Los acusados de una multimillonaria estafa en Benidorm aceptan penas de 8 a 16 meses
El tribunal aplica un atenuante porque el delito se juzga con 16 a?os de retraso
La Audiencia de Alicante dej¨® ayer visto para sentencia uno de los casos de estafa de mayor cuant¨ªa perpetrado en Benidorm (La Marina Baixa), casi 16 a?os despu¨¦s de cometerse el delito. Los seis procesados, entre ellos el director de una sucursal bancaria, se enfrentaban a una pena global de 20 a?os de c¨¢rcel por vender unos terrenos, valorados en casi dos millones de euros, sin autorizaci¨®n del propietario. Un acuerdo abort¨® la vista oral y los imputados aceptaron una pena de ocho a 16 meses de c¨¢rcel. El tribunal apreci¨® como atenuante la dilaci¨®n del proceso
Los seis enjuiciados, entre ellos dos mujeres, urdieron la trama inmobiliaria en agosto de 1988. La estafa consisti¨® en la venta de unos terrenos, situados en primera l¨ªnea de la playa de Benidorm y valorados en 300 millones de las extintas pesetas, mientras su propietario, Ricardo Lapeyre, se encontraba en Londres ajeno a la operaci¨®n financiera.
Dos de los procesados, Francisco Coll Momp¨® y Ricardo Corona Novoa -para los que el fiscal ped¨ªa inicialmente cinco a?os de c¨¢rcel, respectivamente, y una indemnizaci¨®n de 1.775.365 euros- ofrecieron el solar al empresario de origen gallego A. R. M. ?ste declar¨® durante la instrucci¨®n del caso que actu¨® de buena fe en tanto que desconoc¨ªa que su vendedor suplantaba la identidad del aut¨¦ntico propietario.
La persona que usurp¨® la identidad del titular real es Agust¨ªn Imaz. Durante a?os ha permanecido en Francia pr¨®fugo de la justicia espa?ola. El a?o pasado regres¨® a Espa?a y un juzgado de Benidorm le notific¨® que su responsabilidad penal hab¨ªa prescrito.
El falso Lapeyre acudi¨® con un documento de identidad manipulado a nombre del aut¨¦ntico propietario a una notar¨ªa de X¨¤tiva, donde otorg¨® poderes para la operaci¨®n a Pascual Coll Momp¨®, hermano de otro de los imputados. El uno de septiembre de ese a?o, Pascual Coll hizo uso de este poder conferido y firma un contrato de compraventa con la v¨ªctima del fraude por el que recibe 150.253 euros, cantidad que Ricardo Corona ingres¨® en una cuenta del Banco de Valencia. Un mes despu¨¦s, el comprador firm¨® un contrato privado en el que se fij¨® el precio de los terrenos en 2.404.048 euros. El esc¨¢ndalo se destap¨® cuando el aut¨¦ntico propietario recibi¨® una notificaci¨®n del Ayuntamiento de Benidorm que le exig¨ªa las plusval¨ªas generadas por la venta de su terreno.
Fue entonces cuando el titular real, Ricardo Lapeyre, se traslad¨® a los terrenos de su propiedad - en la Partida Rachadell y con una extensi¨®n de 3.240 metros cuadrados- y observ¨® c¨®mo dos edificios se erig¨ªan sobre su solar. Lepyre se querell¨® inicialmente contra el comprador, denuncia que posteriormente retir¨®, cuando est¨¦ le abon¨® los m¨¢s de dos millones de euros que val¨ªa el terreno. La v¨ªctima se querell¨® contra los seis estafadores.
El fraude, uno de las mayores que se recuerdan en la capital tur¨ªstica de la Costa Blanca, iba a ser juzgado en septiembre de 2002, en Benidorm. Entonces, la vista oral qued¨® aplazada tras alegar los letrados de los acusados que los delitos que se les imputan han prescrito. El caso se traslad¨® a la Audiencia de Alicante. El fiscal imputa a los seis enjuiciados, entre ellos dos mujeres, los delitos de falsedad en documento mercantil y documento p¨²blico y otro de receptaci¨®n.
La retirada, ayer, de la acusaci¨®n particular permiti¨® un acuerdo entre las partes, extremo que abort¨® la vista oral del caso, prevista en la Secci¨®n 3? de la Audiencia de Alicante. Seg¨²n explic¨® ayer el fiscal responsable de la causa, Miguel Guti¨¦rrez, el tribunal aplic¨® la atenuante con motivo de las dilaciones indebidas, dado que los hechos se enjuiciaron 16 a?os despu¨¦s de la comisi¨®n de la estafa. De esta forma, la acusaci¨®n p¨²blica redujo de cinco a?os a un a?o y tres meses de c¨¢rcel a los principales imputados: Ricardo Corona y Pascual Momp¨®.
Para el resto de los procesados, la pena qued¨® establecida en ocho meses. Cada uno de los condenados abonar¨¢n una indemnizaci¨®n de 600 euros.
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