Atrapadas entre su casa y el juzgado

La historia de una denuncia por violencia dom¨¦stica es la historia de un desprop¨®sito. Una mujer que sufre malos tratos aguanta entre 8 y 10 a?os de media antes de denunciarlo. La treinta?era M. P. tard¨® 18 a?os. El d¨ªa en que, llena de moratones y puntos de sutura, decidi¨® presentarse con sus dos hijos en comisar¨ªa deber¨ªa haber empezado una nueva vida, por fin en paz. Sin embargo, como otras muchas, declara que desde entonces "fue casi peor". "Hay muchos momentos en que se te quitan las ganas de seguir adelante". El a?o pasado, 27.000 mujeres denunciaron malos tratos.

Un nuevo instrumento jur¨ªdico, la Orden de Protecci¨®n a las V¨ªctimas de la Violencia Dom¨¦stica, ha sido aprobado esta semana por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Ayer mismo entr¨® en vigor. Junto con otras reformas que a¨²n est¨¢n pendientes de aprobaci¨®n en el Parlamento, esta herramienta deber¨¢ reducir en lo posible la confusi¨®n y la sensaci¨®n de indefensi¨®n que sufre una mujer desde que se decide a denunciar los malos tratos.

Desde ayer, el agresor, y no la v¨ªctima, deber¨¢ abandonar el domicilio r¨¢pidamente

"Mi marido me tiene m¨¢s controlada ahora que antes de que fuera a denunciarlo"

La orden de protecci¨®n puede ser solicitada desde ayer al juez en una comisar¨ªa, una casa de acogida o cualquier otro lugar al que la mujer acuda para denuciar su situaci¨®n. El juez de guardia debe aprobarla, tras escuchar a las partes por separado, en un plazo m¨¢ximo de 72 horas. A partir de ese momento, la v¨ªctima esperar¨¢ al juicio, que deber¨¢ ser r¨¢pido, en unas condiciones de seguridad frente al agresor desconocidas hasta ahora.

Desconocidas, por ejemplo, en el caso de M. P. Corr¨ªa el mes de abril cuando ella tom¨® conciencia de que ya no necesitaba a su marido, ni su alcohol, ni sus palizas. "Mientras hay dependencia econ¨®mica, hay dudas", explica. "Y si dudas, siempre acabas volviendo con ¨¦l". Ella ten¨ªa un trabajo y pagaba la casa, as¨ª que se present¨® en el Ayuntamiento de la peque?a localidad madrile?a en la que vive y dijo que quer¨ªa separarse. Para lograr que cada vez m¨¢s mujeres se decidan a salir del infierno, la Orden de Protecci¨®n prev¨¦ que la denunciante tenga derecho inmediato a percibir del INEM la Renta Activa de Inserci¨®n: una ayuda econ¨®mica de 300 euros al mes durante 10 meses para v¨ªctimas sin ingresos.

"?l se enter¨® de que hab¨ªa ido a pedir la separaci¨®n porque espi¨® mi agenda. Al volver a casa me dio una paliza", contin¨²a. Entonces, 18 a?os despu¨¦s del primer golpe, llam¨® a la Guardia Civil para denunciarlo. Ah¨ª empez¨® su aventura judicial, pero tambi¨¦n su asombro. "Resulta que, para protegerte, en vez de sacarlo a ¨¦l de casa te tienes que ir t¨² con tus hijos, mientras ¨¦l se queda en la casa". Ella durmi¨® esa noche en el domicilio de su hermano. Si no hubiera sido por ¨¦l, habr¨ªa ido a una casa de acogida para mujeres maltratadas. "Pero est¨¢n llenas", se queja. Seg¨²n datos de noviembre de 2002, en Espa?a hay 4.133 plazas. Har¨ªan falta unas 1.300 m¨¢s para cumplir la ratio recomendada por el Consejo Europeo, que es de una plaza por cada 7.500 habitantes.

Desde la Direcci¨®n General de Modernizaci¨®n de la Justicia, que ha impulsado con los grupos parlamentarios la orden de protecci¨®n, se ha se?alado como una de las principales novedades el hecho de que otorga a la v¨ªctima provisionalmente, nada m¨¢s poner la denuncia, el uso y disfrute de la vivienda, la custodia de los hijos y una prestaci¨®n por alimentos. Ser¨¢ el agresor el que salga de la casa con una orden de alejamiento inmediata.

Un d¨ªa despu¨¦s de la denuncia, se celebr¨® un juicio de faltas sobre la agresi¨®n. M. P. no sal¨ªa de su asombro cuando el juez le impuso una multa de 270 euros (nueve euros diarios durante un mes) a su marido por una falta de lesiones. "Todav¨ªa no ha pagado", afirma. Una reforma del C¨®digo Penal que est¨¢ en tramitaci¨®n convertir¨¢ en delito, y no falta, cualquier agresi¨®n, incluso psicol¨®gica. Esto endurecer¨¢ las penas, que podr¨¢n ser de prisi¨®n.

"Despu¨¦s de aquello, volv¨ª a casa con ¨¦l. Decid¨ª que era mi casa, porque yo la pagaba, y que no la dejar¨ªa". A partir de entonces, empez¨® a dormir con el hombre al que hab¨ªa puesto ante el juez y condenado. "Yo pensaba que me podr¨ªa pegar una paliza diaria y le saldr¨ªa barato. A nueve euros por paliza".

Pero el caso, adem¨¢s, cont¨® con la "falta de inter¨¦s" del abogado asignado de oficio. "No se lo recomiendo a nadie", dice. "Los abogados de oficio se limitan a hacer los papeles y ya est¨¢". ?sta es una de las principales quejas que comparten las asociaciones de mujeres: la falta de especializaci¨®n de los profesionales (abogados, polic¨ªas, m¨¦dicos) que deben trabajar con la mujer maltratada.

"Una mujer maltratada es un cliente muy dif¨ªcil", explica Cruz S¨¢nchez de Lara, la abogada de la Federaci¨®n de Mujeres Progresistas que se hizo cargo del caso de M. P. "Es una persona que, cuando te cuenta lo que le pasa, en realidad est¨¢ contando toda su vida. Y lo tiene que revivir con la polic¨ªa, con su abogado, con el m¨¦dico, con el juez, con el psic¨®logo, con el asistente social... Necesita mucha paciencia y mucha comprensi¨®n para no venirse abajo; no se trata s¨®lo de asesoramiento legal. La m¨¢s m¨ªnima dificultad puede hacer que lo deje todo y vuelva con su marido".

Una fuente del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid responde que sus letrados "tienen una perfecta sensibilizaci¨®n con el tema". "Pero se ocupan del tema jur¨ªdico, no psicol¨®gico", a?ade. "Van, presentan los papeles y ya est¨¢. ?Qu¨¦ m¨¢s van a hacer?". En junio hab¨ªa en Madrid 711 abogados especializados en violencia dom¨¦stica de los 3.500 del turno de oficio. Su especializaci¨®n consiste en un cursillo de 15 horas.

S¨¢nchez de Lara recurri¨® la sentencia del juicio de faltas de M. P. y consigui¨® que un juez condenara al marido por un delito de amenazas contra ella y sus hijos. Una noche les dijo: "Ten cuidado, que cuando os vea en la calle os voy a matar, tened cuidado hasta de vuestra propia sombra". Por incre¨ªble que parezca, generalmente amenazas como ¨¦sta no son consideradas un delito. El marido fue condenado a seis meses de prisi¨®n (que no cumplir¨¢) y, lo que es m¨¢s importante, a no acercarse a menos de 500 metros de su mujer y sus hijos y a no comunicarse con ellos.

La Guardia Civil fue a buscarle a su casa, le comunic¨® la orden del juez y le sac¨® de all¨ª. Aquello, por fin, deber¨ªa darle la tranquilidad necesaria para olvidarse de su tortura y rehacer su vida. Pero esa misma noche M. P. no durmi¨®. Esper¨® hasta el d¨ªa siguiente sentada en el sof¨¢ del sal¨®n, intentando controlar sus nervios, con las persianas bajadas y el tel¨¦fono en la mano. Han pasado tres meses. Ya duerme, pero concilia el sue?o sobre las dos de la madrugada y suele despertarse a las cinco. A¨²n pasa las noches con las ventanas cerradas y las persianas bajadas.

No le faltaba raz¨®n para tener miedo. "Las ¨®rdenes de alejamiento se incumplen en la gran mayor¨ªa de los casos", explica Carmen Lavi?a, portavoz de la Federaci¨®n de Mujeres Progresistas. M. P. se encuentra con su marido "casi todos los d¨ªas". "Salgo de casa y est¨¢ ah¨ª, en un banco, observ¨¢ndome", dice. "Se me acerca, me amenaza y yo salgo corriendo para dec¨ªrselo a la Polic¨ªa Local o a la Guardia Civil. Pero no sirve para nada, porque cuando llegan ya se ha ido". Est¨¢ convencida de que la tiene "m¨¢s controlada" que cuando viv¨ªa con ¨¦l. Ha denunciado tres veces el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Cuando finalice la reforma de la prisi¨®n preventiva, el juez podr¨¢ dictar esta medida en casos de quebrantamiento de la orden de alejamiento. Es la ¨²nica forma de garantizar el cumplimiento de la medida de alejamiento, ya que es imposible escoltar personalmente a las miles de mujeres que denuncian malos tratos cada a?o.

Pero las previsiones m¨¢s optimistas dicen que eso ser¨¢ en noviembre. Las macabras estad¨ªsticas indican que deben morir cinco mujeres cada mes que pase. Las macabras estad¨ªsticas indican tambi¨¦n que al menos una de ellas (el 25%) ha denunciado su situaci¨®n.