno catal¨¢n encarg¨® en abril a la Cruz Roja que estableciera un dispositivo para proporcionar alojamiento y prestaciones b¨¢sicas a los inmigrantes extracomunitarios que viven en el recinto, el 80% de los cuales son varones y viven solos.
Informe para la ONU
El Observatorio de Derechos Humanos Desc, de car¨¢cter internacional, ha remitido un informe sobre los cuarteles de Sant Andreu al relator de vivienda de la ONU, Miloon Kothari, que los visit¨® el pasado noviembre. El estudio indica que la situaci¨®n de los inmigrantes y okupas que all¨ª malviven no es m¨¢s que un reflejo "del fracaso de las pol¨ªticas p¨²blicas de vivienda e inmigraci¨®n de la ciudad", por lo que se "constata la necesidad, m¨¢s all¨¢ de la problem¨¢tica de la cuesti¨®n, de medidas urgentes por parte de las administraciones".
El informe subraya que desde las primeras ocupaciones, que datan de 1997, ni el Ayuntamiento, ni la Generalitat, ni la Delegaci¨®n del Gobierno han actuado en el saneamiento de las instalaciones, la recogida de basuras o la atenci¨®n social de emergencia. El Observatorio Desc concluye que la renovaci¨®n urbana de Barcelona est¨¢ ocasionado la expulsi¨®n de los sectores m¨¢s desfavorecidos: los j¨®venes, los ancianos y los inmigrantes.
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