Vivienda: derecho social o especulaci¨®n

Al fin la problem¨¢tica de la vivienda centra el debate social y pol¨ªtico, y eso por s¨ª solo es una buena noticia. A¨²n resuenan las palabras del ministro Francisco ?lvarez-Cascos negando el problema, pero las apariencias enga?an, porque estamos lejos de tener el asunto encarrilado. As¨ª, un debate que surge como denuncia por los desmesurados precios de la vivienda se transforma en una pol¨¦mica sobre la burbuja inmobiliaria, y es l¨®gico que as¨ª sea porque no tenemos un problema, sino tres. Desde una perspectiva social, el derecho a la vivienda que reconoce la Constituci¨®n se ha vuelto inaccesible a la mayor¨ªa de trabajadores. Desde una perspectiva econ¨®mica, el producto financiero con grandes plusval¨ªas en que se ha convertido la inversi¨®n en vivienda est¨¢ sobrevalorado y puede explotar, y desde una perspectiva pol¨ªtica al PP ya le va bien que el crecimiento de la construcci¨®n camufle los desequilibrios econ¨®micos de otros sectores y le permita hacer propaganda.

En la UE, la propiedad privada de la vivienda est¨¢ limitada por su uso social. En Espa?a es una mercanc¨ªa m¨¢s

?sta es la explicaci¨®n de que el Gobierno espa?ol exprese m¨¢s preocupaci¨®n por la burbuja inmobiliaria y el riesgo de pinchazo s¨²bito que por la falta de viviendas asequibles. Para acertar en las soluciones lo importante es tener un diagn¨®stico compartido sobre las razones que nos han llevado hasta aqu¨ª, porque si se plantea, como hace la derecha y alg¨²n acompa?ante, como un problema motivado por la mayor capacidad adquisitiva de los salarios o la mayor demanda de vivienda de los inmigrantes, se acaba proponiendo una total liberalizaci¨®n del suelo, con lo que el problema no s¨®lo no se resuelve, sino que se agrava.

La receta ultraliberal no sirve, porque una vivienda no es una mercanc¨ªa m¨¢s, como un yate, es un bien destinado a satisfacer un derecho social, y porque la experiencia demuestra que la sobredemanda no viene generada por las necesidades de las familias, sino por el car¨¢cter de producto financiero refugio con altas plusval¨ªas en que se han convertido la vivienda y el suelo que la hace posible. S¨®lo as¨ª se explica que en 15 a?os el precio de la vivienda haya subido tres veces m¨¢s que los salarios; que los trabajadores deban destinar el 42% del salario -el 52% en Catalu?a- a comprar un piso; que en Espa?a se construya el 40% de las viviendas de la UE, lo que no se justifica ni por el porcentaje de nuestra poblaci¨®n, ni por la demanda de segundas residencias del resto de europeos, como dice el Gobierno. Todas estas sinrazones confluyen en un ¨²ltimo dato: entre el 25% y el 30% de las compras de vivienda no van destinadas a su uso, sino a inversi¨®n, de las familias, pero sobre todo de empresas y fondos de inversi¨®n. Las razones de tanta sinraz¨®n son diversas y complejas, pero pueden resumirse en una idea. Estamos ante las consecuencias acumuladas de dos d¨¦cadas de hiperactividad del mercado y par¨¢lisis de los poderes p¨²blicos.

El punto de partida en los a?os ochenta fue un incremento de las necesidades de j¨®venes y familias de acceder a una vivienda, y desde entonces los poderes p¨²blicos no han hecho pol¨ªticas para compensar los desequilibrios del mercado. Incluso los recursos destinados a planes de vivienda en los presupuestos estaban m¨¢s orientados a ayudar a mantener la actividad constructora en ¨¦pocas de crisis que a facilitar el acceso a una vivienda asequible. La prueba de ello es que cuando el sector de la construcci¨®n funciona, los planes p¨²blicos de vivienda se paralizan, deja de haber suelo p¨²blico, como en Catalu?a. Pero sobre todo las administraciones han olvidado el alquiler. Con los recursos destinados a planes de vivienda pasa como con las ofertas de turismo para gente mayor del Inserso: se presentan como pol¨ªticas sociales cuando su verdadero objetivo es el apoyo a sectores econ¨®micos. En unos casos, apoyo a la construcci¨®n cuando est¨¢ en crisis; en otros, a mantener abiertos los hoteles fuera de temporada. Esta falta de pol¨ªticas p¨²blicas es m¨¢s evidente cuando se contrasta con Europa. El 27% del parque de viviendas de alquiler de Estocolmo es de titularidad p¨²blica, y una cosa parecida sucede en otros pa¨ªses, como Francia. Dinamarca tiene leyes que permiten a las administraciones p¨²blicas alquilar de oficio las viviendas vac¨ªas que sus propietarios no alquilan, y eso significa que mientras que en la UE se tiene claro que la propiedad privada de la vivienda est¨¢ limitada por su uso social, en Espa?a se trata como una mercanc¨ªa m¨¢s, y la vivienda que no ha sido tratada como derecho social pasa de mercanc¨ªa a producto financiero refugio.

Las bolsas mundiales pinchan la burbuja burs¨¢til, cae en picado la rentabilidad de los productos financieros y en Espa?a todo coincide con una bajada de los tipos de inter¨¦s marcados por el Banco Central Europeo y una elevada inflaci¨®n, que nos sit¨²a como el pa¨ªs con el precio real del dinero m¨¢s bajo, cercano a cero. Las consecuencias son de momento las que conocemos: grandes flujos de dinero de todo el mundo, blanco, opaco, negro o criminal -cada vez se diferencian menos, sobre todo en los circuitos financieros-, orientados a la compra de vivienda, y la burbuja se convierte en un globo que no para de subir. S¨®lo si se comparte este diagn¨®stico es posible provocar un cambio de la situaci¨®n que pasa por la intervenci¨®n p¨²blica en el mercado con pol¨ªticas fiscales agresivas que penalicen la propiedad de la vivienda y el suelo no utilizado -no incentivando m¨¢s la demanda como hacen algunas ofertas electorales-, y destinando grandes recursos p¨²blicos y privados a potenciar la vivienda asequible de alquiler.

Joan Coscubiela es secretario general de CC OO de Catalu?a.