La renuncia de Rouco al consenso

?ste es el t¨ªtulo de un art¨ªculo publicado en marzo de 1998 por el ex ministro socialista de Educaci¨®n y catedr¨¢tico de Derecho Eclesi¨¢stico del Estado Gustavo Su¨¢rez Pertierra, con motivo de una de las muchas crisis que la ense?anza de la religi¨®n cat¨®lica viene provocando en Espa?a.

La idea que expresaba el ex ministro era la misma que los socialistas defendieron en el Congreso de los Diputados en 1979, cuando el Gobierno de Adolfo Su¨¢rez y los obispos acordaron la existencia de una asignatura, la ¨¦tica, que deb¨ªan cursar obligatoriamente los alumnos que no optasen por la clase de religi¨®n.

El consenso que reclama el cardenal Rouco en torno a la ense?anza religiosa parece imposible con los socialistas y choca tambi¨¦n con numerosas sentencias judiciales, incluso del Tribunal Supremo. Sostiene el PSOE, como cuesti¨®n de principio, que la escuela p¨²blica no es el lugar m¨¢s apropiado para explicar una fe religiosa en un Estado constitucionalmente neutral. "Ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal", dice el art¨ªculo 16.3 de la Constituci¨®n. El mismo p¨¢rrafo a?ade: "Los poderes p¨²blicos tendr¨¢n en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espa?ola y mantendr¨¢n las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia cat¨®lica y las dem¨¢s religiones". De esa redacci¨®n no se deriva compromiso alguno, pero el Gobierno de UCD lo adquiri¨® ante los obispos mientras se estaba debatiendo la Constituci¨®n, acordando en secreto con la Santa Sede que la religi¨®n fuese de oferta obligatoria en todos los centros docentes.

Los sucesivos Gobiernos socialistas, pese a votar el PSOE en contra del Acuerdo de 1979 y sospechar de su inconstitucionalidad -a pesar de lo cual no recurri¨® ante el Tribunal Constitucional-, respetaron con algunas reformas lo decidido por los Gobiernos de UCD e incluso regularizaron mejor la situaci¨®n de los profesores de esa asignatura -m¨¢s de 18.000-, que cada a?o, desde 1998, son elegidos -incluso despedidos a capricho- por los obispos, aunque contratados y pagados por el Estado.

La alternativa

Los reparos del PSOE se vuelven m¨¢s radicales ante la presencia de una asignatura alternativa para aquellos que no quieran recibir clases de religi¨®n. Para ello cuentan tambi¨¦n con una sentencia del Supremo quitando la raz¨®n a la Iglesia de Roma. Es en ese terreno donde la provocativa pregunta del ex ministro Su¨¢rez Pertierra adquiere relevancia: el cumplimiento por el Estado de su compromiso de habilitar en la escuela p¨²blica una clase de religi¨®n cat¨®lica -o de otra creencia- no puede convertirse en una carga para los alumnos que no la reclamen, toda vez que es su opci¨®n personal -o la de sus padres- en ejercicio de un derecho.

"?No es esto como si me obligaran a ir al f¨²tbol a la hora de misa porque otros quieren ir a la iglesia?", se pregunta el ex ministro. Con esta reforma del Gobierno de Aznar el conflicto de la religi¨®n vuelve al peor punto de partida.

La religi¨®n cat¨®lica fue durante siglos "la ¨²nica de la naci¨®n espa?ola", pero nunca lleg¨® a tanto como en 1953, cuando Franco y P¨ªo XII acordaron el Concordato nacionalcat¨®lico. El Bolet¨ªn Oficial del Estado de 19 de octubre de ese a?o lo public¨® as¨ª: "En el nombre de la Sant¨ªsima Trinidad, la Santa Sede Apost¨®lica y el Estado espa?ol, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboraci¨®n para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Naci¨®n espa?ola, han determinado estipular este Concordato". Era un texto del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Poco tardaron los espa?oles en reaccionar con chistes ante aquella rec¨ªproca hincada de rodillas. Uno advert¨ªa a los peatones sobre los curas motorizados: los tonsurados ya pod¨ªan saltarse los sem¨¢foros porque as¨ª se lo permit¨ªa el todoprivilegiado Concordato. Era m¨¢s que una broma: el Concordato, en su art¨ªculo primero, defin¨ªa a la Iglesia cat¨®lica como "la ¨²nica de la naci¨®n espa?ola" y le adjudicaba una categor¨ªa ya insinuada en aquella inicial apelaci¨®n a la Sant¨ªsima Trinidad. Art¨ªculo dos: "El Estado espa?ol reconoce a la Iglesia cat¨®lica el car¨¢cter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno derecho de ejercicio de su poder espiritual".

As¨ª, los curas pod¨ªan exigir a la Guardia Civil que "velara por la debida observancia del descanso en los d¨ªas festivos" -las multas pod¨ªan ascender a 25 pesetas, seg¨²n tarifa de la ¨¦poca-; el Estado se compromet¨ªa a indemnizar a la Iglesia "por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesi¨¢sticos"; y en premio a su "contribuci¨®n a la obra de la Iglesia en favor de la Naci¨®n", se le entregar¨ªa "una adecuada dotaci¨®n econ¨®mica" para sueldos, construcci¨®n de templos, el sostenimiento de sus seminarios y universidades, "y para el ejercicio del culto".

Veinte a?os despu¨¦s, cuando la Iglesia y Franco se estaban tirando los trastos a la cabeza por la rebeld¨ªa de una parte del clero secular (la dictadura lleg¨® a abrir en Zamora una c¨¢rcel especial para curas), el presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, poco antes de ser asesinado por ETA, se quej¨® ante el cardenal Taranc¨®n por tal desagradecimiento. La factura, seg¨²n el recuento del almirante, alcanzaba los 300.000 millones anuales. Taranc¨®n se enfad¨® much¨® por ese recuento y, en sus memorias, cuenta c¨®mo Carrero inclu¨ªa "entre lo dado a la Iglesia todo el coste de la construcci¨®n del Valle de los Ca¨ªdos".