Prioridades inquietantes, ?programas ocultos?

La reciente declaraci¨®n de intenciones de la Consejer¨ªa de Sanidad de que pretende asumir de forma inmediata, y ante un concierto con las cl¨ªnicas privadas que expira en agosto, la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo en la red p¨²blica, podr¨ªa saludarse como un avance en la consolidaci¨®n del sistema p¨²blico de salud, como una afortunada ampliaci¨®n de prestaciones que vendr¨ªa a aumentar el grado de coherencia de ¨¦ste. Pero ser¨ªa un error. Lo ser¨ªa por diversas razones y por m¨¢s que se argumente en t¨¦rminos de optimizaci¨®n de recursos, racionalidad en la prestaci¨®n, seguridad y humanizaci¨®n de la atenci¨®n a las mujeres garantiz¨¢ndoles el apoyo psicol¨®gico necesario, entre otras justificaciones alegadas.

Desde hace varios meses estaba en negociaci¨®n la renovaci¨®n del concierto con los centros privados acreditados para la pr¨¢ctica del aborto. La seguridad de estos centros estaba garantizada, estaban reconocidos por la propia Consejer¨ªa de Sanidad, y estaba asimismo asegurado el llamado apoyo psicol¨®gico, al que por cierto obligaba ya el Real Decreto 2409/1986 que regula la pr¨¢ctica legal de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Por otra parte, el coste actual de los conciertos en esta materia, en torno a 3 millones de euros anuales, es irrisorio en comparaci¨®n con el presupuesto global y sus desbocadas desviaciones, por lo que la justificaci¨®n "economicista" es asimismo enga?osa, por decirlo suavemente.

Sin lugar a dudas la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo es una cuesti¨®n sensible. Para empezar, no puede ser considerada como una prestaci¨®n quir¨²rgica o farmacol¨®gica m¨¢s. Las consecuencias personales de un aborto provocado, el que afecte de forma muy especial a la intimidad y autonom¨ªa de las mujeres, le confiere una dimensi¨®n claramente diferenciada. Adem¨¢s, no podemos olvidar que al estar tipificado el aborto como delito en el c¨®digo penal, en ocasiones se generan situaciones de gran inseguridad jur¨ªdica: se han producido denuncias a mujeres, se procesa a profesionales sanitarios, cuestionando en ambos casos los denunciantes si el aborto correspond¨ªa o no a uno de los supuestos despenalizados por ley, teniendo en cuenta que los "grupos antiabortistas" hacen siempre una interpretaci¨®n restrictiva del supuesto legal relativo a la existencia de "grave peligro para la vida o la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la embarazada".

El que exista en la actualidad un amplio consenso social en relaci¨®n a este tema y un respaldo legal instrumentado por la Ley 9/1985 de Despenalizaci¨®n del aborto en determinados supuestos, no puede hacer olvidar que los grupos de presi¨®n conservadores han cuestionado la ley desde su promulgaci¨®n y no han cejado en su empe?o de imponer sus peculiares opciones al conjunto de la sociedad. Para estos grupos de nada valen ni el consenso social mayoritario, ni las necesidades de las mujeres, ni las recomendaciones de la OMS sobre esta materia.

De hecho la presi¨®n ambiental generada por estos grupos minoritarios de car¨¢cter confesional e integrista, muy beligerantes, ha hinchado artificialmente el n¨²mero de profesionales que se declaran objetores de conciencia en los servicios hospitalarios. Nadie quiere "se?alarse" y ser objeto de una vigilancia rayana con el acoso, y son pocos los profesionales que se han mantenido firmes en estas condiciones. Todo esto ha hecho inviable la generalizaci¨®n de la prestaci¨®n en los centros p¨²blicos, por lo que el recurso a los conciertos fue obligado. As¨ª, en la Comunidad Valenciana el n¨²mero total de abortos realizados en centros p¨²blicos pas¨® de 124 en 1994 a 7 en el 2000. Otras cifras significativas nos deber¨ªan hacer reflexionar: en 2001, y seg¨²n datos del Ministerio de Sanidad, en Espa?a hab¨ªa 125 centros sanitarios autorizados que realizaban abortos, siendo el 32% p¨²blicos y el 68% privados. En todo el Estado, s¨®lo el 2,43 % de las Interrupciones Voluntarias se practican en centros p¨²blicos frente al 97,6% en privados. En la Comunidad Valenciana, en el a?o 2000 se realizaron el 0,44% de los abortos en centros p¨²blicos frente al 99,66% en las cl¨ªnicas concertadas.

?Qu¨¦ han hecho los sucesivos gobiernos del PP hasta la fecha para preparar las condiciones de la inclusi¨®n de la prestaci¨®n en el sistema p¨²blico de salud? ?Es realmente ¨¦sta la mejor opci¨®n? Considerando los par¨¢metros reales, y a partir de un an¨¢lisis detallado de los datos cuantitativos y de aspectos no cuantificables, pero tangibles, que podr¨ªan ser corroborados por la experiencia de profesionales y de cientos de pacientes, la respuesta es claramente negativa. ?Qu¨¦ garant¨ªas se ofrece de imparcialidad a las mujeres ante su demanda si, en relaci¨®n a la objeci¨®n de conciencia, el anterior consejero de Sanidad del PP contestaba a una pregunta parlamentaria que "la objeci¨®n de conciencia no se produce de forma general para cualquier caso de IVE, sino que depende habitualmente de la valoraci¨®n que los distintos profesionales hacen sobre la pr¨¢ctica concreta de cada IVE en cada paciente, e incluso puede variar en el tiempo seg¨²n otras circunstancias"? ?Las mujeres tienen o no tienen derecho a conocer que el profesional que les atiende en un caso de solicitud de aborto o de p¨ªldora postcoital es objetor de conciencia? Hasta la fecha parece que no.

En la situaci¨®n que se perfila con las medidas anunciadas por el consejero Rambla el acceso a trav¨¦s del sistema p¨²blico de las mujeres a la Interrupci¨®n Voluntaria en los supuestos despenalizados volver¨¢ a ser un calvario. Depender¨¢ de qui¨¦n tengan enfrente. Y ¨¦ste estar¨¢ muy presionado.

No parece que las razones de racionalizaci¨®n o ahorro econ¨®mico sean reales. M¨¢s bien parecen una excusa para incautos. Con estas medidas el ahorro econ¨®mico en conciertos es m¨ªnimo, infinitamente menor que si se incluyesen en la atenci¨®n p¨²blica otras prestaciones de las que no se ha hablado para nada. Porque de este gobierno, que privatiza hospitales y ¨¢reas de salud, no cabe esperar una gran vocaci¨®n de coherencia en el sistema p¨²blico. Es harto significativo, y parad¨®jico, que haya sido ¨¦sta una de las primeras medidas anunciadas.

Tal vez haya que pensar en otro tipo de razones, de ¨ªndole claramente restrictiva e inspiradas en las particulares convicciones, de tipo confesional, que generan programas de gobierno ocultos. En estas condiciones, y tal como expresaba el profesor Justo Serna en estas mismas p¨¢ginas a prop¨®sito de la escenificaci¨®n de la toma de posesi¨®n del presidente Camps, ?Dios nos pille confesados!

Lo que parece inaceptable, en todo caso, despu¨¦s de dieciocho a?os de promulgada la ley despenalizadora es que no s¨®lo no se avance legislativamente introduciendo el cuarto supuesto de despenalizaci¨®n, sino que tengamos que asistir a una verdadera marcha atr¨¢s de consecuencias realmente graves para las mujeres y, especialmente, para las m¨¢s vulnerables y menos favorecidas social y econ¨®micamente. Toda una receta para la dualizaci¨®n de la sociedad, la consolidaci¨®n de las desigualdades y el fomento de factores de incertidumbre con resultados ps¨ªquicos francamente indeseables.

Mar¨ªa Jos¨¦ Mendoza es diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas.