La sospecha universal de la Expo

Cada vez que alg¨²n directivo de la Expo aparec¨ªa en los informativos de televisi¨®n subiendo las fat¨ªdicas escaleras de la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Baltasar Garz¨®n, en la casa de Alfonso Garrido se escuchaba:

-Un d¨ªa de estos te veremos ah¨ª.

A Garrido no le imputaron en el procedimiento abierto por supuesta malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, apropiaci¨®n indebida y falsedad documental -conocido como caso Expo- a pesar de que tambi¨¦n estaba sentado en el Consejo de Administraci¨®n de la Sociedad Estatal Expo 92, en su calidad de Delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa y gobernador civil de Sevilla.

En 1996, el juez Garz¨®n comenz¨® la investigaci¨®n a partir de una denuncia presentada por el empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos. M¨¢s de una docena de altos cargos de la Expo, adem¨¢s de la sociedad Telemundi, fueron imputados en el proceso que pretend¨ªa averiguar, entre otras supuestas irregularidades, si la Sociedad Estatal hab¨ªa pagado comisiones an¨®malas a Telemundi, la firma encargada de buscar patrocinios.

El juez decret¨® en 1999 el sobreseimiento parcial del caso y levant¨® la imputaci¨®n de Emilio Casinello, Javier Baviano, ?ngel Luis Gonzalo, Alfonso Cort¨¦s-Cabanillas, Fernando G. Delgado y ?ngel Mart¨ªnez, pero mantuvo la instrucci¨®n sobre el delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y la imputaci¨®n sobre seis personas, entre ellas Jacinto Pell¨®n, el que fuera consejero delegado de la Sociedad Estatal.

Siete a?os despu¨¦s se ha zanjado el caso. El juez de la Audiencia Nacional no ha apreciado delito alguno. Entre la mara?a de sospechas que se ci?ieron sobre los gestores de la Expo no se ha probado nada. S¨®lo el Tribunal de Cuentas estableci¨® que la muestra tuvo p¨¦rdidas econ¨®micas de 210 millones de euros (35.000 millones de pesetas).

Una reciente sentencia de este tribunal tambi¨¦n desmont¨® las acusaciones que pesaban sobre los consejeros delegados Jacinto Pell¨®n y Javier Baviano al fallar que no cometieron ilegalidad al destinar casi cuatro millones de euros (652 millones de pesetas) a pagar al personal de la muestra gratificaciones, compensaciones por vacaciones e indemnizaciones por la extinci¨®n de sus contratos.

Los ¨²ltimos resquicios de dudas se cerraron, pues, esta semana con la decisi¨®n de Baltasar Garz¨®n. Siete a?os despu¨¦s de la apertura del caso, 11 a?os despu¨¦s de la celebraci¨®n del evento. En este tiempo, la sombra de la sospecha ha perseguido a sus antiguos gestores y responsables pol¨ªticos ligados a la muestra, aunque no en igual medida. No todos tuvieron que subir las dichosas escaleras de la Audiencia Nacional ni someterse a sesiones en el Congreso de los Diputados "sanguinarias", seg¨²n recuerda el consejero de Gobernaci¨®n, Alfonso Perales, a la saz¨®n parlamentario de la comisi¨®n de Administraciones P¨²blicas.

"Cacer¨ªa"

"El PP convirti¨® el seguimiento de la Expo en una aut¨¦ntica cacer¨ªa contra Pell¨®n, se centra mucho en ¨¦l porque paga la sustituci¨®n de Olivencia", dice en alusi¨®n a Manuel Olivencia, el primer comisario general de la Expo, destituido en 1991.

Perales considera que el consejero delegado fue "vapuleado injustamente". "Creo que sufr¨ªa enormemente en aquellas comparecencias porque desconoc¨ªa las lides parlamentarias", agrega. Los representantes socialistas est¨¢n convencidos de que el PP se fij¨® como estrategia pol¨ªtica "destruir" la gesti¨®n del 92. "Encontraron poco calor en los Juegos Ol¨ªmpicos en la Generalitat y centraron la campa?a en la Expo y el AVE", sostiene Perales.

La sospecha sobre las irregularidades de la Expo se expandi¨® como una lava sobre los gestores, de tal forma que ech¨® ra¨ªces en el imaginario colectivo antes de que los tribunales se pronunciaran. "Antes y durante se fueron calentando motores sobre el despilfarro y que si se lo estaban llevando calentito", recuerda Alfonso Garrido.

Los antiguos responsables, con m¨¢s o menos intensidad, pasaron a ingresar en un club denostado de sospechosos. Injustamente, seg¨²n la justicia, pero en el camino se han dejado "jirones de pellejo personal" y "sufrimiento familiar", lamenta el ex delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa. Estos d¨ªas se cruzan llamadas de tel¨¦fono y correos electr¨®nicos con m¨¢s voracidad que nunca para comentar el archivo de la causa.

Emilio Casinello, actual c¨®nsul espa?ol en Nueva York, confiaba a sus antiguos compa?eros de batallas de la Expo sobre su peculiar atracci¨®n por "el esc¨¢ndalo". Despu¨¦s de la Expo acept¨® una oferta para trabajar en Gran Tibidabo con Javier de la Rosa, un empresario que acab¨® en los tribunales y en la c¨¢rcel. Se quejaba de todas las acusaciones que se cern¨ªan sobre ¨¦l sin que le investigaran. "La pena de banquillo de primera p¨¢gina es la que nadie restituye", dice Garrido antes de proponer una mayor "continencia verbal" a los pol¨ªticos y de lamentar los retrasos de la justicia. "Tiene que ser inmediata, yo tendr¨ªa hasta mermada mi capacidad de defensa", se?ala.

Jacinto Pell¨®n, cuando se abri¨® la causa, hac¨ªa una reflexi¨®n similar. "Ahora tendr¨¦ que dedicarme a buscar un abogado, a buscar papeles", dec¨ªa cinco a?os despu¨¦s de la clausura de la muestra. Pell¨®n fue, por encima de los dem¨¢s, el pim pam pum de la campa?a. No cay¨® bien entre ciertos sectores sevillanos con poder la destituci¨®n de Olivencia. Para colmo Pell¨®n no cay¨® bien, literalmente. "No estaba dotado para dirigir una academia de protocolo, pero le mandaron aqu¨ª para hacer la Expo. Y la hizo", dice Garrido.

La hostilidad hacia el poderoso consejero delegado fue enorme. Cuando el Gobierno andaluz le otorg¨® la Medalla de Oro de Andaluc¨ªa el 28 de febrero de 1992, las cr¨ªticas fueron feroces. La oposici¨®n boicote¨® el acto de entrega. Alejandro Rojas Marcos, entonces alcalde, y Soledad Becerril, primera teniente de alcalde, no aplaudieron de forma ostensible la entrega de la distinci¨®n.

Aunque el desencuentro del consejero delegado de la Expo con el gobierno de Sevilla lleg¨® incluso antes de la muestra y con el PSOE en la alcald¨ªa. En octubre de 1990, los tres grupos que entonces formaban la oposici¨®n municipal (PP, PA e IU) culparon directamente a Pell¨®n del precio de las entradas de la Expo (24 euros) con el que, aseguraban, hab¨ªa "despreciado" a los ciudadanos.

El alcalde, el socialista Manuel del valle, se vio en el brete de tener que pedirle el cese de Pell¨®n al presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, en obediencia a un acuerdo aprobado por mayor¨ªa absoluta en el pleno sevillano, en el que el PSOE gobernaba con mayor¨ªa simple.