Interior ha enviado a 10.000 subsaharianos desde Canarias a la Pen¨ªnsula en 22 meses
Fueron puestos en libertad en Madrid, M¨¢laga, Barcelona, Valencia y Murcia
El Ministerio del Interior traslad¨® en aviones a 10.000 inmigrantes irregulares desde Canarias a la Pen¨ªnsula entre enero de 2002 y el pasado octubre. Todos eran subsaharianos y hab¨ªan llegado a las islas en pateras. Fueron llevados a los centros de internamiento (CIE) de Barcelona, Valencia, Murcia, Madrid y M¨¢laga. A las pocas horas de su ingreso, quedaron en libertad con ¨®rdenes de expulsi¨®n. El expediente es imposibles de cumplir, pero les impiden trabajar legalmente. Fuentes aeroportuarias han confirmado la informaci¨®n. La Delegaci¨®n del Gobierno en Canarias, en cambio, se ha negado tanto a corroborarla como a desmentirla.
La cifra de inmigrantes trasladados desde Canarias en ese per¨ªodo de 22 meses iguala la de repatriados. La mayor¨ªa de los expulsados eran marroqu¨ªes, y fueron devueltos a su pa¨ªs v¨ªa Melilla. Tambi¨¦n fueron repatriadas, aunque en menor n¨²mero, personas de Senegal, Ghana y Nigeria. Pero mientras las cifras de expulsiones han sido aireadas por Interior, el ministerio ha guardado en secreto la de inmigrantes enviados a la Pen¨ªnsula.
Las estad¨ªsticas muestran que el n¨²mero de trasladados aumenta a?o tras a?o. En los 10 primeros meses de 2003 ya hab¨ªan sido conducidos a la Pen¨ªnsula 5.000 subsaharianos, tantos como durante todo el a?o anterior. Los CIE de Madrid y M¨¢laga recibieron a la mayor¨ªa.
Como los inmigrantes hab¨ªan cumplido en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria el plazo m¨¢ximo de 40 d¨ªas de reclusi¨®n que establece la ley para los extranjeros que entran en Espa?a de forma irregular, fueron puestos en libertad a las pocas horas, seg¨²n consta en documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PA?S. Antes les fue entregada una orden de expulsi¨®n que las autoridades son incapaces de cumplir, bien porque los subsaharianos carecen de documentaci¨®n y sus pa¨ªses se niegan a reconocerlos como nacionales, bien porque Espa?a no ha alcanzado acuerdos de repatriaci¨®n con los Gobiernos respectivos.
As¨ª, esas 10.000 personas abandonadas en las grandes capitales de la Pen¨ªnsula han pasado a engrosar el medio mill¨®n de extranjeros en situaci¨®n irregular que, seg¨²n estimaciones de sindicatos y ONG, malviven entre la explotaci¨®n laboral y el riesgo permanente de caer en la delincuencia. Muchos de ellos han formado arrabales miserables, han ocupado edificios vac¨ªos, duermen en portales, deambulan por las calles de Murcia, Almer¨ªa, Madrid, Barcelona... El problema se ha trasladado desde Canarias a la Pen¨ªnsula, pero no ha sido resuelto.
Estos desv¨ªos de indocumentados desde Canarias son la ¨²nica forma que ha encontrado el Ministerio del Interior para aliviar la presi¨®n que los sin papeles ejercen en la saturada sociedad del archipi¨¦lago. Fueron acordadas oficialmente entre el Gobierno aut¨®nomo y el anterior secretario de Estado para la Inmigraci¨®n, Ignacio Gonz¨¢lez, aunque se ven¨ªan practicando antes de forma extraoficial. Gonz¨¢lez es desde hace pocos d¨ªas vicepresidente primero del Ejecutivo aut¨®nomo de Madrid, y como tal deber¨¢ prestar asistencia social a los mismos extranjeros que orden¨® llevar a la capital desde Canarias.
La utilizaci¨®n de la presi¨®n de los sin papeles como arma electoral por los pol¨ªticos de las islas ha dado origen a numerosos brotes de car¨¢cter racista o xen¨®fobo, seg¨²n denunci¨® Amnist¨ªa Internacional el pasado mayo. Llamativas han sido las declaraciones del l¨ªder del PP en al archipi¨¦lago, Jos¨¦ Manuel Soria, que en junio de 2002 advirti¨® de que los inmigrantes irregulares pon¨ªan en peligro la "occidentalidad" de Las Palmas: "Aqu¨ª no cabe un solo inmigrante ilegal m¨¢s", escribi¨® en un art¨ªculo publicado a toda plana d¨ªas m¨¢s tarde en el peri¨®dico Canarias 7.
Al rebufo de ¨¦stas y de otras declaraciones similares, muchas de ellas firmadas por pol¨ªticos significados de Coalici¨®n Canaria, surgen actitudes como las de algunos vecinos del pueblo grancanario de Fagata, que el pasado 20 de noviembre protestaron por el entierro de varios inmigrantes ahogados en su localidad: "Este cementerio es para gente del pueblo", aleg¨® uno de ellos, Prudencio Reyes.
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