Cuatro estatutos en busca de reforma
Arenas y Zapatero acordaron hace un a?o retocar tambi¨¦n el texto auton¨®mico valenciano
En junio de 2002, el secretario general del PP, Javier Arenas, animado por el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, se reun¨ªan con el secretario general del PSOE, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y el l¨ªder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, para debatir sobre la reforma del Estatuto de dicha comunidad. Fue un desayuno en un local pr¨®ximo a la sede central del PP en Madrid, en el que, pese a algunas reticencias de Arenas, los reunidos se comprometieron a estudiar la reforma del Estatuto.
El nombramiento de Zaplana como ministro de Trabajo, poco despu¨¦s, paraliz¨® la reforma. Pero Francisco Camps, el presidente valenciano elegido en las elecciones del 25 de mayo, tambi¨¦n del PP, anunci¨®, en su investidura, en junio, la reforma del Estatuto auton¨®mico.
El PP admite la reforma del Estatuto valenciano para elevar sus competencias
De este modo, la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, se une a otras tres que proponen reformas estatutarias de diferente alcance: Catalu?a, Andaluc¨ªa y Euskadi. El secretario de Estado de Organizaci¨®n Territorial, Gabriel Elorriaga, quita hierro a la reforma valenciana: "Es muy operativa. S¨®lo pretende resolver un desajuste porque el Estatuto de la Comunidad Valenciana est¨¢, en algunos temas, por debajo de las dem¨¢s autonom¨ªas".
Pero el hecho de que el PP admita, aunque sea una sola, esta reforma estatutaria, permite a Zapatero cuestionar la posici¨®n "inmovilista" del Gobierno en este materia y desmentir la acusaci¨®n de que la propuesta socialista de abrir la posibilidad de reforma de los estatutos es "artificial" y tiene como ¨²nico objeto justificar la del candidato del PSC, Pasqual Maragall, que ha hecho de la reforma del Estatuto de Sau uno de los ejes de su campa?a electoral.
El s¨¢bado que viene, una cumbre auton¨®mica socialista aprobar¨¢ en Cantabria un documento que recoger¨¢, junto a las tradicionales reclamaciones socialistas -reforma del Senado, mecanismos de participaci¨®n auton¨®mica en Europa y creaci¨®n de la Conferencia de presidentes-, el derecho de las autonom¨ªas a reformar sus estatutos. Zapatero argumenta que "el estado de cosas es muy distinto" al de 1978, cuando se aprob¨® la Constituci¨®n. De hecho, la Carta Magna "ni siquiera enumera qu¨¦ comunidades dispondr¨¢n de estatutos" y "entonces tampoco estaba tan desarrollada la UE como ente pol¨ªtico ni exist¨ªan retos como la inmigraci¨®n, con sus repercusiones institucionales", se?ala.
"Los estatutos se han reformado varias veces, en 1992 y 1996, y no se puede hacer un dogma, como pretende el PP, de su inmovilidad. No se trata de generalizar las reformas sino de adecuar los estatutos a los cambios sociales all¨ª d¨®nde se planteen necesidades", agrega Zapatero. Las comunidades en que se plantean reformas son:
- Catalu?a. Todos los partidos catalanes la proponen, salvo el PP. Pretende, entre otras cosas, el fortalecimiento de las competencias auton¨®micas por la "interpretaci¨®n sesgada" que el Gobierno central hace de las sentencias del Tribunal Constitucional; la descentralizaci¨®n de la Justicia; la mejora los mecanismos de financiaci¨®n, de modo que a largo plazo, sus efectos recaudatorios sean similares a los del Estatuto vasco, o la participaci¨®n de Catalu?a en organismos de cultura internacionales, como la Unesco.
- Comunidad Valenciana. El PP y el PSOE comparten su conveniencia para resolver una anomal¨ªa y es que el Estatuto valenciano no recoge competencias que la comunidad ejerce a trav¨¦s de una ley especial (la llamada Lotrava) como consecuencia de su peculiar proceso auton¨®mico. Otra reclamaci¨®n planteada por PP y PSOE es dotar al Gobierno aut¨®nomo de la capacidad de convocar elecciones como tienen Catalu?a, Euskadi, Galicia y Andaluc¨ªa.
- Andaluc¨ªa. Manuel Chaves anunci¨® la reforma hace dos a?os y ha confirmado este fin de semana que la abordar¨¢ pr¨®ximamente. Uno de sus objetivos es hacerse eco de un cambio social tan importante como la inmigraci¨®n que afecta al reparto competencial entre administraciones.
- Pa¨ªs Vasco. La propone el lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, apoyado por PNV, EA e IU. Pretende el reconocimiento de la soberan¨ªa originaria de Euskadi y con ella el reconocimiento del derecho de autodeterminaci¨®n. PP y PSE la rechazan porque "vulnera la Constituci¨®n" y "rompe el consenso de la sociedad vasca en torno al Estatuto".
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