Marbella, una disoluci¨®n sin precedentes

En 25 a?os de democracia, el Gobierno no se ha planteado la disoluc¨ªon de ning¨²n ayuntamiento, ni tan siquiera de aquellos municipios vascos que han apoyado de forma m¨¢s o menos expl¨ªcita a ETA. Ahora, la moci¨®n que derrib¨® el pasado mi¨¦rcoles al alcalde de Marbella, Juli¨¢n Mu?oz, ha llevado a IU y PSOE a plantear con fuerza estrenar este mecanismo. Una medida pol¨¦mica que divide incluso a los expertos juristas.

Desde que se aprob¨® la Constituci¨®n (1978) ning¨²n gobierno local ha sido disuelto por el Gobierno. El ¨²ltimo precedente es de 1977, cuando en aplicaci¨®n de la normativa franquista el Ministerio de la Gobernaci¨®n confirm¨® la disoluci¨®n del Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya). En la actualidad, la posibilidad de disolver un ayuntamiento est¨¢ regulada en la Ley de Bases de R¨¦gimen Local (LBRL), aprobada en 1985.

Marc Carrillo cree que el transfuguismo del Gobierno municipal justifica la disoluci¨®n

El art¨ªculo 61 de esta norma se?ala que el Consejo de Ministros, "previo acuerdo favorable del Senado", podr¨¢ proceder a la disoluci¨®n de un ayuntamiento "en el supuesto de gesti¨®n gravemente da?osa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". La iniciativa para activar este mecanismo es del Gobierno auton¨®mico afectado o del Consejo de Ministros, que puede llegar a ejecutar esta dr¨¢stica medida, aunque el Gobierno auton¨®mico no est¨¦ de acuerdo.

Este art¨ªculo de la ley, al que se a?adi¨® a principios de a?o un p¨¢rrafo en el que se considera supuesto de disoluci¨®n que un municipio d¨¦ "cobertura o apoyo" al terrorismo", ha sido mentado en multitud de ocasiones, pero casi nunca se ha intentado formalmente su aplicaci¨®n. De hecho, s¨®lo hay registrada una ocasi¨®n, en 1990, en la que la Xunta de Galicia pidi¨® al Gobierno central la disoluci¨®n del Ayuntamiento de Cangas de Morrazo, pero el Ejecutivo ni siquiera pidi¨® autorizaci¨®n al Senado.

Respecto a Marbella, el ¨²nico partido que ha solicitado reiteradamente la disoluci¨®n del Ayuntamiento desde que lo gobierna el GIL (1991) es IU que no tiene representaci¨®n en el consistorio. En 2001, su grupo parlamentario propuso sin ¨¦xito a la C¨¢mara auton¨®mica que instara a la Junta de Andaluc¨ªa a activar la disoluci¨®n. En 2002, cuando el Supremo inhabilit¨® a Jes¨²s Gil por el caso de las camisetas, los servicios jur¨ªdicos auton¨®micos estudiaron la posibilidad, pero la desecharon.

Un a?o despu¨¦s, al d¨ªa siguiente del pleno en el que Juli¨¢n Mu?oz fue descabalgado de la alcald¨ªa, IU volvi¨® a presentar otra propuesta en la C¨¢mara auton¨®mica para la que espera un mayor respaldo. "En Marbella se saquean miles de millones, se dan licencias a cientos sin ajustarse a derecho, ilegales, se roba y se atenta contra el inter¨¦s general... ?y no se interviene?", argument¨® su portavoz parlamentario, Antonio Romero.

La posibilidad de disolver en este momento el Ayuntamiento de Marbella fue acogida al principio con cautela por la Junta de Andaluc¨ªa, cuyo consejero de Gobernaci¨®n, Alfonso Perales, explic¨® que el Ejecutivo andaluz s¨®lo debe solicitar la medida "si el ayuntamiento no pudiera garantizar la prestaci¨®n de los servicios b¨¢sicos en el municipio", hecho que hasta ahora no ha ocurrido.

"Una posibilidad"

Tres d¨ªas antes de la moci¨®n, el presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, indicaba que era "una posibilidad". Tras la moci¨®n, el PSOE andaluz defiende que "nueve a?os de insumisi¨®n" a la legalidad urban¨ªstica es motivo suficiente para pensar seriamente en esa posibilidad. El PP, indispensable para que la iniciativa prospere, prefiere esperar a comprobar si el ayuntamiento que ahora dirige Marisol Yag¨¹e da?a los intereses generales, como exige la ley.

La aplicaci¨®n en Marbella del mecanismo de disoluci¨®n que prev¨¦ la LBRL origina disparidad de opiniones entre los expertos juristas. Marc Carrillo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, considera que "el incumplimiento generalizado y reiterado de la legislaci¨®n urban¨ªstica supone una lesi¨®n grave a los intereses generales de la poblaci¨®n de Marbella" y que "costar¨¢ a?os" la reparaci¨®n del "nivel de endeudamiento constatado", unos 420 millones de euros. Carrillo defiende que "el caso de Marbella no es un supuesto de gesti¨®n inadecuada de los intereses del municipio", sino un incumplimiento "generalizado y prolongado de una de sus obligaciones constitucionales, la sujeci¨®n de su actuaci¨®n a la ley".

El catedr¨¢tico de la Pompeu Fabra cree que la formaci¨®n del nuevo Consistorio es un elemento m¨¢s que justifica la disoluci¨®n. "La representaci¨®n de la corporaci¨®n, con una mayor¨ªa integrada en su totalidad por concejales tr¨¢nsfugas de tres partidos, no puede basarse en un trasvase y mutaci¨®n de voluntades tan generalizados y de or¨ªgenes tan espurios, dos meses despu¨¦s de renovarse el mandato electoral", argumenta.

Agust¨ªn Ruiz Robledo, profesor de Constitucional en la Universidad de Granada, mantiene tambi¨¦n que el Ayuntamiento de Marbella ha hecho m¨¦ritos suficientes para ser la primera corporaci¨®n disuelta. "La disoluci¨®n era perfectamente factible", dice Ruiz Robledo, quien se pregunta: "?Si no se aplic¨® la ley en este caso, cu¨¢ndo si no?". Y enumera las razones: "Un alcalde condenado a 28 a?os de inhabilitaci¨®n, ocho concejales imputados por delitos relacionados con su gesti¨®n, 300 licencias urban¨ªsticas impugnadas por la Junta, un informe de la C¨¢mara de Cuentas repleto de incumplimientos legales, un archivo municipal en casa del alcalde, diez a?os con un secretario y un interventor que no pertenecen al cuerpo nacional de funcionarios, 420 millones de deuda...".

Sin embargo, Ruiz Robledo cree que la posibilidad de una disoluci¨®n del nuevo gobierno local es "jur¨ªdicamente d¨¦bil". "Siempre pueden esgrimir que no son responsables de actuaciones precedentes, habr¨ªa que esperar a ver cu¨¢l es su actuaci¨®n". El jurista de la Universidad de Granada recalca que hay "muchos menos motivos para la disoluci¨®n esta semana que la semana pasada", cuando el ayuntamiento estaba dirigido s¨®lo por el GIL y por Juli¨¢n Mu?oz, imputado y teniente de alcalde de Gil durante varios a?os.

El catedr¨¢tico de la Universidad de Sevilla, Javier P¨¦rez Royo, comparte con Ruiz Robledo que la disoluci¨®n de un ayuntamiento no puede considerarse en el "punto de partida" del nuevo gobierno local, sino que debe ser "el punto de llegada" de un proceso en el que se acrediten el da?o a los intereses generales. P¨¦rez Royo va m¨¢s lejos a¨²n. Mantiene que la "arquitectura" del art¨ªculo incluido en la LBRL, muy similar a la del 155 de la Constituci¨®n sobre los incumplimientos de un Gobierno auton¨®mico, s¨®lo permite la disoluci¨®n cuando la gesti¨®n de un ayuntamiento "impida la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos esenciales".

Perez Royo estima que la desobediencia urban¨ªstica del Ayuntamiento de Marbella no es "un supuesto de disoluci¨®n", una medida extraordinaria habida cuenta del amparo constitucional a la autonom¨ªa de las Administraciones. "Las diferencias entre Administraciones, los posibles incumplimientos de la legalidad urban¨ªstica corresponde dirimirlos a los tribunales de Justicia".