Bruselas abre expediente a Espa?a por no pagar a los autores al prestar sus obras

La Comisi¨®n Europea inform¨® ayer de la apertura de procedimientos de infracci¨®n contra Espa?a, Italia, Irlanda y Portugal, al considerar que estos pa¨ªses vulneran la normativa comunitaria al permitir el pr¨¦stamo de libros, discos compactos y pel¨ªculas sin pagar o pedir la autorizaci¨®n al autor. Una directiva comunitaria de 1992 establece que los autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual tienen la exclusividad del derecho de pr¨¦stamo y pueden por tanto autorizar o prohibir el pr¨¦stamo p¨²blico de sus obras u objetos protegidos. No obstante, la norma permite a los Estados miembros establecer excepciones a esta disposici¨®n, pero si fijan a cambio un derecho de remuneraci¨®n econ¨®mica para los autores. La directiva no fija la cantidad del pago, pero s¨ª establece principios para que no sea "desorbitada", seg¨²n explic¨® el portavoz del comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein.

Tras analizar el grado de aplicaci¨®n de esta normativa en los distintos Estados miembros, la Comisi¨®n decidi¨® iniciar varios procedimientos de infracci¨®n. En los casos de Espa?a, Italia, Irlanda y Portugal, Bruselas denuncia que las legislaciones nacionales eximen a todos los establecimientos de pr¨¦stamo de la obligaci¨®n de remunerar a los titulares, lo que choca frontalmente con la normativa europea, que s¨®lo permite determinadas excepciones.

"No se trata de acabar con el pr¨¦stamo gratuito de las bibliotecas o mediatecas", dijo el portavoz. "De lo que se trata es de que estas entidades recompensen al autor como corresponde".

Adem¨¢s, la Comisi¨®n ha abierto expedientes a Luxemburgo y a Francia por no tener en vigor el conjunto de la legislaci¨®n comunitaria sobre pr¨¦stamos p¨²blicos. Y ha abierto otro expediente a Portugal, por no respetar la legislaci¨®n sobre el derecho de alquiler comercial.

Los Estados miembros afectados deber¨¢n ahora informar a la Comisi¨®n de las acciones que van a emprender para adecuar su legislaci¨®n a la normativa comunitaria. Si sus respuestas no son satisfactorias, el Ejecutivo europeo podr¨ªa denunciarles ante el Tribunal de Justicia de la UE, como ya hizo con B¨¦lgica, Estado al que la Corte conden¨® el pasado octubre por este motivo.