La oposici¨®n en pleno reh¨²sa votar la reforma penal contra el refer¨¦ndum vasco
La renuncia, de todos los grupos distintos al PP, se produce por primera vez en 25 a?os
No hay precedentes en el actual periodo democr¨¢tico. La oposici¨®n en pleno renunci¨® a votar la reforma del C¨®digo Penal, introducida en el Senado a trav¨¦s de la Ley de Arbitraje, que castiga con c¨¢rcel la convocatoria ilegal de un refer¨¦ndum y la subvenci¨®n con fondos p¨²blicos a partidos ilegalizados. Al ser una ley org¨¢nica, exig¨ªa la mayor¨ªa absoluta en el Congreso y consigui¨® el refrendo con 179 votos, todos del PP, mientras muchos diputados levantaban las manos haciendo ostensible que abdicaban de su derecho al voto, mientras coreaban frases como "manos arriba, esto es un atraco".
Faltaron a la votaci¨®n el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar; el ministro de Fomento, Francisco ?lvarez-Cascos, y dos diputados del PP, pero a este partido a¨²n le sobraron cuatro votos para superar los 176 de la mayor¨ªa absoluta.
Tampoco acudieron el l¨ªder socialista, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y algunos otros diputados de distintos grupos de la oposici¨®n, pero el marcador electr¨®nico registr¨® como ausentes a 170 diputados. La mayor¨ªa estaba en el hemiciclo, escenificando la protesta parlamentaria m¨¢s radical que ha conocido la democracia espa?ola en su etapa actual.
Diputados del PSOE, IU, CiU, PNV, Grupo Mixto e incluso Coalici¨®n Canaria, que ha apoyado al Gobierno a lo largo de la legislatura, rehusaron emplear cualquiera de las tres opciones que les ofrece el marcador -s¨ª, no o absten-ci¨®n-, primero para el texto articulado y luego en la votaci¨®n de conjunto para refrendar el car¨¢cter org¨¢nico, en la que se abstuvo el diputado socialista Celestino Su¨¢rez, con toda probabilidad por error.
Cuando la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, hizo sonar el timbre que llama a votar, los diputados de IU, puestos en pie, desplegaron una pancarta con la leyenda "Todos a la c¨¢rcel". La sostuvieron poco m¨¢s de un minuto, mientras desde los esca?os populares se oyeron gritos de "?que se vayan!" o "?qu¨¦ bochorno!".
En ese momento sonaron las primeras voces corales. La presidenta esperaba la llegada de diputados al hemiciclo y la oposici¨®n, mitad con sorna, mitad por si consegu¨ªa que las ausencias dieran al traste con la mayor¨ªa absoluta que exig¨ªa el proyecto, grit¨® "?votar! ?votar!".
Cuando Rudi anunci¨® el resultado de la votaci¨®n los populares aplaudieron y volvi¨® a sonar el orfe¨®n opositor, con una copla ins¨®lita y chirriante para los usos parlamentarios -"?manos arriba, esto es un atraco!", con acompa?amiento de fuertes palmoteos en los esca?os.
Al tratarse de enmiendas que llegaban del Senado, sin que previamente el Congreso hubiese conocido ning¨²n proyecto o proposici¨®n de ley, no hubo debate propiamente dicho sino que los portavoces de los grupos intervinieron para explicar su posici¨®n.
Los argumentos se fueron desgranando y repitiendo. Carlos Aymerich (BNG) habl¨® de "fraude al procedimiento legislativo, inadmisible, por razones de forma y de fondo". Jos¨¦ Antonio N¨²?ez, andalucista, adujo que "no se puede luchar contra te¨®ricos planteamientos anticonstitucionales [la convocatoria ilegal de un refer¨¦ndum] con m¨¦todos anticonstitucionales".
Para Joan Puigcercos (ERC) "el nacionalismo excluyente, el nacionalismo espa?ol, del cual hacen hoy gala el Partido Popular y el Gobierno, tienen en esta modificaci¨®n del C¨®digo Penal munici¨®n suficiente como para ir m¨¢s all¨¢ del mes de marzo", tras las elecciones generales.
Bego?a Lasagabaster (EA) advirti¨® que su partido "promover¨¢, facilitar¨¢ e intentar¨¢ asegurar que los ciudadanos vascos puedan decidir y expresar lo que quieran en relaci¨®n con su futuro" y lo mismo hizo M¨®nica Miquel (ICV), al recordar que en Catalu?a el nuevo Gobierno ha anunciado "una consulta popular y la haremos", y Jos¨¦ Antonio Labordeta (CHA), concluy¨® con una dosis de escepticismo ir¨®nico: "Como s¨¦ que no van a hacer caso (...) s¨®lo me queda desearles a ustedes que pasen una feliz Navidad y que el a?o que viene seamos todos m¨¢s buenos y m¨¢s justos".
Un d¨ªa triste
Luego, el canario Luis Mardones se puso serio y, en tono grave, dijo que no era un d¨ªa "grato", sino "triste", y que su grupo rechazaba "frontalmente, en forma y contenido lo que llega del Senado, pues se trata de la desnaturalizaci¨®n del legislativo".
Margarita Ur¨ªa (PNV) record¨® que la Constituci¨®n establece un procedimiento para las leyes org¨¢nicas y que "las formalidades son m¨¢s que formalidades, porque hacen referencia a la garant¨ªa de la propia tramitaci¨®n de las normas". Manel Silva (CiU) recalc¨® que "hay aspectos de procedimiento absolutamente intolerables que no se pueden asumir".
Felipe Alcaraz (IU) fue el portavoz m¨¢s aplaudido. Tres veces le interrumpieron con palmas diputados de distintos grupos de oposici¨®n, algo muy poco frecuente. Se puso taurino al denominar el procedimiento "bajonazo parlamentario". Pero en tono muy firme denunci¨® que con la reforma "se recupera el delito pol¨ªtico y se amenaza directamente a presidentes de comunidades aut¨®nomas; ?es que estamos perdiendo la cabeza?", se pregunt¨®.
En otro momento, Alcaraz argument¨® que "ante cualquier problema pol¨ªtico no se puede reinventar el C¨®digo Penal para intentar meter en la c¨¢rcel a la gente; ese es el eslogan de esta legislatura; todos a la c¨¢rcel, el que se descuida va a la c¨¢rcel".
Juan Fernando L¨®pez Aguilar (PSOE) cerr¨® el turno opositor tronando contra la reforma porque "supera cualquier imagen de la degradaci¨®n parlamentaria" y porque fue anunciada, tras un Consejo de Ministros "con el l¨¢tigo del portavoz del Gobierno, que orden¨®" al PP en el Senado que incorporase enmiendas "en un texto legislativo como la Ley de Arbitraje" y con ello, dijo, "se ha humillado al Senado de forma insoportable".
"Nunca hab¨ªamos visto una reforma del C¨®digo Penal en 10 d¨ªas que tipifica conductas y que prev¨¦ para ellas penas de tres a cinco a?os de c¨¢rcel". L¨®pez Aguilar caus¨® irritaci¨®n en los esca?os populares al preguntarse si entre los criminalizados por el Gobierno est¨¢ ya el presidente de la Generalitat de Catalu?a, Pasqual Maragall, y -por qu¨¦ no- [Manuel] Chaves, presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, que ha propuesto una reforma del Estatuto, o a cualquier presidente de comunidad socialista que se atreva a subir las pensiones no contributivas.
Para el diputado socialista, la reforma muestra que "la idea de Espa?a como naci¨®n" que tiene el PP quiere "convertir en enemigos o en antiespa?a a todos los que les lleven la contraria".
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