El Tribunal Superior anula dos normas de Trabajo sobre reparto de subvenciones

Cuarto varapalo judicial al Gobierno de la Generalitat en cinco d¨ªas. Despu¨¦s del revolc¨®n por la prohibici¨®n de una obra de Salvador T¨¢vora y de otras dos sentencias en contra por los consejos comarcales, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) dict¨® ayer una resoluci¨®n que anula dos ¨®rdenes de 1997 del Departamento de Trabajo que regularon las subvenciones para el a?o siguiente dedicadas a formaci¨®n ocupacional y de parados. La sentencia asegura que el reparto de ese dinero p¨²blico -20.000 millones de pesetas- vulner¨® los principios de objetividad, publicidad y transparencia.

La sentencia se produce despu¨¦s de que 13 academias que organizaban esos cursos se sintiesen discriminadas y recurriesen contra la distribuci¨®n de las ayudas. El primer firmante del recurso es el grupo M¨¦ndez, que en su d¨ªa se querell¨® por prevaricaci¨®n contra el entonces consejero de Trabajo, Ignasi Farreres. El caso qued¨® archivado.

En la pr¨¢ctica, la sentencia no tiene efectos directos porque no se pronuncia sobre la devoluci¨®n del dinero, aunque s¨ª es la constataci¨®n contundente de que la normativa utilizada por Trabajo para repartir esas subvenciones a los centros de formaci¨®n era totalmente ilegal. En 1999 se emple¨® el mismo sistema y en 2000 se modific¨® ligeramente, con el consejero Llu¨ªs Franco. El detonante fue el llamado caso Pallerols, que investiga un juzgado de Barcelona por supuesta financiaci¨®n irregular de Uni¨® Democr¨¤tica con fondos destinados a cursos de formaci¨®n entre 1994 y 1998.

El Tribunal Superior censura que las ¨®rdenes de Trabajo no concretasen la cuant¨ªa total de las subvenciones, ni los criterios empleados para repartirlas ni para fijar el coste de cada curso. "Trat¨¢ndose de subvenciones en r¨¦gimen de p¨²blica concurrencia, la concreci¨®n de la cuant¨ªa no s¨®lo es una exigencia de legalidad y una garant¨ªa del inter¨¦s p¨²blico, sino que es tambi¨¦n una garant¨ªa de los derechos de los ciudadanos", aseguran los jueces. La sentencia ha sido dictada por la Secci¨®n Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC y la ponente ha sido la magistrada N¨²ria Cleries.

Presupuesto desconocido

Al no concretarse las cuant¨ªas de las subvenciones que repartir, el tribunal considera que se vulner¨® el principio de legalidad presupuestaria. Pero a?ade que, adem¨¢s, se vulneraron los principios de "objetividad, publicidad y transparencia" que regulan la concesi¨®n de subvenciones p¨²blicas, porque las academias desconoc¨ªan al pedir las ayudas cu¨¢nto dinero se otorgaba a esos programas y c¨®mo se distribu¨ªan las partidas. Por si fuera poco, la sentencia tambi¨¦n recuerda que no existi¨® el correspondiente estudio financiero, con lo que se vulner¨® la ley de 1989 de r¨¦gimen jur¨ªdico de la propia Generalitat.

Adem¨¢s, el Tribunal Superior censura que el Gobierno aut¨®nomo no diera explicaciones p¨²blicas de c¨®mo se repartieron las subvenciones, y esa omisi¨®n, por s¨ª sola, "vicia de nulidad" la normativa de Trabajo. "El respeto al principio de igualdad de trato o de no discriminaci¨®n obligan a la Administraci¨®n a dar publicidad adecuada de los resultados de la convocatoria p¨²blica", se afirma en la sentencia.

El Departamento de Trabajo de la Generalitat declin¨® ayer pronunciarse sobre la resoluci¨®n judicial hasta que la analicen sus servicios jur¨ªdicos.

Por su parte, el diputado socialista en el Parlament Josep Maria Ra?¨¦ afirm¨®: "La importancia de la sentencia es que reconoce que el sistema empleado era arbitrario y gratuito, y que eso favoreci¨® a algunos, como Pallerols". Con todo, Ra?¨¦ record¨® que "ser¨ªa injusto no reconocer que en aquella ¨¦poca se imparti¨® formaci¨®n de parados, pero queda claro que era necesario otro marco nomativo". El diputado socialista cuantific¨® en 20.000 millones de pesetas el dinero que la Generalitat destin¨® a formaci¨®n ocupacional en 1998. Aproximadamente la mitad proced¨ªan de las transferencias presupuestarias del Inem y otros 4.500 millones, del Fondo Social Europeo.

Del mismo modo, el diputado de ERC Josep Huguet afirm¨® que despu¨¦s de esa sentencia "pueden estallar otros casos similares" al de Pallerols e insisti¨® en que la resoluc¨®n judicial "confirma el mal uso del dinero p¨²blico por parte de Trabajo".