El salario del miedo

Es un t¨ªtulo cl¨¢sico del cine negro franc¨¦s de trasfondo existencialista. Es aplicable a veces a una cuesti¨®n tambi¨¦n existencial, como es la compensaci¨®n econ¨®mica de los pol¨ªticos. Puede hablarse en este asunto de un salario del miedo por el temor que suscita a menudo tratarlo con la transparencia y claridad que reclama una democracia sana.

Para algunos, es asunto inc¨®modo sobre el que es mejor pasar de puntillas. La retribuci¨®n econ¨®mica de los cargos electivos -en el ¨¢mbito municipal, auton¨®mico o estatal- puede convertirse en carnaza para la demagogia, pero ello no obsta a que se trate con la debida publicidad. Y es cuando menos sorprendente que se haga de manera vergonzante, como cuando el Parlamento catal¨¢n aprueba en sesi¨®n secreta su propio presupuesto y con ¨¦l la retribuci¨®n de sus parlamentarios y funcionarios.

?Por qu¨¦ es exigible mayor transparencia en este asunto? No s¨®lo porque la democracia debe rechazar la regla del secreto y reservarla ¨²nicamente para asuntos excepcionales relacionados con la seguridad p¨²blica o la intimidad de las personas. Tambi¨¦n porque la compensaci¨®n econ¨®mica de los pol¨ªticos tiene relaci¨®n con la selecci¨®n y el rendimiento de las personas a las que se conf¨ªa la representaci¨®n electiva y, por esta raz¨®n, con la misma calidad de la democracia.

?Qu¨¦ debe exigirse a los titulares de funciones representativas? Entre otras cosas, que sean competentes, dedicados y que no se eternicen en sus posiciones impidiendo una razonable renovaci¨®n del personal. Se habla a menudo de la limitaci¨®n de mandatos, y es una propuesta que suscribo. Pero esta limitaci¨®n no ser¨¢ eficaz si no va acompa?ada de otras medidas, entre ellas, las econ¨®micas. Sin una retribuci¨®n razonablemente atractiva, ser¨¢ dif¨ªcil contar con personas competentes para tareas que en el mundo profesional reciben salarios de cierta entidad. Sin una compensaci¨®n proporcionada, ser¨¢ complicado asegurar su dedicaci¨®n y protegerlas contra la tentaci¨®n de complementar dicha compensaci¨®n -durante o despu¨¦s del ejercicio del cargo- mediante relaciones dudosas o francamente reprobables con sectores privados. Finalmente, sin una indemnizaci¨®n en el momento de su cese que facilite su reincorporaci¨®n a la vida ciudadana, fomentaremos carreras pol¨ªticas vitalicias que no ayudan a la saludable rotaci¨®n de los cargos.

El Parlament de Catalunya acaba de dar un paso. A finales de marzo aprob¨® por unanimidad la ley que regula el estatuto de los ex presidentes de la Generalitat y de su Parlamento. La parte m¨¢s sustantiva de la ley se refiere a la compensaci¨®n econ¨®mica y a la pensi¨®n fijada para sus beneficiarios. La compensaci¨®n en el momento de cesar en el cargo se ha fijado en el 80% de la retribuci¨®n que perciben cuando lo ejercen, durante la mitad de los a?os en que lo han ocupado y siempre por un m¨ªnimo de cuatro a?os. Esta retribuci¨®n anual se sit¨²a en torno a 90.000 euros. La pensi¨®n por jubilaci¨®n -que podr¨¢ percibirse a partir de los 65 a?os- equivaldr¨¢ al 60% del sueldo. En ambos casos, la percepci¨®n de dichas cantidades es incompatible con otras compensaciones derivadas de actividades p¨²blicas, pero no de las privadas.

?Se trata de cantidades demasiado generosas? Lo parece, si se tienen en cuenta las condiciones de la mayor¨ªa de los trabajadores y trabajadoras del pa¨ªs y de sus pensionistas. Especialmente, cuando se insiste en la necesidad de revisar a la baja el c¨¢lculo de las pensiones p¨²blicas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Otros, en cambio, las considerar¨¢n rid¨ªculas cuando se confrontan con las retribuciones e indemnizaciones que declaran otros profesionales. Por ejemplo, futbolistas de ¨¦lite, grandes estrellas del periodismo o directivos de las instituciones empresariales y financieras. La retribuci¨®n media de estos ¨²ltimos -seg¨²n informaciones de hace unos d¨ªas- se sit¨²a en Espa?a en torno a una media de 500.000 euros anuales. El acto de renuncia a un porcentaje de esta retribuci¨®n por parte del presidente de una gran empresa espa?ola -recientemente privatizada, por cierto- ha sido contemplado como un gesto de generosa abnegaci¨®n cuando el resultado de la renuncia ser¨¢ que su salario anual supere todav¨ªa los dos millones de euros anuales.

En esta cuesti¨®n, por tanto, hay materia para el debate p¨²blico. Pueden discutirse los niveles retributivos. Pueden fijarse libremente por los parlamentos o sujetarse a ¨ªndices comparativos con otras posiciones de la Administraci¨®n. Pueden explorarse f¨®rmulas diversas para facilitar el retorno a la vida civil, sin olvidar los incentivos econ¨®micos de car¨¢cter temporal. Lo que no cabe es ignorar la cuesti¨®n y dejar que s¨®lo se toque de modo lateral o con cierta nocturnidad. Es decir, dejando a oscuras a la ciudadan¨ªa.

El Parlament de Catalunya ha dado un paso, con el acuerdo un¨¢nime de todos los grupos. La decisi¨®n puede ser criticable en sus aspectos concretos, pero tiene el valor de constituir un primer movimiento para un tratamiento generalizado de la cuesti¨®n. Se han hecho intentos para alcaldes y concejales que no han prosperado. Hay que intentarlo de nuevo. No ser¨ªa justo ni ¨²til detenerse ahora. Es necesario continuar el debate sin demagogia, sin miedo y sin hipocres¨ªa. Porque tambi¨¦n de un tratamiento transparente de esta cuesti¨®n depende la calidad de la democracia.

Apostilla final. Si alg¨²n lector considera que esta opini¨®n es excesivamente descarnada, aclaro que la situaci¨®n personal del articulista se halla menos afectada por la situaci¨®n que comento. Estoy comprometido a no ejercer mi puesto de parlamentario m¨¢s all¨¢ de dos mandatos y tengo asegurada la reincorporaci¨®n profesional gracias a otra ventaja legal discutible: la condici¨®n de funcionario p¨²blico.

Josep M. Vall¨¨s (jm.valles@uab.es) es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica (UAB) y diputado del grupo Socialistes-Ciutadans pel Canvi.