La instrucci¨®n del 'caso Prestige' se atasca por la espera de decenas de pruebas
La Abogac¨ªa del Estado y los abogados de Nunca M¨¢is se quejan de la par¨¢lisis procesal
El juez Javier Collazo, instructor del sumario del Prestige, desborda imparcialidad. Ninguna de las partes personadas en el caso est¨¢ satisfecha. La Abogac¨ªa del Estado se queja por escrito: "Buena parte de las pruebas propuestas el 27 de noviembre de 2002 y acordadas por el juez en diciembre de 2002 no se han llevado a efecto a pesar de los oficios requiriendo a los distintos sujetos a los que se refer¨ªan". Y tambi¨¦n los abogados de Nunca M¨¢is: "La instrucci¨®n se encuentra pr¨¢cticamente paralizada, y no s¨®lo por la complejidad del tema, sino por la falta de la m¨ªnima actividad procesal que ser¨ªa esperable".
Un a?o despu¨¦s de que asumiera la investigaci¨®n de la mayor cat¨¢strofe ecol¨®gica espa?ola, apenas ha avanzado en los dos frentes que mantiene abiertos como presuntos causantes del vertido: la actuaci¨®n tras el siniestro del capit¨¢n del petrolero, Apostolos Mangouras, y la respuesta (alejamiento del buque) de la Administraci¨®n, personificada en el director general de Marina Mercante, Jos¨¦ Luis L¨®pez-Sors.
El juez mantiene la imputaci¨®n sobre Mangouras y L¨®pez-Sors. Ning¨²n elemento de peso ha venido a reforzar su incriminaci¨®n desde que el juez acord¨® situarlos como rehenes de la presunta culpabilidad privada o estatal por el vertido de decenas de miles de toneladas de fuel.
El juez est¨¢ obligado, al tratarse de una causa penal, a buscar personas (no sociedades) culpables de los fallos del barco o de la Administraci¨®n. Esto choca, seg¨²n juristas personados en la causa, con la complejidad de un desastre donde se superponen distintos entramados societarios responsables de las presuntas deficiencias del buque previas al siniestro, y que, tras la petici¨®n de socorro, se complican con la entrada en escena de intereses privados de armadores, rescatadores, remolcadores y las propias actuaciones del Estado.
En esa investigaci¨®n, el juez ha bloqueado, seg¨²n la Abogac¨ªa del Estado, un centenar de pruebas que buscan las piezas del puzzle del caso Prestige. A fuerza de rechazar la petici¨®n de pruebas por considerarlas no prioritarias, el juez ha provocado la censura no s¨®lo de los personados, sino de la Audiencia Provincial de A Coru?a, que critic¨® el pasado 9 de septiembre, mediante un auto, una resoluci¨®n del juez Collazo por la que congel¨® en mayo pasado la bater¨ªa de pruebas solicitadas por la Abogac¨ªa del Estado a fines de 2002 con la siguiente respuesta: "Se llevar¨¢n a efecto si la resoluci¨®n de la instrucci¨®n as¨ª lo exige en el momento procesal oportuno". Entre tales pruebas aparcadas, figuraban elementos como el contrato de Remolcanosa (propietaria del remolcador R¨ªa de Vigo, cuya sospechosa actuaci¨®n le gener¨® un expediente de Fomento) con Smit Tak para salvar el Prestige y todas sus comunicaciones por fax o correo electr¨®nico con dicha rescatadora y con las sociedades vinculadas al armador, Universe Maritime, a quien reclamaba sus informes sobre la inspecci¨®n al petrolero en San Petersburgo en octubre de 2002 y todas sus comunicaciones con Crown Resources, propietaria de la carga y fletadora del buque. Tambi¨¦n ped¨ªa la documentaci¨®n de la empresa que calibr¨® la chapa del petrolero durante su inspecci¨®n especial en Guanz¨² 2001. La Audiencia Provincial critic¨® la decisi¨®n del juez de meter en un caj¨®n procesal tales pruebas: "No aprueba ni deniega y condiciona la admisi¨®n de lo propuesto a expectativas ciertamente indeterminadas".
Parecido listado de pruebas atascadas presenta Nunca M¨¢is: declaraci¨®n de distintas autoridades y capitanes de remolcadores, informes franceses, y toda comunicaci¨®n de Fomento. La causa,al cabo de un a?o, lejos de cobrar m¨¢s imputados, perdi¨® dos en septiembre pasado: el capit¨¢n mar¨ªtimo ?ngel del Real y el delegado del Gobierno, Arsenio Fern¨¢ndez de Mesa.
Las pruebas solicitadas no s¨®lo naufragan en lo tocante al c¨ªrculo del armador. En mayo pasado, la Abogac¨ªa del Estado requiri¨® al juez los informes realizados por la Comisi¨®n de Investigaci¨®n de Siniestros Mar¨ªtimos del Ministerio de Fomento y de la Oficina de Investigaci¨®n de Accidentes Mar¨ªtimos de Francia. No hubo respuesta.
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