El PP en Catalu?a: 'eppur si muove'

Los resultados de las pasadas elecciones en Catalu?a est¨¢n suscitando m¨¢s comentarios de lo habitual. Ello resulta l¨®gico ya que, por razones conocidas, han tenido una entidad mayor que el de unas simples elecciones locales y, adem¨¢s, han aportado sorpresas inesperadas. Sin embargo, este comentario no va a tratar de estos resultados, sino del inquietante e impune clima social, pol¨ªtico y medi¨¢tico en el que se ha desarrollado la campa?a electoral, clima que lleva a?os incub¨¢ndose en Catalu?a sin que, al parecer, a casi nadie preocupe.

Para empezar por lo m¨¢s significativo: el PP no ha podido desarrollar de forma libre la propaganda electoral a la que todo partido tiene derecho y, adem¨¢s, se ha visto desamparado por los dem¨¢s partidos y por los medios de comunicaci¨®n, m¨¢s all¨¢ de condenas formales que, en el fondo, dejaban entrever impl¨ªcitamente que ese trato lo ten¨ªan merecido. El boicoteo de sus actos p¨²blicos, los insultos a que han sido sometidos sus candidatos, los ataques a sus sedes, han sido casi ocultados a la opini¨®n p¨²blica y, en todo caso, apenas han suscitado reacci¨®n social alguna.

Todo ello es indicativo de que, en ese punto, el clima pol¨ªtico en Catalu?a -probablemente tambi¨¦n en otras partes de Espa?a, en todo caso seguro en el Pa¨ªs Vasco, con formas mucho m¨¢s graves- no es el m¨¢s adecuado al que es propio en un Estado democr¨¢tico de derecho. Y ante ello, los otros partidos, los medios de comunicaci¨®n e, incluso, los poderes p¨²blicos han permanecido peligrosamente silenciosos.

En una democracia, respetar las reglas del juego constituye un deber primero y fundamental. La libertad de expresi¨®n y el derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n forman parte del n¨²cleo de los derechos pol¨ªticos b¨¢sicos: si cualquiera de ellos se encuentra viciado, todo el proceso democr¨¢tico se contagia. Desviar la vista hacia otro lado, inhibi¨¦ndose de la defensa de estos derechos, no indica otra cosa que complicidad con actitudes antidemocr¨¢ticas.

La sociedad catalana tiene fama de tolerante, de respetar las diversas corrientes de opini¨®n que se producen en su seno. Sin embargo, esta fama, como tantas famas adquiridas en ¨¦pocas pasadas, poco se corresponde con ciertas realidades. El libre debate en Catalu?a est¨¢ sometido a l¨ªmites ileg¨ªtimos: hay ciertos temas que no pueden ser objeto de discusi¨®n y en cuanto alguien los plantea se le acusa de atentar contra la convivencia. A quienes as¨ª se expresan no les preocupa tanto la convivencia como el poder que han adquirido: saben que son incapaces de defender sus posiciones con argumentos racionales y simplemente por ello pretenden apartar tales temas de la deliberaci¨®n p¨²blica. Catalu?a es para los incluidos en su oasis un territorio de tolerancia; para los arrinconados en el gueto, un territorio de exclusi¨®n.

El PP, pese a haber obtenido el 11% de los sufragios, se halla, por ahora, en el gueto de los excluidos. Ello hace que sus resultados electorales -y todav¨ªa m¨¢s los obtenidos en otras zonas de Espa?a- sean para algunos motivo de sorpresa e incredulidad: "Pero ?no hab¨ªamos borrado a este partido de nuestra vista?, ?qui¨¦n, siendo catal¨¢n, puede votar todav¨ªa al PP?". ?stas han sido las preguntas que muchos se han formulado estos d¨ªas. La explicaci¨®n es obvia: como el voto, afortunadamente, es secreto, algunos han entrado sigilosamente en los colegios electorales y, sinti¨¦ndose fuera del gueto, han decidido libremente expresar lo que en p¨²blico -reuni¨¦ndose, manifest¨¢ndose, hablando, escribiendo- siempre callan: han votado al PP.

Dos noticias de la semana pasada me han llevado a reflexionar sobre esta anomal¨ªa democr¨¢tica de nuestra sociedad. La primera fue la resoluci¨®n de la Junta Electoral Central sobre las precauciones que los presidentes de mesa deb¨ªan tomar para que el voto de los ciudadanos se emitiera sin coacciones. La Junta hizo una aplicaci¨®n perfectamente adecuada del art¨ªculo 93 de la Ley Electoral, que protege algo tan elemental en democracia como es el sufragio libre. Pues bien, durante dos d¨ªas, en las tertulias de las radios catalanas se impon¨ªa el criterio generalizado de que tal interpretaci¨®n de la ley no era otra cosa que una imposici¨®n m¨¢s del PP, desconociendo, naturalmente, la legislaci¨®n que ampara tal resoluci¨®n e incluso, supongo, la composici¨®n de la Junta Electoral, en la que est¨¢n representados los diversos partidos.

La segunda noticia, que a¨²n colea, es la negativa de Atutxa, presidente del Parlamento vasco, a cumplir una sentencia judicial, alegando algo tan contrario al actual ordenamiento constitucional como es la "soberan¨ªa" del Parlamento. Estuve escuchando tambi¨¦n las tertulias de las radios catalanas: ni una voz dijo que la posici¨®n de Atutxa era jur¨ªdicamente insostenible y que la C¨¢mara vasca estaba obligada -como los dem¨¢s poderes p¨²blicos- a cumplir las sentencias judiciales, algo elemental en un Estado de derecho. Hasta diputados con m¨¢s de 20 a?os de experiencia parlamentaria se sumaban al coro un¨¢nime de quienes dec¨ªan que ello constitu¨ªa un atentado m¨¢s contra el pueblo vasco: ninguna discrepancia en la tertulia, acuerdo total. La culpa era del PP.

En Catalu?a -y probablemente tambi¨¦n en el resto de Espa?a, aunque con otras caracter¨ªsticas- la mayor¨ªa de los medios de comunicaci¨®n se han convertido en comunidades cerradas, al modo de iglesias laicas, en las cuales se han trazado unos l¨ªmites impl¨ªcitos a una opini¨®n dominante, reduciendo el pluralismo s¨®lo a lo que es pol¨ªticamente correcto. Es decir, existe pluralismo, pero ¨²nicamente acotado a determinados temas. En lo dem¨¢s, la opini¨®n es uniforme. Una buena parte de los ciudadanos no leen o escuchan los medios de informaci¨®n para ensanchar el abanico de opiniones que reciben y poder formar una opini¨®n propia, sino para reafirmarse, d¨ªa a d¨ªa, en la que ya poseen de antemano.

La sorpresa les llega el d¨ªa de las elecciones: "No puede ser que alguien vote al PP porque nadie va a favor del PP". Exactamente: nadie de los medios de comunicaci¨®n que usted escucha va a favor del PP. Pero, a pesar de los ileg¨ªtimos impedimentos antidemocr¨¢ticos, el PP de Cataluna eppur si muove.

Francesc de Carreras es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la UAB.