Los vecinos de un bloque impiden que una asociaci¨®n de discapacitados abra una lavander¨ªa

La Asociaci¨®n pro Inserci¨®n Laboral de Personas con Discapacidad (Aproinla) de M¨¢laga lleva desde marzo batallando con 24 de los 31 vecinos del edificio de viviendas en cuyos bajos est¨¢ su sede para lograr que les permitan iniciar las obras necesarias para el negocio de lavander¨ªa con el que pretenden dar empleo a 30 j¨®venes con discapacidad ps¨ªquica. Los vecinos aseguran que las emisiones de vapor de la secadora y la planchadora son t¨®xicas. Aproinla, que cuenta con todos los permisos, niega rotundamente este extremo y cree que hay un problema de discriminaci¨®n.

El ambiente en el vecindario del edificio de viviendas sociales de la calle Mariscal de M¨¢laga, propiedad de la Empresa P¨²blica de Suelo de Andaluc¨ªa (EPSA), es ostensiblemente tenso. El tubo extractor de los vapores de la futura lavander¨ªa, que ascender¨¢ en vertical por la pared hasta sobrepasar en 1,50 metros el tejado del edificio, es el caballo de batalla de los vecinos.

Aproinla, que cuenta con todos los permisos legales para acometer la obra que le permitir¨¢ transformar su local en una lavander¨ªa, teme no poder afrontar el pago de las letras de las m¨¢quinas si no se le permite poner en marcha el centro en el plazo previsto. El ¨²ltimo inconveniente con el que se han topado es que las llaves de la azotea han desaparecido misteriosamente, y la comunidad se niega a que cambien la cerradura.

"Empezamos a pensar que es un tema de discriminaci¨®n, porque desde que expusimos nuestro proyecto a los vecinos todo han sido pegas. Cuando intentamos hacer algo montan una cadena humana y nos impiden el acceso al edificio", explica Mar¨ªa Felisa N¨²?ez, presidenta de Aproinla.

La situaci¨®n ha llegado a tal grado de bloqueo que la concejala de Bienestar Social de M¨¢laga, Mariv¨ª Romero, ha tenido que intervenir, enviando una carta a la EPSA para avalar el proyecto y la trayectoria de Aproinla. "A estas alturas no podemos permitir que se cierre una puerta para integrarse en el mundo laboral a un colectivo tan necesitado de igualdad", explica Romero.

Tambi¨¦n la delegada de Asuntos Sociales de la Junta, Ana Paula Montero, respalda la apertura de la lavander¨ªa. "S¨®lo puedo llamar a la sensibilidad de la gente y avalar la trayectoria de Aproinla", insiste.

La abogada de los vecinos, Margarita Garc¨ªa G¨®mez, asegur¨® ayer que "no se trata en absoluto de una cuesti¨®n de rechazo, sino de defensa de la salud de las personas que viven en el edificio, porque tenemos informes periciales que prueban que el tubo emana gases t¨®xicos", afirm¨®. La directora de Aproinla, Beatriz G¨®mez, sostiene que sus informes dicen lo contrario. "?sta es una asociaci¨®n de padres. Si hubiera riesgo de toxicidad, los padres no expondr¨ªan a sus hijos a esos productos", responde.