La oposici¨®n en pleno renuncia a votar la reforma penal contra el 'plan Ibarretxe'
El PSOE afirma que la iniciativa "nos retrotrae a la ¨¦poca anterior a la transici¨®n"
Ni s¨ª ni no ni abstenci¨®n. La oposici¨®n en pleno se ha negado a votar la reforma del C¨®digo Penal contra el plan Ibarretxe que hoy ha sacado adelante en solitario el PP, en medio de una fenomenal bronca, con 179 votos y una abstenci¨®n. El portavoz socialista, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, ha asegurado que la reforma "nos retrotrae a la ¨¦poca anterior a la transici¨®n", cuando se usaba el derecho penal como represalia. El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, ha hablado directamente de "involuci¨®n democr¨¢tica" y, junto a su grupo, ha exhibido una pancarta con el lema "Todos a la c¨¢rcel".
L¨®pez Aguilar ha asegurado que la reforma es un atropello legal tanto en el fondo con en la forma. En el fondo, porque conculca los principios de intervenci¨®n m¨ªnima y de proporcionalidad. En la forma, porque se legisla mediante una enmienda materia reservada a ley org¨¢nica. Seg¨²n el portavoz socialista la reforma ha sido impuesta por el Consejo de ministros al grupo Popular del Senado, que la ha aceptado de forma acr¨ªtica. El PSOE ha asegurado que esta iniciativa lleva a la "berlusconizaci¨®n de la democracia" y ha ironizado sobre la posibilidad de aprobar otra ley que criminalice al presidente andaluz, Manuel Chaves, por subir las pensiones. El PP, por su parte, ha reprochado al PSOE su "deslealtad" y le ha recordado que prometi¨® en su d¨ªa "levantar un muro contra el plan Ibarretxe".
La reforma, incluida v¨ªa enmienda a la Ley Org¨¢nica de modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y del C¨®digo Penal que acompa?a a la Ley de Arbitraje, entrar¨¢ en vigor tres meses despu¨¦s de su publicaci¨®n en el BOE y podr¨ªa afectar a la consulta popular anunciada por el lehendakari para la propuesta de Estatuto Pol¨ªtico del Pa¨ªs Vasco. En el Pleno del Congreso de ayer, PSOE e IU propusieron varias enmiendas a esta reforma, pero todas fueron rechazadas por el PP sin ser siquiera debatidas. Los diputados populares justificaron su decisi¨®n, tanto en la Mesa de la C¨¢mara como en la Junta de Portavoces, alegando que el Senado tiene competencia legislativa plena.
En su escrito de reconsideraci¨®n, el Grupo Socialista ped¨ªa de nuevo a la Mesa que enviara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. Los socialistas consideraban que la C¨¢mara Baja no se pod¨ªa pronunciar sin que haya un informe del Consejo. Por su parte, IU solicitaba al ¨®rgano rector de la C¨¢mara Baja que inadmitiera las enmiendas que el PP introdujo en el Senado alegando que el procedimiento utilizado constituye un "fraude a la Constituci¨®n" al suplantar las competencias de los diputados, del Consejo de Estado y del CGPJ.
Formas "bonapartistas"
En una rueda de prensa en el Congreso, Alcaraz, arremeti¨® ayer contra la forma "bonapartista" de legislar del PP, en la que "no se respeta la divisi¨®n de poderes" establecida en la Constituci¨®n. "Estamos ante una mayor¨ªa absoluta que hace lo que le da la gana", se quej¨®.
La oposici¨®n (PSOE, IU, CiU, Entesa y PNV) ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por la forma en la que se tramit¨® la reforma en el Senado. IU, sin embargo, no considera suficiente esta iniciativa porque s¨®lo pide al Constitucional que se pronuncie sobre la forma y no sobre el fondo de la reforma. Por eso, la federaci¨®n anima y presiona a los socialistas para que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra esta iniciativa. IU no puede hacerlo sola, porque no tiene los 50 diputados necesarios. Los socialistas estudian a¨²n si acudir a esa medida extrema.
Hasta cinco a?os de c¨¢rcel
Los art¨ªculos del C¨®digo Penal que han quedado modificados con esta reforma son los 506 bis, 521 bis y 576 bis. El primero castiga con pena de c¨¢rcel de 3 a 5 a?os e inhabilitaci¨®n absoluta entre 6 y 10 a?os a "la autoridad o funcionario p¨²blico que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria" de elecciones generales, auton¨®micas, locales o consultas populares.
El 521 bis castiga con prisi¨®n de 6 meses a 1 a?o a los que "promuevan o aseguren" la realizaci¨®n del refer¨¦ndum, una vez se haya acordado su ilegalidad. El 576 bis se?ala que "la autoridad o funcionario p¨²blico que allegara fondos o bienes de naturaleza p¨²blica, subvenciones o ayudas p¨²blicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos pol¨ªticos disueltos o suspendidos por resoluci¨®n ilegal" ser¨¢ castigado con la pena de tres a cinco a?os.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
