Espa?a es el ¨²nico pa¨ªs de la Uni¨®n Europea que carece de un ¨®rgano de control audiovisual

La creaci¨®n de un consejo audiovisual que regule la programaci¨®n de la radio y la televisi¨®n lleva en Espa?a ocho a?os de retraso. La Comisi¨®n Especial de Contenidos Televisivos del Senado, presidida por Victoria Camps, aprob¨® por unanimidad la creaci¨®n de una autoridad independiente en 1995, pero su desarrollo est¨¢ congelado por falta de consenso pol¨ªtico. Adem¨¢s, el Comit¨¦ de Ministros del Consejo de Europa dict¨® en diciembre de 2000 una recomendaci¨®n a los Estados miembros para la puesta en marcha de estos organismos. Espa?a es, tres a?os despu¨¦s, la excepci¨®n en la Uni¨®n Europa.

A la salvedad espa?ola se une Luxemburgo, pa¨ªs que ha desarrollado un modelo audiovisual no equiparable al del resto de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea. Y dentro de Espa?a la excepci¨®n es Catalu?a y la Comunidad de Madrid, que han constituido ¨®rganos de vigilancia de radio y televisi¨®n, pero sus competencias se reducen a sus respectivas ¨¢reas de cobertura.

La asignatura pendiente sigue siendo un ente de ¨¢mbito estatal. El Gobierno hab¨ªa previsto en el anteproyecto de Ley General de Radio y Televisi¨®n la creaci¨®n de un Consejo de Medios Audiovisuales, dependiente de la Comisi¨®n del Mercado Audiovisual de las Telecomunicaciones y designado por el Gobierno. Ni siquiera esta f¨®rmula, rechazada por los principales partidos de la oposici¨®n, saldr¨¢ adelante. El Ejecutivo ha dado marcha atr¨¢s y en esta legislatura no habr¨¢ ley audiovisual.

Las reformas m¨¢s urgentes se abordar¨¢n a trav¨¦s de la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales del Estado. Y la creaci¨®n de un consejo audiovisual no est¨¢ entre las preferencias del partido en el Gobierno pese a que, en 1998, la portavoz del PP en materia de Telecomunicaciones, Ana Mato, defendi¨® una proposici¨®n no de ley en el Congreso para su creaci¨®n. Esta entidad, dec¨ªa Mato, estar¨ªa encargada de "proteger la libertad de expresi¨®n, la libre competencia y los derechos de los ciudadanos como usuarios de los medios de comunicaci¨®n". Sus miembros ser¨ªan nombrados por el Gobierno, ya que "es menos pol¨ªtico y m¨¢s independiente" que si se eligen "por cuotas pol¨ªticas".

Este mecanismo de elecci¨®n es radicalmente contrario al defendido por el Consejo de Europa, del que forman parte 45 Estados, en diciembre de 2000. El Comit¨¦ de Ministros recomend¨® a los Estados miembros que carec¨ªan de autoridades independientes de regulaci¨®n del sector audiovisual su creaci¨®n. Y aportaba un documento de 27 puntos con las pautas para que las legislaciones de los respectivos pa¨ªses impulsaran los instrumentos necesarios para llevar a cabo sus funciones de una manera "independiente y transparente". Dejaba claro que estos organismos deb¨ªan estar a salvo de cualquier tipo de injerencia por parte de instancias p¨²blicas o privadas y defin¨ªa los criterios que deb¨ªan regirlos.

Para el Consejo de Europa, la composici¨®n es el elemento esencial de su independencia. De modo que sus miembros deber¨¢n ser elegidos de manera "democr¨¢tica y transparente" y tener competencias para controlar los contenidos de la radio y la televisi¨®n, otorgar licencias de radiodifusi¨®n o participar en los planes de distribuci¨®n de frecuencias.

En materia de contenidos, especificaba que las autoridades reguladoras no deber¨ªan ejercer un control previo de la programaci¨®n, pero s¨ª vigilar que las emisiones se ajustan a las directivas comunitarias.

A grandes rasgos, este modelo se ajusta al promovido por el PSOE en su Reforma del Sector Audiovisual, presentada en octubre de 2002. Los socialistas propusieron un organismo independiente del Gobierno y con poder sancionador, capaz de garantizar el pluralismo y el cumplimiento de la ley. Sobre este organismo recaer¨ªa la responsabilidad de poner coto a la contraprogramaci¨®n y a los excesos publicitarios de las emisoras de televisi¨®n.

El modelo del PSOE contrasta con el defendido por el PP. El partido en el Gobierno se pronunci¨® el mes pasado en el Senado a favor de la creaci¨®n de un consejo de medios audiovisuales, pero en el Congreso vot¨® en contra de una proposici¨®n no de ley presentada por el PSOE en el mismo sentido.

Catalu?a sac¨® adelante el Consejo Audiovisual de Catalu?a (CAC) hace tres a?os. De sus diez miembros, nueve son elegidos por el Parlamento auton¨®mico a propuesta, como m¨ªnimo, de tres grupos parlamentarios, y por una mayor¨ªa de dos tercios. Tras escuchar su opini¨®n, el Gobierno propone y elige al d¨¦cimo. Tiene como misiones velar por el respeto de los derechos y libertades, garantizar el cumplimiento de las normas de programaci¨®n y publicidad, la neutralidad y honestidad informativa.

El Consejo Audiovisual de Madrid, creado en 2001, no es precisamente un modelo que se ajuste a las recomendaciones del Consejo de Europa. Lejos de ser independiente, est¨¢ adscrito a una consejer¨ªa. Tres miembros son designados por la Asamblea de Madrid a propuesta de los grupos parlamentarios y otros cuatro son representantes de la Administraci¨®n regional. Adem¨¢s, figura un representante de la Oficina del Defensor del Menor y otro de las organizaciones de consumidores, elegido igualmente por la Comunidad. Asesora, elabora informes para el Gobierno auton¨®mico y vela por los contenidos audiovisuales, pero carece de competencias para otorgar licencias o imponer sanciones.