Siete a?os de guerra

De los m¨²ltiples desencuentros que han tenido desde 1996 el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y el de Manuel Chaves, hay uno que es troncal y que ha condicionado las relaciones entre ambas administraciones: la guerra de la financiaci¨®n auton¨®mica, que ha cumplido ya siete a?os y cuyo final no se divisa en el horizonte.

Este litigio comenz¨® en 1996, el a?o que gan¨® el PP las elecciones generales. Los populares no contaban entonces con mayor¨ªa absoluta y pactaron con los nacionalistas catalanes de CiU un sistema para el quinquenio 1997-2001 que puso en armas a las comunidades socialistas (Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Extremadura). El sistema ten¨ªa como base la cesi¨®n de un 30% del IRPF a la comunidades aut¨®nomas con capacidad normativa, lo que introduc¨ªa el principio de corresponsabilidad fiscal.

"El Constitucional no se ha pronunciado sobre ning¨²n recurso contra los presupuestos"

La principal damnificada por el acuerdo entre el PP y CiU fue Andaluc¨ªa ya que el sistema de financiaci¨®n -el principal cap¨ªtulo de ingresos de las autonom¨ªas- se olvidaba de m¨¢s de 365.000 andaluces al tomar como referencia el padr¨®n de 1988 en vez del censo de 1996.

La Junta de Andaluc¨ªa rechaz¨® en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF), un ¨®rgano que re¨²ne al Gobierno y a las comunidades aut¨®nomas, el modelo por considerar que lesionaba claramente sus intereses ya que hab¨ªa miles de andaluces que no exist¨ªan a efectos financieros para la prestaci¨®n de servicios.

En aquel momento empez¨® una dur¨ªsima pugna entre ambas administraciones que cont¨® con cap¨ªtulos que a¨²n se encuentran en los tribunales: el 30 de enero de 1997 se celebr¨® una Comisi¨®n Mixta de Transferencias, dirigida por el hoy candidato a la presidencia del PP, Mariano Rajoy, que acab¨® como el rosario de la aurora, con descalificaciones mutuas entre ambas partes.

El Gobierno andaluz viene exigiendo desde entonces la entrega de la cinta de esta reuni¨®n para que se compruebe que el que minti¨® acerca del resultado de la cita y el que inici¨® las hostilidades fue Rajoy.

En aquella reuni¨®n, la Junta se compromet¨ªa a adherirse al sistema si el Gobierno garantizaba los 476.000 millones de pesetas (2.856 millones de euros) que el PP dijo que iba a perder Andaluc¨ªa por quedarse fuera del acuerdo. Esta cifra la dio el PP andaluz para salir del atolladero en que se ve¨ªa a diario por el n¨ªtido lema de los dirigentes del PSOE de que para el Gobierno no exist¨ªan 400.000 andaluces.

Desde ese momento, el Gobierno andaluz comenz¨® a recurrir, a?o tras a?o, los Presupuestos Generales del Estado ante el Tribunal Constitucional por la merma de recursos de la comunidad.

Este conflicto tuvo otros efectos secundarios: el Gobierno enviaba cada a?o a Andaluc¨ªa el 98% de los recursos que cre¨ªa que le correspond¨ªan y el restante 2% (la liquidaci¨®n) no lo ha pagado nunca, lo que tambi¨¦n ha supuesto la presentaci¨®n de recursos contenciosos-administrativos para exigir esta cantidad.

Hasta el momento, el Constitucional no se ha pronunciado sobre ninguno de los recursos planteados contra los presupuestos del Estado (el meollo de fondo del conflicto) y sobre los recursos para exigir la liquidaci¨®n hay dos sentencias contradictorias. La Audiencia Nacional dio la raz¨®n a la Junta en su exigencia de recibir ese pago, referente al a?o 1997, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dict¨® otra sentencia, de los presupuestos de 1998, en la que sostiene que el Gobierno no tiene por qu¨¦ pagar a Andaluc¨ªa.

En 2001, las relaciones se suavizaron al sumarse Andaluc¨ªa al sistema de financiaci¨®n del periodo 2002-2006, que recog¨ªa viejas demandas de la Junta como la creaci¨®n de una cesta de impuestos.

Ya en los ¨²ltimos meses de 2002, Junta y Gobierno dieron los primeros pasos para intentar resolver la herencia del quinquenio 1997-2001. Cuando la negociaci¨®n parec¨ªa ir por buen camino, todo salt¨® por los aires el 30 de diciembre del a?o pasado, desandando todo el camino recorrido.

La condici¨®n impuesta por el Gobierno de que la Junta retirase los recursos ante el Constitucional fue una de las causas que puso fin al acuerdo que se hab¨ªa alcanzado sobre la liquidaci¨®n, una deuda que el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, reconoci¨® que exist¨ªa y que hab¨ªa que pagar.

Los presupuestos del Estado de 2004 siguen sin dar respuesta a la liquidaci¨®n y no se vislumbra armisticio para la guerra de los siete a?os.