El tribunal afirma que la nueva ley es mucho m¨¢s proporcional

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) emiti¨® ayer cuatro sentencias por la cuales ordena al Gobierno catal¨¢n constituir los consejos comarcales aplicando la nueva ley aprobada en el Parlament a finales de abril con el voto en contra de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU). Las resoluciones suponen un duro varapalo para el Ejecutivo de Jordi Pujol, la Junta Electoral Central y la federaci¨®n nacionalista, que hab¨ªan defendido insistentemente la vigencia de la antigua ley de 1987, menos proporcional y mucho m¨¢s beneficiosa para los intereses de CiU. El Departamento de Gobernaci¨®n orden¨® paralizar la constituci¨®n de estos organismos, que deb¨ªa realizarse ma?ana.

Las sentencias, dictadas por unanimidad por los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, rebaten -en ocasiones con contundentes adjetivos- las tesis pol¨ªticas y jur¨ªdicas mantenidas por el Gobierno y la Junta Electoral Central, y dan la raz¨®n a los recursos presentados por los partidos de izquierda (PSC, Esquerra e Iniciativa) y el Partido Popular.

El TSJC no pod¨ªa ser m¨¢s categ¨®rico en su resoluci¨®n. As¨ª, la sentencia califica de "absurdo" que la Junta Electoral Central admitiera la "indefensi¨®n jur¨ªdica" planteada por el Gobierno catal¨¢n y ordenara la vigencia de la ley de 1987. Y le reprocha que adoptara su resoluci¨®n "sin ni siquiera o¨ªr a los dem¨¢s partidos pol¨ªticos". La sentencia extiende, adem¨¢s, sus cr¨ªticas al Ejecutivo de CiU al recordar que las resoluciones de la junta no son "vinculantes ni a nivel administrativo ni mucho menos jurisdiccional", por lo que no pod¨ªa ampararse en su dictamen para asignar la composici¨®n de los consejos comarcales seg¨²n la antigua ley.

Cr¨ªticas al Gobierno

Los mayores reproches, no obstante, se los llevan el Gobierno catal¨¢n y el partido que le sustenta, CiU. El tribunal defiende la mayor "proporcionalidad" de la nueva ley -que prima el n¨²mero de votos obtenido por cada formaci¨®n por encima del n¨²mero de concejales- y rechaza el argumento de CiU de que resta representatividad a los peque?os municipios porque los consejeros comarcales son designados por cada partido.

Respecto al argumento de la federaci¨®n nacionalista de que la ley se aprob¨® una vez convocadas las elecciones municipales, el tribunal manifiesta que ello no supone "indefensi¨®n jur¨ªdica" pues los consejos comarcales no son de designaci¨®n directa (a trav¨¦s de las urnas) y que, adem¨¢s, a¨²n no hab¨ªa empezado la campa?a electoral, por lo que los partidos hubieran podido "adaptar sus estrategias electorales al nuevo panorama". Y agrega que la proposici¨®n de ley se present¨® en el Parlament en diciembre de 2002. CiU retard¨® su aprobaci¨®n con diversas tretas legales.

El tribunal entiende que la ley de abril se aprob¨® en el Parlament para que se aplicara tras las elecciones del 25-M y afirma, contrariamente a lo que sostiene CiU, que el t¨¦rmino "subsiguiente" que aparece en el texto legal no se refiere a los comicios de 2007, sino al proceso de constituci¨®n de los consejos.