Un mes de retraso

Hoy se cumple un mes de la espantada de los dos diputados socialistas Eduardo Tamayo y Maria Teresa S¨¢ez de la sesi¨®n constitutiva de la Asamblea de Madrid, y no puede decirse que las instituciones hayan reaccionado con la diligencia y contundencia exigibles y proporcionadas al golpe sufrido. No s¨®lo los ciudadanos siguen sin conocer el trasfondo de esa decisi¨®n, sino que, irresponsablemente, se est¨¢ dando largas a la investigaci¨®n, judicial o parlamentaria, o ambas a la vez, que exige esta situaci¨®n, absolutamente ins¨®lita en la historia de la democracia espa?ola.

De una parte, la Asamblea de Madrid encuentra dificultades para constituir una comisi¨®n de investigaci¨®n capaz de actuar con independencia y credibilidad, a pesar de que se integre en ella el diputado tr¨¢nsfuga en representaci¨®n del Grupo Mixto. De la otra, el fiscal general del Estado desgrana argumentos harto discutibles con el prop¨®sito de bloquear una investigaci¨®n por parte de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sobre las causas de la deserci¨®n y sus posibles conexiones con intereses urban¨ªsticos. Causar¨ªa un descr¨¦dito irreversible a las instituciones que los madrile?os sean llamados de nuevo a las urnas dentro de dos meses sin saber a qu¨¦ atenerse sobre las razones ¨²ltimas de la nueva convocatoria.

Cardenal alega que, mientras exista un procedimiento judicial abierto sobre el posible cohecho que el PSOE imputa a Tamayo y S¨¢ez como m¨®vil de su actuaci¨®n, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n debe abstenerse de iniciar una investigaci¨®n paralela. Efectivamente, el Estatuto del Ministerio Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligan al cese de la investigaci¨®n por parte del fiscal "tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos". Pero es muy discutible que la querella del PSOE, inadmitida a tr¨¢mite y en fase de recurso de s¨²plica, sea ese procedimiento judicial abierto al que hacen referencia los textos legales.

El propio tribunal que ha rechazado la querella del PSOE no ve ning¨²n obst¨¢culo legal a que Anticorrupci¨®n realice una "investigacion propia", a resultas de la cual pueda abrirse m¨¢s delante un proceso penal. Cada d¨ªa aparecen nuevos datos que no hacen sino reforzar la apariencia de delito que se proyecta sobre el bloqueo institucional y la alteraci¨®n del mandato de las urnas causados por los tr¨¢nsfugas Tamayo y S¨¢ez. Pero Cardenal, que considera todo el conflicto un asunto pol¨ªtico, no tan s¨®lo busca cualquier subterfugio para evitar que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tome cartas en el asunto, sino que se ha permitido declarar obsoleta la existencia de esta propia fiscal¨ªa. El fiscal general ve pol¨ªtica por todas partes, pero ¨¦l es el primero en arrogarse un papel pol¨ªtico que no le corresponde.