Espa?a recurre la ley brit¨¢nica que regula las elecciones europeas en Gibraltar

El vaiv¨¦n del contencioso hispano-brit¨¢nico sobre Gibraltar sigue dando noticias de todos los colores. La ¨²ltima acaba de producirse en Bruselas. Espa?a denunci¨® el pasado lunes al Reino Unido ante la Comisi¨®n Europea, con vistas a presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea por la legislaci¨®n electoral aprobada en mayo para las pr¨®ximas elecciones al Parlamento Europeo. La ley considera a Gibraltar como una circunscripci¨®n electoral brit¨¢nica y el Gobierno espa?ol sostiene que con ello atenta contra el concepto de ciudadan¨ªa europea.

"Se acab¨® la luna de miel", comentaban ayer diversas fuentes diplom¨¢ticas en Bruselas. Y no es para menos, porque apenas existen media docena de casos en la jurisprudencia europea en los que un Estado miembro decide llevar directamente a otro ante el Tribunal de Justicia de la UE. El intenso di¨¢logo mantenido desde 2001 entre el Gobierno espa?ol y el brit¨¢nico sobre este asunto, en el ¨¢mbito del contencioso bilateral sobre la soberan¨ªa del Pe?¨®n, no ha dado resultados positivos y, como indicaron las fuentes, Espa?a se ha visto "obligada" a actuar ante las instituciones comunitarias una vez promulgada la nueva ley electoral brit¨¢nica, el pasado 8 de mayo.

El asunto se elev¨® el lunes ante la Comisi¨®n Europea mediante una carta notificada en su secretar¨ªa general. La acci¨®n de Madrid se sustenta en el art¨ªculo 227 del Tratado de la UE, por el que cualquier pa¨ªs de la UE puede recurrir ante la Corte de Luxemburgo si considera que otro de los socios "ha incumplido una de las obligaciones que le incumben como Estado miembro". A partir de ah¨ª el Ejecutivo espa?ol considera que la ley electoral brit¨¢nica dise?ada con vistas a las pr¨®ximas elecciones al Parlamento Europeo es contraria al derecho comunitario. La denuncia se apoya en tres argumentos jur¨ªdicos.

En primer lugar, desde el Gobierno espa?ol se advierte que en los pr¨®ximos comicios a la Euroc¨¢mara podr¨ªan participar personas que no son ciudadanos de la UE. La ley electoral en cuesti¨®n reconoce de hecho la capacidad de los gibraltare?os a decidir el censo en funci¨®n de su propia normativa, seg¨²n la cual puede adquirir la ciudadan¨ªa gibraltare?a cualquier nacional de los pa¨ªses que integran la Commonwealth. La duda jur¨ªdica que plantea este extremo es que cualquier ciudadano podr¨ªa votar en dichos comicios por el mero hecho de ser residente en Gibraltar.

El censo del Pe?¨®n

Los juristas espa?oles ponen en evidencia que los ciudadanos de la Commonwealth no son considerados por el propio Reino Unido como ciudadanos europeos. El otro temor que plantea Madrid, derivado de esta situaci¨®n, es que las autoridades gibraltare?as manejen el censo en el Pe?¨®n en funci¨®n de sus propios intereses, inflando o reduciendo el n¨²mero de residentes en la colonia brit¨¢nica.

En segundo lugar, la nueva ley electoral brit¨¢nica al Parlamento Europeo "afecta al concepto mismo de ciudadan¨ªa europea", seg¨²n explicaron fuentes diplom¨¢ticas en Bruselas. Los expertos jur¨ªdicos consideran que se est¨¢n "dividiendo los derechos" de que gozan los ciudadanos europeos y se est¨¢n creando "diferentes tipos de ciudadanos" a efectos electorales, pero tambi¨¦n a efectos de la libre circulaci¨®n.

El tercer y ¨²ltimo reproche del Gobierno espa?ol se centra en el mecanismo utilizado por Londres para definir el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la citada ley electoral, que plantea "serias dudas". Para los juristas, se est¨¢ "combinando" el territorio de Gibraltar con una circunscripci¨®n electoral brit¨¢nica. Madrid considera este hecho una "vulneraci¨®n" del acta de 1976 relativa a la elecci¨®n de los representantes al Parlamento Europeo.

"Todo esto nos ha llevado a interponer un recurso contra el Reino Unido", indicaron las citadas fuentes. El Ejecutivo espa?ol deja claro que su intenci¨®n no es la de "impedir" que los ciudadanos europeos que residen en Gibraltar voten o sean elegidos en las pr¨®ximas elecciones al Parlamento Europeo. Es m¨¢s, se recuerda que ha sido el propio Reino Unido el que ha estado impidiendo el ejercicio de este derecho a los gibraltare?os, como pone de manifiesto una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de febrero de 1994.

Esa sentencia oblig¨® al Gobierno brit¨¢nico a modificar su legislaci¨®n interna para reconocer el derecho de los gibraltare?os a aparecer en las listas electorales por Gibraltar en las elecciones al Parlamento Europeo. Es el conocido como caso Matthews. "S¨®lo tras una condena se han visto obligados a cambiar su legislaci¨®n interna", indicaron las fuentes consultadas.

La ley electoral brit¨¢nica de 1976 que regul¨® las elecciones al Parlamento Europeo limit¨® su ¨¢mbito de aplicaci¨®n al territorio del Reino Unido, y excluy¨®, por tanto, a Gibraltar. La sentencia de la Corte de Estrasburgo oblig¨® a Londres a extender el voto a los gibraltare?os. En un principio, el Gobierno brit¨¢nico opt¨® por incorporar a la colonia como una circunscripci¨®n electoral brit¨¢nica m¨¢s con derecho a un eurodiputado. A Espa?a no le gust¨® la idea y el Reino Unido acept¨® modificar su ley electoral.

El Gobierno espa?ol dej¨® claro en todo momento que cualquier cambio deb¨ªa producirse respetando los l¨ªmites obvios que enfrentan a los dos pa¨ªses en el contencioso bilateral sobre la soberan¨ªa del Pe?¨®n.

La Comisi¨®n Europea deber¨¢ emitir un dictamen con su opini¨®n sobre este asunto en un plazo de tres meses, despu¨¦s de haber escuchado las alegaciones de las partes en litigio. Si el Ejecutivo comunitario opta por no pronunciarse sobre la ley electoral brit¨¢nica, esto no impedir¨¢ que el Gobierno espa?ol pueda acudir directamente ante el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo. De momento, Madrid no ha pedido la anulaci¨®n de la ley como medida cautelar y tampoco descarta que Londres modifique la normativa antes de conocerse la opini¨®n de Bruselas.