El Congreso aprueba la nueva ley de Extranjer¨ªa mientras el Gobierno ya negocia el reglamento

Seg¨²n el gui¨®n previsto de antemano por el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, el pleno del Congreso aprob¨® ayer la reforma de la ley de Extranjer¨ªa, la tercera desde que manda el PP, con un apoyo del 95% de la C¨¢mara. Los partidos mayoritarios rechazaron todas las enmiendas que quedaban vivas al texto legal, que consagra el visado como el documento b¨¢sico para que un inmigrante viva legalmente en Espa?a, agiliza las expulsiones y limita la reagrupaci¨®n familiar. El texto sale adelante mientras el Gobierno negocia ya el nuevo reglamento para que entre en vigor en enero, de la mano de la nueva ley.

La reforma estaba pactada y requetepactada por el Gobierno y el PSOE, de forma que, una vez admitidas 20 enmiendas socialistas en comisi¨®n, el pasado d¨ªa 24, la ley qued¨® cerrada y vista para sentencia. El tr¨¢mite en el Congreso qued¨® cerrado inicialmente ayer sin debate, s¨®lo con la exposici¨®n de las posturas de los grupos parlamentarios y la votaci¨®n.

El PP y los socialistas rechazaron todas las enmiendas que quedaban vivas y unieron fuerzas para la votaci¨®n final del conjunto de la reforma. Resultado: 254 votos a favor, 14 en contra y la abstenci¨®n de Converg¨¨ncia i Uni¨®, que a¨²n aspira a que alguna de sus enmiendas puedan ser admitidas en el paso de la ley por el Senado. Si la C¨¢mara alta no toca el texto, ¨¦ste no tendr¨¢ que regresar al Congreso y podr¨ªa entrar en vigor, sin m¨¢s tr¨¢mites, el pr¨®ximo mes de enero.

El Gobierno pretende que esta nueva reforma se ponga en marcha a la vez que el nuevo reglamento. Para ello ya ha iniciado negociaciones con los sindicatos para elaborar la norma subsidiaria de la ley, que tendr¨¢ que ser casi totalmente nueva, entre otros motivos porque se ha quedado sin gran parte de su articulado que fue declarado ilegal por una sentencia del Tribunal Supremo. El Gobierno ha invitado a los socialistas a transmitirle sus sugerencias sobre el reglamento.

Durante el tr¨¢mite de ayer, el Grupo Mixto e Izquierda Unida se emplearon con dureza contra la reforma, que Felipe Alcaraz calific¨® como "cargada de xenofobia preventiva y muy represiva por estar basada en motivos policiales". El diputado de CiU Carles Campuzano reproch¨® al Gobierno que no haya sido capaz de admitir ninguna de sus correcciones al texto para otorgar a las comunidades aut¨®nomas una participaci¨®n en la gesti¨®n de los flujos migratorios.

Integraci¨®n social

Los socialistas, por boca de Consuelo Rum¨ª, responsable de asuntos sociales y migratorios, justific¨® el apoyo a la ley en las mejoras que ha logrado introducir y en la necesidad de asentar "la lucha contra la irregularidad, fomentar la inmigraci¨®n legal ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y apostar por la integraci¨®n social de los inmigrantes".

Rum¨ª, que insisti¨® que su partido mantiene el recurso de inconstitucionalidad contra la limitaci¨®n de derechos que contiene la ley, valor¨® el talante de di¨¢logo del Gobierno en este sentido, pero lament¨® que no hubiera descubierto antes las bondades del pacto.

Ya fuera del hemiciclo, el ministro del Interior, ?ngel Acebes -en la C¨¢mara la ley fue defendida por la popular ?ngeles Mu?oz-, subray¨® que la normativa ha recibido "el respaldo del 95% del Congreso" y explic¨® que en lo que va de a?o Espa?a ha expulsado a sus pa¨ªses a 70.000 irregulares y ha desarticulado 500 redes de tr¨¢fico de inmigrantes.

El texto aprobado ayer no contempla ninguna nueva regularizaci¨®n de inmigrantes irregulares (IU la pidi¨® para "los 600.000 irregulares que ya est¨¢n aqu¨ª") y endurece las condiciones de entrada. El visado se convierte en el documento base para vivir legalmente en Espa?a, lo que simplifica los tr¨¢mites pero tambi¨¦n pone la primera barrera a la extranjer¨ªa en los consulados espa?oles en los pa¨ªses de origen de los inmigrantes.

Adem¨¢s, limita la reagrupaci¨®n familiar, facilita el acceso policial a datos sobre los extranjeros (en compa?¨ªas de transportes y el padr¨®n municipal) y permite denunciar por competencia desleal a los empresarios que contraten a sin papeles.