Los 17 diablos de la botella

Las campa?as electorales no son ciertamente la ocasi¨®n m¨¢s propicia para que los debates entre los partidos est¨¦n presididos por el rigor intelectual, la coherencia l¨®gica y la probidad moral; las expectativas irreales -por demasiado elevadas- sobre la limpieza exigible a los participantes en la carrera hacia las urnas ser¨ªan una sobrecarga para el funcionamiento de un sistema pol¨ªtico siempre alejado en la pr¨¢ctica de los ideales normativos de su teor¨ªa. Pero una cosa es renunciar a las jerem¨ªadas ingenuas sobre las suciedades menores en las luchas pac¨ªficas por el poder y otra bien distinta ignorar el peligro de que los demonios irracionales dome?ados en su d¨ªa por el consenso constitucional salgan otra vez de la botella. El irresponsable azuzamiento por el Gobierno de los temores ciudadanos a una enloquecida irrupci¨®n en escena de 17 diablos cantonales escapados del Estado de las Autonom¨ªas tal vez favorezca sus intereses electorales pero socava al r¨¦gimen democr¨¢tico; la presentaci¨®n propagand¨ªstica del PP como guardi¨¢n exclusivo del Santo Grial constitucional y del PSOE como una grave amenaza para la unidad espa?ola implica la calumniosa deslegitimaci¨®n de la oposici¨®n como alternativa capaz de sustituir en el poder al partido gobernante.

El acuerdo de los socialistas catalanes con Esquerra Republicana -un partido independentista democr¨¢tico respaldado por el 16% del electorado de su comunidad aut¨®noma- para conseguir la investidura de Pasqual Maragall como presidente de la Generalitat fue la primera pieza de cargo en ese proceso inquisitorial contra el PSOE incoado por el PP. Pero las alianzas de gobierno entre fuerzas pol¨ªticas de distinto signo ideol¨®gico son moneda corriente en todos los sistemas parlamentarios; tambi¨¦n Aznar pact¨® en 1996 con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios para ser investido presidente. Se necesitaba, as¨ª pues, arrojar m¨¢s le?a verde a la hoguera: las propuestas socialistas sobre la organizaci¨®n territorial de la Justicia y el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica han servido de combustible para avivar el fuego patriotero.

En una charla informal con periodistas durante la recepci¨®n de la Pascua Militar, el presidente del Gobierno lanz¨® la nueva consigna, que fue descendiendo en forma de cascada por la pir¨¢mide del PP hasta su ¨²ltimo escal¨®n. Aznar remed¨® -con tosquedad y sin gracia- el m¨¦todo de inferencia galopante aplicado ir¨®nicamente por Thomas de Quincey en su ensayo sobre el asesinato entendido como una de las bellas artes: las 17 agencias tributarias y los 17 tribunales supremos -independientes de la Administraci¨®n central- que los socialistas supuestamente propugnan ser¨ªan el arranque de un proceso ineluctable destinado a desembocar en la creaci¨®n de 17 seguridades sociales, 17 ej¨¦rcitos y 17 guardias civiles en todas y cada una de las comunidades aut¨®nomas. Esa estrategia para "romper el esqueleto del Estado" ser¨ªa el precio a pagar por el PSOE para dar satisfacci¨®n a sus socios de coalici¨®n si Rajoy no consiguiera la mayor¨ªa absoluta.

Las propuestas del PSOE sobre las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia y la participaci¨®n de las comunidades en la recaudaci¨®n de impuestos -propios o cedidos- tienen objetivos de car¨¢cter funcional; el necesario debate para dilucidar las ventajas y los defectos de ambas ofertas program¨¢ticas requiere conocimientos especializados jur¨ªdico-procesales y tributarios. En cualquier caso, lo ¨²nico seguro del asunto es que la versi¨®n dada por los portavoces del PP sobre la inconstitucionalidad de esas iniciativas y sobre los peligros de ruptura del marco estatal son falsas y est¨¢n dictadas por la mala fe. El punto 569 del borrador electoral del PSOE se?ala de manera expresa que el recurso de casaci¨®n continuar¨¢ residenciado en el Supremo con independencia de que las restantes instancias procesales se agoten -tal y como establece el art¨ªculo 152 de la norma fundamental- dentro del territorio de la comunidad aut¨®noma. Y tampoco la participaci¨®n de las instituciones de autogobierno en la gesti¨®n de los impuestos -abstracci¨®n hecha de su conveniencia- ser¨ªa una reforma inconstitucional ni atacar¨ªa la unidad del Estado.