El Parlamento argentino da luz verde al Gobierno para revisar las tarifas p¨²blicas

La C¨¢mara de los Diputados de Argentina convirti¨® ayer en ley el proyecto que ya hab¨ªa sido aprobado por el Senado y que concede al Ejecutivo, hasta fines de 2004, el poder casi absoluto para revisar y discutir nuevas condiciones en los 61 contratos de servicios p¨²blicos a cargo de empresas privadas. La nueva normativa se ajusta en todos sus t¨¦rminos al acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y devuelve al Ejecutivo la facultad de decidir aumentos de tarifas sin someterse a las normas que regulan cada contrato.

El partido del presidente N¨¦stor Kirchner, el peronista, logr¨® reunir 87 votos contra 65 de las fuerzas de centroizquierda y algunos diputados de la derecha despu¨¦s de un debate en el que la oposici¨®n hizo duras cr¨ªticas al proyecto. Para la diputada Elisa Carri¨®, que encabeza una alianza de centroizquierda, se trata de "un claro retroceso".

El ministro de Planificaci¨®n, Julio de Vido, hab¨ªa advertido a los legisladores peronistas que no aceptar¨ªa "que se modifique ni una coma" del proyecto. Las decisiones del Ejecutivo no podr¨¢n ahora ser "limitadas o condicionadas" por los marcos regulatorios vigentes y los contratos de concesi¨®n de los respectivos servicios p¨²blicos. El diputado radical Leopoldo Moreau avis¨® de que "si no se tienen en cuenta los marcos regulatorios actuales, no hay reglas ni controles y las nuevas condiciones quedar¨¢n sujetas a los acuerdos del Ejecutivo con las empresas".

Una vez aprobadas las modificaciones a los contratos y aumentadas las tarifas, el Congreso s¨®lo dispondr¨¢ de 60 d¨ªas para aprobar o rechazar en su conjunto las correcciones. Pero en poco m¨¢s de dos meses, desde el pr¨®ximo 10 de diciembre, el peronismo contar¨¢ ya con mayor¨ªa propia en ambas c¨¢maras.

Los aumentos de entre el 7% y el 9% en los servicios de gas y electricidad, que el Ejecutivo intent¨® imponer por decreto en dos ocasiones, hab¨ªan sido suspendidos en su aplicaci¨®n por resoluciones de los jueces que admitieron los recursos presentados por los defensores del pueblo de Buenos Aires y de la Naci¨®n en representaci¨®n de las organizaciones de consumidores. El rango superior de la Ley de Emergencia Econ¨®mica, todav¨ªa vigente, imped¨ªa al Ejecutivo imponer incrementos de tarifas por decreto.

En una reuni¨®n con los senadores, el ministro De Vido asegur¨® que los aumentos en los servicios esenciales como agua, luz y gas no alcanzar¨¢n ahora a casi "un 30%" de la poblaci¨®n que se beneficia hoy de las llamadas "tarifas sociales". Un portavoz de la distribuidora el¨¦ctrica Endesa dijo que "los aumentos seguramente ser¨¢n mayores para aquellas industrias y empresas que en estos dos a?os se beneficiaron con una energ¨ªa que es hoy una de las m¨¢s baratas del mundo en t¨¦rminos comparativos".

Intereses del consumidor

El ministro de Econom¨ªa argentino, Roberto Lavagna, coincide en que las tarifas deben aumentarse, "teniendo en cuenta que debe haber una utilidad para el inversor y que tienen que quedar, adem¨¢s, fondos suficientes para nuevas inversiones, pero tambi¨¦n hay que contemplar los intereses del consumidor, esto es, mantener la calidad del servicio y atender a la capacidad de pago del usuario". Lavagna admite las cr¨ªticas de quienes recuerdan que las empresas privatizadas ganaron demasiado en la d¨¦cada pasada. "Es cierto, ganaron mucha plata, pero ese dinero ya no est¨¢, se lo llevaron y sobre eso no se puede hacer nada; lo que hay que hacer ahora es actuar para mantener el flujo de inversiones", dijo el ministro.

Los auditores contratados por el Gobierno argentino para revisar los contratos sostienen que las empresas incumplieron varias de sus obligaciones y comprobaron, adem¨¢s, que en algunos casos ganaron m¨¢s dinero que las compa?¨ªas m¨¢s importantes del pa¨ªs en los noventa, y entre dos y cuatro veces m¨¢s que otros proveedores de los mismos servicios en pa¨ªses de la regi¨®n.

Argentina fue denunciada ante el Banco Mundial. Las empresas reclaman en conjunto m¨¢s de 17.000 millones de d¨®lares y acusan al Estado por la violaci¨®n de los contratos que supuestamente se produjo en enero de 2002, cuando se derog¨® la ley que impon¨ªa la paridad uno a uno del peso con el d¨®lar desde 1991. Desde entonces cobran sus facturas en pesos y deben pagar en d¨®lares las deudas por inversiones ya realizadas o comprometidas.