El fiscal insoportable

El mapa de la respuesta judicial a la corrupci¨®n en la Europa de estos a?os, entre otras lecturas, permite una muy sugestiva, bajo el prisma de la independencia de la instituci¨®n. All¨ª donde se halla garantizada en un grado estimable, la cultura de la legalidad ha terminado por brillar de forma estimulante en la experiencia jurisdiccional, a pesar de todos los pesares. En cambio, donde la tutela de ese valor presenta quiebras, ¨¦stas tienen fiel reflejo negativo en el resultado del quehacer de la jurisdicci¨®n. Y cuando las mismas son de calado, es como si el C¨®digo Penal se hubiera ido de vacaciones, en relaci¨®n con alguna relevante clase de sujetos y de conductas.

En nuestro pa¨ªs, las vicisitudes de la reacci¨®n penal frente al odioso fen¨®meno, analizadas en la clave aludida, resultan asimismo extraordinariamente elocuentes. Y lo primero que puede observarse es la existencia en ellas de un antes y un despu¨¦s... de la entrada en escena de ese fiscal ejemplar que es -no diremos que ha sido- Carlos Jim¨¦nez Villarejo.

Hay aspectos de la legalidad insoportables para los centros del poder pol¨ªtico

El ministerio p¨²blico espa?ol representa, por su dise?o, un claro exponente de contradicci¨®n, dif¨ªcilmente salvable, entre la forma del ¨®rgano y su funci¨®n constitucional. En efecto, postulado como exclusivo agente de la legalidad, con el encargo de velar por la independencia de los tribunales, est¨¢ estructurado internamente del modo m¨¢s adecuado para generar actitudes de dependencia jer¨¢rquica y de sumisi¨®n; seg¨²n una l¨ªnea que, en ¨²ltima instancia, remite al control por el Ejecutivo, en el que se inserta eficazmente el v¨¦rtice de la instituci¨®n.

Esta clase de articulaci¨®n genera como efecto fisiol¨®gico unas rutinas burocr¨¢ticas y una cultura institucional de objetiva predisposici¨®n a la integraci¨®n pol¨ªticamente subalterna en el aparato estatal. Y, por tanto, de tendencial pasividad o indiferencia frente a las conductas transgresoras que pudieran producirse dentro del mismo. Para comprobar la veracidad de esta afirmaci¨®n, si es que se estima demasiado tajante, bastar¨ªa con hacer un examen desapasionado del modus operandi del ministerio p¨²blico en la nutrida fenomenolog¨ªa de incidencias de esa ¨ªndole registradas entre nosotros en a?os todav¨ªa recientes y en otras, particularmente sintom¨¢ticas, en curso. Y preguntarse en qu¨¦ habr¨ªa quedado todo si nuestro ordenamiento no albergase esa inapreciable instituci¨®n que es la acci¨®n popular, y de no ser por el empe?o de algunos jueces de instrucci¨®n. Y, a partir de cierto momento, de no haber contado con una Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n gestionada como lo ha sido hasta ahora. La respuesta es tan simple como desalentadora: en nada, o en casi nada. Porque en relaci¨®n con las conductas posiblemente delictivas de sujetos p¨²blicos, el fiscal ha sido, por lo regular, el gran ausente. Hasta que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n inici¨® su trabajo, con el consiguiente cambio de inflexi¨®n en la materia.

Pero se impone una puntualizaci¨®n, porque es sabido que esta fiscal¨ªa no naci¨® para ser dirigida de la manera que lo ha sido. Pues no es ning¨²n secreto que, si Jim¨¦nez Villarejo ocup¨® su jefatura en el primer momento, fue merced al empe?o del entonces fiscal general del Estado, Carlos Granados, en mantener su candidatura como ¨²nica, por raz¨®n de idoneidad; frente a la insistente y reiterada solicitud, entonces biministerial, de una terna que incluyese alguna opci¨®n m¨¢s compatible con el statu quo de legalidad d¨¦bil.

De donde resulta, de forma paradigm¨¢tica, que la fuerte recuperaci¨®n de ese principio en la actuaci¨®n del ministerio p¨²blico en temas de corrupci¨®n, por encima de razones de oportunidad y de coyuntura pol¨ªtica, ha sido posible gracias a la concurrencia de dos singulares factores de independencia, en este caso de car¨¢cter personal y no org¨¢nico. Los representados por las actitudes de un at¨ªpico fiscal del Estado que -en contra de lo habitual- aqu¨ª hizo efectiva la generalmente ret¨®rica autonom¨ªa de la instituci¨®n; y la de un fiscal antico-rrupci¨®n que ha extra¨ªdo del mismo limbo de la ret¨®rica la vigencia de la acci¨®n penal frente a conductas infractoras, antes nada o escasamente perseguidas de facto, no obstante su trascendencia y su gravedad.

Pues bien, en t¨¦rminos constitucionales del mejor derecho, la ¨²nica conclusi¨®n defendible en este asunto es que la independencia del fiscal como agente de la legalidad no debe estar al albur de qui¨¦n dirija una fiscal¨ªa, sino que tendr¨ªa que ser asegurada mediante los adecuados resortes normativos y org¨¢nicos que la hicieran objetiva y regularmente cierta en todo caso.

No obstante, la decisi¨®n de hacer saltar a Jim¨¦nez Villarejo indica que se ha optado por todo lo contrario. Y se dice esto no por la calidad del sustituto, que tiene en sus manos el sentido del juicio que pueda merecer su futura actuaci¨®n; sino por el hecho mismo de la sustituci¨®n. Porque ¨¦sta evidencia que hay aspectos de la legalidad vigente que son literalmente insoportables para los centros del poder pol¨ªtico. Y el problema Jim¨¦nez Villarejo, lo que le hace tambi¨¦n a ¨¦l insoportable, es haberla tomado en serio.

La historia ejemplar de Jim¨¦nez Villarejo no empieza en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Fue perseguido durante el franquismo, parad¨®jicamente, porque encarnaba, y con el mismo coraje, id¨¦nticos valores de legalidad y democracia que ahora le exigen tambi¨¦n un alto precio. Y tuvo dificultades para ser fiscal jefe en Barcelona precisamente por la misma raz¨®n. Entonces all¨ª, como aqu¨ª ahora, dio buena prueba de una gran capacidad para combinar la inteligente direcci¨®n estrat¨¦gica y el trabajo a pie de obra con sus colaboradores. Y de su independencia.

Pero no s¨®lo. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se ha acreditado internacionalmente como una instituci¨®n de vanguardia en la necesaria respuesta legal a formas delictivas que se cuentan entre las m¨¢s peligrosas. Gracias a ella, la experiencia espa?ola -a pesar de la renuencia del Gobierno a cumplir su compromiso europeo en este punto dot¨¢ndola debidamente- se ha convertido en un aut¨¦ntico referente, orientador incluso de reformas en curso en diversos pa¨ªses en los que, como en Bruselas y en Estrasburgo, Jim¨¦nez Villarejo y sus colaboradores tienen un s¨®lido y bien ganado prestigio.

Pero Carlos Jim¨¦nez Villarejo no s¨®lo ha sido cesado como fiscal anticorrupci¨®n. Tambi¨¦n ha sufrido un severo maltrato a su dignidad. En efecto, junto al cese, lo previsto para ¨¦l era el destierro de la jurisdicci¨®n penal, con traslado a otra ¨¢rea, en la que, por supuesto -un torpe gui?o impl¨ªcito- habr¨ªa podido concluir de forma muy confortable su peripecia profesional.

La afrenta es evidente, por lo que en ese modo de proceder contra ¨¦l hay de expropiaci¨®n del leg¨ªtimo derecho a seguir desarrollando su experiencia de fiscal penalista sin m¨¢cula, y de falta de respeto al fruto de una vida de esfuerzo. Pero no s¨®lo. Desde la perspectiva institucional, en tal forma de actuar hay tambi¨¦n una suerte de malversaci¨®n de un bien p¨²blico: el representado por el activo de su capacidad de trabajo y por la calidad de ¨¦ste, rigurosamente excepcionales; cuando, como es notorio, estaba en disposici¨®n de seguir dando lo mejor de s¨ª mismo.

Lo sucedido a Carlos Jim¨¦nez Villarejo es una mala, una muy mala noticia para el Estado de derecho de nuestro pa¨ªs. Su decisi¨®n de optar por la jubilaci¨®n voluntaria, como personal respuesta a la operaci¨®n, es un gesto de dignidad de un valor incalculable. Que pone definitivamente las cosas y a cada quien en su sitio.

Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez y Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn son magistrados.