La pol¨ªtica de medio ambiente de Chile

Hasta comienzos de la d¨¦cada del noventa, el desarrollo econ¨®mico del pa¨ªs se llev¨® a cabo en un contexto de ausencia de institucionalidad y normativa ambiental, comprometiendo seriamente la capacidad de renovaci¨®n de los recursos naturales -sobre los cuales se basa la econom¨ªa de Chile- y deteriorando la calidad de los mismos.

Esto cambi¨® con la llegada de la democracia a Chile. El desarrollo sustentable se constituy¨® en un desaf¨ªo que puso en marcha un conjunto de acciones tendientes a establecer las bases generales de una normativa que lo promoviera eficazmente.

Siendo senador y presidente de la Democracia Cristiana, present¨¦ el 15 de octubre de 1991, a nombre de mi partido, un proyecto de Ley del Medio Ambiente y una Pol¨ªtica Nacional Ambiental. Fue el inicio de un largo proceso para institucionalizar el tema ambiental en Chile, el cual culmin¨® el 9 de marzo de 1994, dos d¨ªas antes del inicio de mi gobierno, con la entrada en vigencia de la Ley de Bases del Medio Ambiente que fue el primer cuerpo legal que se hizo cargo de este tema desde una perspectiva integral, fijando criterios institucionales y regulatorios que comprometen las acciones del Estado, del sector privado y de la ciudadan¨ªa.

El eje de nuestra pol¨ªtica ambiental fue mejorar la calidad de vida de todos los chilenos

En ella se definieron los instrumentos de gesti¨®n ambiental, se establecieron las responsabilidades por da?o ambiental y los procedimientos de fiscalizaci¨®n, y se crearon el Fondo de Protecci¨®n Ambiental y la Comisi¨®n Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Este ¨²ltimo organismo como responsable de la promoci¨®n de la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y ente coordinador de las acciones derivadas de las pol¨ªticas y estrategias definidas por el Gobierno de Chile en esta materia.

Durante el per¨ªodo 1994-1998 las actividades de la CONAMA se centraron en elaborar normativas y reglamentos necesarios para el cumplimiento de la Ley, poni¨¦ndose en marcha los principales instrumentos de gesti¨®n ambiental de nuestro pa¨ªs.

En 1996 plante¨¦ al pa¨ªs la Estrategia de Desarrollo Sustentable, basada en generar las condiciones b¨¢sicas que permitan compatibilizar el proceso de crecimiento econ¨®mico del pa¨ªs con la protecci¨®n del medio ambiente, el respeto a nuestros compromisos internacionales y el uso sustentable de los recursos naturales, en un contexto de equidad social y econ¨®mica.

En 1998 di a conocer al pa¨ªs la Pol¨ªtica Ambiental del Gobierno de Chile, tras lo cual creamos el Consejo de Desarrollo Sustentable, como un ¨®rgano asesor del Presidente de la Rep¨²blica en la materia e integrado por personalidades tanto del mundo privado como p¨²blico.

Este Consejo vino a dar respuesta al compromiso adquirido en tal sentido por Chile en la Cumbre de la Tierra, realizada en R¨ªo de Janeiro en 1992, donde participaron los pa¨ªses preocupados por el desarrollo sustentable. Dicho organismo promueve el sentido de corresponsabilidad nacional en una tarea de gran alcance que involucra el crecimiento econ¨®mico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Todo lo anteriormente descrito, demuestra que el eje de nuestra pol¨ªtica ambiental fue mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y de sus generaciones futuras, para lo cual era imprescindible velar por la flora, fauna y diversidad de cada regi¨®n. Lo asumimos como una funci¨®n eminentemente p¨²blica y tambi¨¦n de responsabilidad individual y colectiva, que requiere del compromiso y participaci¨®n de toda la sociedad civil, incluyendo al sector productivo privado, de tal forma que el conjunto de la ciudadan¨ªa est¨¦ dispuesta a asumir los costos que implica el implementar un proceso de continuo mejoramiento de la capacidad de gesti¨®n del pa¨ªs.

De lo anterior se desprende que el mayor ¨¦xito de mi gobierno en esta materia fue hacer operativa la institucionalidad ambiental, incluyendo la generaci¨®n y aplicaci¨®n de los instrumentos espec¨ªficos de gesti¨®n, en especial el Sistema de Evaluaci¨®n de Impacto Ambiental, los planes de prevenci¨®n y descontaminaci¨®n de zonas saturadas y la puesta en marcha del programa priorizado de normas ambientales.

Importantes avances se consiguieron tambi¨¦n en las consideraciones econ¨®micas de la regulaci¨®n ambiental. Es as¨ª como desarrollamos una pol¨ªtica nacional de certificaci¨®n de la calidad ambiental; establecimos los permisos de emisi¨®n transables que operan como un sistema de control de emisiones v¨ªa mercado como apoyo a los planes de descontaminaci¨®n; y creamos -a trav¨¦s de un comit¨¦ p¨²blico privado- una estrategia de gesti¨®n ambiental preventiva de las empresas para minimizar emisiones, afluentes y desechos con la finalidad de proteger la salud de las personas y el medio ambiente

Muy especialmente quiero destacar la alta valoraci¨®n que tuvo nuestra gesti¨®n ambiental en el resto del mundo. Durante mi mandato, se firm¨®, entre muchos otros, un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canad¨¢ que incluy¨® innovadoras cl¨¢usulas de cooperaci¨®n ambiental. Adem¨¢s, iniciamos las negociaciones para los TLC con la Uni¨®n Europea, Corea y Estados Unidos, que concluyeron exitosamente el a?o 2002, los dos primeros, y el 2003, el restante.

Es importante destacar este punto, pues ninguno de esos pa¨ªses, ni tampoco los que integran la Uni¨®n Europea, habr¨ªan firmado jam¨¢s un acuerdo de este tipo con Chile sin antes conocer y aprobar nuestra legislaci¨®n medioambiental.

Es en este contexto que cobra notoriedad la figura del inversionista norteamericano Douglas Tompkins, quien adquiri¨®, desde 1992, tierras en las Regiones X, XI y XII de Chile, en lo que se denomina Patagonia Chilena. La magnitud que alcanzaron las propiedades compradas por ¨¦l, superior a las 500.000 hect¨¢reas, comenz¨® a generar, ya en 1995, diversas inquietudes, tanto de la comunidad de las regiones en que se ubican como de las autoridades pol¨ªticas nacionales.

Las principales preocupaciones develadas por el af¨¢n expansionista que mostraban sus inversiones, se refer¨ªan fundamentalmente al despoblamiento progresivo de los territorios adquiridos; la inexistencia de un marco jur¨ªdico adecuado que regule la propiedad individual de enormes extensiones y la creaci¨®n de parques privados; la situaci¨®n de los terrenos lim¨ªtrofes y fronterizos y de las zonas australes; la precaria situaci¨®n de los colonos ubicados en esas zonas que tem¨ªan quedar aislados e impedidos de realizar sus actividades de subsistencia; y las muy leg¨ªtimas dudas respecto a las posibilidades futuras de realizar obras de infraestructura o servicios en ese lugar.

Me pregunto qu¨¦ pensar¨ªan los habitantes de las Autonom¨ªas de Cantabria (532.100 h¨¢.), La Rioja (504.500 h¨¢.) o del Pa¨ªs Vasco (723.400 h¨¢.) si de pronto llegara un extranjero a comprar todo ese territorio amparado por recursos y por la legislaci¨®n del Estado de California, y con recursos provenientes de fondos deducidos de beneficios tributarios que la ley estadounidense otorga a quienes hacen donaciones a entidades filantr¨®picas.

A fines de 1994, el Sr. Tompkins manifest¨® formalmente su inter¨¦s de crear en sus tierras un parque privado denominado Parque Pumal¨ªn, el que ser¨ªa administrado por una fundaci¨®n chilena, creada por ¨¦l. Se trataba de la Fundaci¨®n EDUCEC (educaci¨®n, ciencia y tecnolog¨ªa), en cuya presidencia nombr¨® al Obispo de Ancud, Monse?or Juan Luis Ysern y de la cual ¨¦l era Presidente Honorario y benefactor. Para estos efectos, present¨® un proyecto ante las autoridades pol¨ªticas el que posteriormente complement¨® con diversos informes t¨¦cnicos.

Su propuesta, por los motivos ya se?alados, agudiz¨® el problema con los habitantes de esas tierras y aument¨® las suspicacias de quienes ve¨ªan en sus planes una amenaza a la soberan¨ªa nacional.

Por tal motivo, y sobre la base de la voluntad de las partes, se suscribi¨® un acuerdo entre el Sr. Tompkins, su fundaci¨®n y el Gobierno de Chile representado por el Ministro Secretario General de la Presidencia. Este convenio se celebr¨® sobre la base de su intenci¨®n declarada de crear el referido parque privado y la predisposici¨®n del Gobierno de colaborar con su materializaci¨®n, siempre y cuando se resolvieran diversos temas pendientes que afectaban a la comunidad local y que se contradec¨ªan con la legislaci¨®n chilena, por lo que se exigieron modificaciones que deb¨ªan ser aprobadas por los procedimientos jur¨ªdicos correspondientes.

Sin embargo, al momento de firmarse el acuerdo sorpresivamente se desisti¨® de su compromiso firmado con el Gobierno y decidi¨® no traspasar las tierras a la Fundaci¨®n EDUCEC, a cambio de lo cual se comprometi¨® a crear otra fundaci¨®n, de nombre Bosque Pumal¨ªn, que contar¨ªa con un directorio representativo, que estar¨ªa bajo su control, y a la que se le traspasar¨ªan los terrenos del Parque Pumal¨ªn.

El Sr. Tompkins, a su vez, (o las personas jur¨ªdicas que lo representan) prestar¨ªa colaboraci¨®n al proceso de saneamiento de t¨ªtulos de los colonos, renunciando a sus eventuales derechos en favor de ellos. Adem¨¢s, deber¨ªa coordinarse con las autoridades regionales, provinciales y comunales de la zona para la ejecuci¨®n de obras de infraestructura y servicios; y deb¨ªa abstenerse de adquirir nuevas tierras de superficie significativa en las tres regiones antes mencionadas, hasta que entrara en vigencia una nueva normativa legal que regulara el estatuto jur¨ªdico de adquisici¨®n de propiedades en regiones australes.

Sin embargo, y a pesar de los compromisos reiteradamente infringidos, al finalizar mi per¨ªodo presidencial, exist¨ªa la expl¨ªcita voluntad del gobierno de colaborar con el proyecto y crear un parque privado en la X Regi¨®n, pero siempre cautelando los intereses de los colonos y ajust¨¢ndose a la ley, es decir, condicionando la existencia de este parque al cumplimiento de determinadas obligaciones que garanticen el normal desarrollo y convivencia en la Regi¨®n.

No ha habido durante el desarrollo de este proyecto, por parte de las autoridades gubernamentales, ni un solo gesto de abuso, discriminaci¨®n o rechazo a la propuesta del Sr. Tompkins.

El actual gobierno, del Presidente Ricardo Lagos, ha mantenido la misma l¨ªnea de mi administraci¨®n, buscando resolver las materias que a¨²n se encuentran pendientes y resguardando la legislaci¨®n vigente en esta materia. Es m¨¢s, todo el trabajo efectuado durante la actual administraci¨®n tendiente a crear el Parque Pumal¨ªn, ha considerado como referente indispensable el acuerdo suscrito el a?o 1997.

Sin embargo, han pasado seis a?os desde la suscripci¨®n del acuerdo y el empresario norteamericano, pese a sus m¨²ltiples promesas y declaraciones, no ha cumplido con nada de lo que se comprometi¨® a hacer.

El Sr. Tompkins, en un art¨ªculo publicado por este diario en su edici¨®n del 6 de abril de este a?o, hace referencia a su frustrado intento de comprar la estancia Huinay a la Universidad Cat¨®lica de Valpara¨ªso, terrenos que se ubican junto al Parque Pumal¨ªn y que finalmente fue adquirida en 1998 por la empresa Endesa.

Lamentablemente cae en una serie de inexactitudes. Se?ala que mi gobierno impidi¨®, presionado por el Ej¨¦rcito, que ¨¦l adquiriera esas tierras y que presionamos a Endesa para que las comprara, lo que define como un "negocio sucio".

Al respecto, quisiera se?alar que a mi gobierno no le cupo intervenci¨®n alguna en ese proceso. S¨ª debo reconocer que nos preocupaba, al igual que a varias instituciones del Estado, as¨ª como tambi¨¦n a diversos sectores de la comunidad, que esas tierras pasaran a formar parte del Parque Pumal¨ªn, pues significaba cortar el territorio nacional en dos partes y al no cumplirse los compromisos tomados por ¨¦l, el manejo de toda esta situaci¨®n quedaba hipotecado a decisiones for¨¢neas.

Adem¨¢s, debo se?alar que Endesa en conjunto con la Universidad Cat¨®lica de Valpara¨ªso formaron la Fundaci¨®n San Ignacio de Huinay, la que ha desarrollado en el Parque Huinay un importante centro de investigaci¨®n de la biodiversidad marina, el que fue inaugurado por el actual Presidente, Ricardo Lagos, y por los Duques de Lugo.

Cabe destacar que dicho proyecto, adem¨¢s de preservar 33 mil hect¨¢reas de bosque nativo, se est¨¢ realizando con la plena incorporaci¨®n de los pobladores de la zona, demostrando que las iniciativas ecol¨®gicas no son contradictorias con la presencia del ser humano.

Esto demuestra que la disposici¨®n de las autoridades chilenas, de hoy y de ayer, es incentivar proyectos de conservaci¨®n ecol¨®gica relacionados con la preservaci¨®n del bosque nativo y de la biodiversidad en general.

El Estado chileno siempre ha actuado estrictamente apegado al Estado de Derecho y a la legislaci¨®n vigente, de la misma manera en que lo hace con cualquier inversionista nacional o extranjero sin ning¨²n tipo de discriminaciones. De ello pueden dar fe los numerosos empresarios espa?oles que han invertido en mi pa¨ªs.

Eduardo Frei es ex presidente de Chile.